El fantasma del fraude recorre el país. Una palabra que se ha usado como muletilla en esta campaña electoral para deslegitimar los resultados del proceso eleccionario o con el fin de mermar la credibilidad de la autoridad pertinente. Los primeros en hablar de fraude fueron los integrantes de la lista CREO-SUMA, el mismo día 19 de febrero minutos después de que comenzara el conteo oficial de votos en las instalaciones centrales del CNE.
En las últimas horas ha circulado en el periódico digital Ecuadorinmediato una información referida a la advertencia que hace el Presidente Rafael Correa de un supuesto fraude electoral que inventaría la oposición. El mandatario, durante el informe sabatino, llamó a la “ciudadanía para estar preparada frente a la nueva estrategia de la oposición para la segunda vuelta del 2 de abril”. Esta maniobra se llama encuadre, dijo el Presidente. El mandatario denunció que la encuestadora “CEDATOS es una de las principales cómplices para el presunto fraude”. ¿Cómplice de quién? El presidente señaló que “Cedatos hace dos resultados: el verdadero y el que publica, sacó que Lasso está ganando con uno o dos puntos, si eso sacan tiene que bajarle 10 puntos a Lasso y aumentarnos 10 puntos a nosotros y ahí tendrán el resultado verdadero”. Correa concluyó en que “la oposición está preparando el encuadre para no aceptar los próximos resultados, tal como lo hicieron el pasado 19 de febrero”. Para “amortiguar la derrota se inventaron eso del fraude”. Para realizar esta maniobra “tienen falta ilimitada de escrúpulos y falta ilimitada de dinero van a inundar la patria con su billete y con sus regalitos”, dijo el mandatario,
El diccionario alude al término fraude como la acción de “engaño económico con intención de conseguir un beneficio”. Se asume que el fraude lo podría cometer quien tiene la potestad de regentar el proceso, es decir, en este caso el Consejo Nacional Electoral o algún organismo del Estado vinculado con la administración logística del procedimiento electoral. Todos los demás intentos de burlar o influir en la voluntad popular responden a una acción de propaganda de actores interesados, con propósito de crear pánico conducente al descrédito del proceso.
Ante la grave denuncia presidencial, surgen interrogantes. Si la empresa Cedatos, autorizada por el CNE, fue contratada por dos canales de televisión para difundir los resultados de un Exit Poll amañado ¿por qué esos resultados no se contradicen con el escrutinio final oficial final del 19 de febrero? ¿En que se basa el Presidente para afirmar que Cedatos es cómplice de un montaje electoral? Si el CNE, tanto como los canales Ecuavisa y Teleamazonas, dieron lugar a que Cedatos se convierta, en la práctica, en la “voz oficial” el día de las elecciones, ¿por qué no se presentan pruebas que confirmen que Cedatos manipula las cifras del Exit Poll? Si la encuestadora quiteña no representa la confianza de los televidentes ¿no debería la autoridad exigir a los canales en cuestión, que Cedatos enseñe los formularios originales con que formuló la encuesta del Exit Pool?
Ante la sospecha presidencial, el CNE como principal responsable de la transparencia del proceso electoral, debe investigar la denuncia si la empresa contratada para realizar el Exit Poll forma parte de un montaje que estaría en marcha, mediante un manejo doloso de las cifras del Exit Poll con el fin de sembrar la duda y desconocer los resultados oficiales del 2 de abril.
En el supuesto no consentido de que CEDATOS tenga capacidad de hacer fraude o ser cómplice de una denuncia infundada de fraude, significa reconocerle una “potestad” privilegiada en el proceso, por sobre las otras empresas autorizadas y/o contratadas para realizar encuestas y Exit Poll. Si la encuesta hecha a la salida del recinto electoral, acción que de algún modo confirma el resultado real expresado en las urnas, deja de ser confiable y se vuelve un mecanismo sospechoso, significa que la autoridad representada por el CNE debe suspender el uso de esa herramienta. Ante la insinuación presidencial de que Cedatos “hace dos resultados: el verdadero y el que publica”, la autoridad debió hacer cumplir el acápite de la Ley de Comunicación que exige rectificación de las informaciones falsas, en este caso, relacionadas con el resultado de las elecciones del 19 de febrero. O poner en practica el artículo 303 de la Ley Orgánica Electoral que dice: “…con la finalidad de garantizar la información veraz y seria de los estudios de las empresas que realicen pronósticos electorales, serán sancionadas con suspensión inmediata de la difusión de sus pronósticos e inhabilitación por el siguiente período electoral, las empresas que elaboran pronósticos electorales que no ciñan su trabajo a procedimientos, análisis, y presentación de la información definidos por la técnica y las ciencias sociales para este tipo de labores”. ¿Es el caso de Cedatos?
La ciudadanía tiene derecho a una información real, tratada de manera responsable y fundamentada y, al mismo tiempo, la ley faculta a cualquier persona para hacer denuncias como un mecanismo de vigilancia y control ciudadano sobre procesos en que está en juego la democracia. Uno de los peores fantasmas que puede existir, es el de la desconfianza en nuestras propias instituciones.
