Si uno de los signos más relevantes del nuevo gobierno es su política de manos extendidas con los sectores empresariales, ésta se cumple a cabalidad en el componente del gabinete de puertas abiertas a los sectores productivos. Sectores que, gracias a la política exportadora enfocada en los mercados internacionales, grupos relacionados con la agroindustria, sector financiero, productos de consumo masivo, turismo, entre otros rubros, hicieron su década ganada entre 2007 y 2017.
Consecuentemente, la apertura gubernamental abrió las puertas del gabinete para recibir a nuevos ministros, provenientes del sector empresarial. Tal es el caso del ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana Sáenz, vinculado familiarmente con Isabel Noboa (Consorcio Nobis). Campana es representante de la minga agropecuaria que promueve, entre otras políticas en el sector, a los cultivos flexibles y productos básicos orientados al mercado internacional.
En el sector agricultor, la titular Otilia Cordero Ahiman, que ostenta títulos académicos e incipiente experiencia, se las tendrá que ver con las necesidades de un sector olvidado, con miles de familias que, históricamente, prefirieron migrar del campo a la ciudad por la falta de políticas efectivas que hicieran más atractivo el trabajo rural. Los retos que enfrenta la flamante académica son múltiples en aspectos relacionados con el fomento al cacao, café, balsa, caña, palma entre otros rubros agrícolas productivos que deben despuntar definitivamente.
La ex representante de la dirección de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Eva García Fabre, es la flamante Ministra de Industrias y vocera ecuatoriana en la OMC. Una profesional que cumplió destacados periodos en el BID, como consultora internacional, y políticamente relacionada con la social democracia en calidad de candidata a la vicepresidencia con Rodrigo Borja. La presión del sector industrial por la derogación de medidas adoptadas del anterior régimen en el orden arancelario, entre otras, son temas pendientes de esta cartera.
En el beligerante sector minero, Lenin Moreno puso una carta que garantice la continuidad de la política extractivista del anterior gobierno, incluida la minería en escala mayor. El ministro de Minería, Javier Felipe Córdova está encargado de un sector que marca en su agenda serios desafíos para enfrentar a una población rural que se opone -con o sin razón- a los mega proyectos mineros.
En el área de recursos naturales, otro campo minado por la frontal oposición de las nacionalidades amazónicas a la explotación de hidrocarburos, el gobierno se jugó por un peón empresarial clave, Carlos Pérez García, ex hombre de Halliburton, petrolera transnacional de comprobada experiencia en territorio nacional. La fuerte oposición por la explotación del ITT está entre sus pendientes que, conforme a la política de la revolución ciudadana, continuará sin variaciones en el Yasuní, fuente vital de recursos no renovables.
Para no ser menos, el sector del turismo cuenta con un flamante ministro empresarial, Enrique Ponce de León Roman. El titular de esa cartera fue gerente del operador turístico Decameron, empresa muy dinámica del sector que deberá compatibilizar su gestión con las políticas públicas emanadas, ahora, desde el escritorio de su ex directivo. El gran reto es impulsar un turismo en favor de las comunidades y de la defensa ambiental, capaz de hacer rentable esa actividad en sectores donde solo operan empresas consolidadas en el mercado que, obviamente, presentarán notoria competencia al turismo comunitario.
El componente empresarial del gabinete de Lenin Moreno pone en el tapete de la discusión nacional el tema de si el régimen tendrá la capacidad de gestionar, en la práctica, la anunciada política de manos abiertas hacia todos los sectores. Sin que esa decisión desemboque en un conflicto de intereses entre las aspiraciones empresariales y las políticas públicas sociales en beneficio de los más desposeídos. Si la prioridad es reactivar la economía, postergar determinados compromisos políticos, y sacar al país de la recesión reconocida oficialmente, las medidas apuntan a un Ecuador de armónica convivencia entre un capitalismo -privatista, mas no deshumanizado- y el populismo estatal proteccionista. La presencia empresarial en las esferas del poder, debería garantizar, al menos, una recíproca apertura de los inversionistas a participar en una economia mixta -en sectores estratégicos y no estratégicos- que supere el paradigma del absolutismo privatizador y del estatismo intervencionista, actuando cada cual por su lado. El país está a la expectativa de que los empresarios en el poder, no sea un fiasco de inadvertidas consecuencias.
