Por L. Parrini
Dentro de los cuestionamientos que hace la prensa internacional en el caso Luisa González, queda pendiente de dilucidar si en el proceso Laberinto, que se juega en dos campos a la vez, prevalecerá uno sobre el otro: el judicial, que debe probar que ella sabía de dónde provenía la plata para su campaña; y, el mediático, con videos acusatorios emitidos por el Gobierno donde se le sentencia. Este campo tiene elementos más ruidosos, y puede influir en el primero. Sus elementos son escandalosos: trece horas de audiencia nocturna, un niño de 12 años esperando a su madre en casa, un padre enfermo cuyo tratamiento depende de la hija encarcelada, sesenta viajes internacionales de Luisa González, una cárcel de mínima seguridad reconocida por el municipio de Riobamba, un secretario general de la Administración Pública que enfrenta a un periodista de CNN y una audiencia donde se identifica a jueces entumecidos por el miedo. En este proceso está pendiente determinar la fecha de la apelación a las medidas preventivas de encarcelar a Luisa presentada por su defensa.
Durante las primeras horas de su detención se instaló una audiencia a las 11 y media de la noche, pero cerca de las tres de la mañana, cuando la defensa había solicitado cambiar la prisión preventiva por las medidas sustitutivas de prohibición de salir del país y de presentación cada cierto tiempo ante la autoridad, el juez tomó decisiones. Ese juez respondió que, si durante la campaña presidencial de Luisa su hijo de 12 años se quedó al cuidado de otra persona, el menor puede seguir sin su madre, estando detenida. Y cuando el abogado defensor propuso la no salida del país, el juez replicó que las fronteras del Ecuador son vulnerables, que sin control entra y sale cualquiera.
No deja de sorprender que un juez en ejercicio admita que las fronteras nacionales son un coladero, mientras el Gobierno lo niega en cada rueda de prensa con efectivos policiales rodeando al vocero oficial. Se trata de una afirmación que emite la Justicia contradiciendo al Ejecutivo, no para precautelar las fronteras sino para no dejar libre a una opositora al régimen. ¿Cuál fue, entonces, la decisión de Estado? Encarcelar a una ciudadana para evitar que escape por las fronteras permeables.
Los argumentos de la defensa enfatizan en un aspecto mucho más humano: hay un niño de 12 años esperando por su madre en casa y el padre de la detenida que se conecta a una máquina de Diálisis tres veces por semana y cuyo tratamiento depende económicamente de la hija. También hay 60 viajes de González en diez años que la Fiscalía considera excesivos, un juez que firma la prisión preventiva y luego se aparta del caso y hay también un video acusatorio del Gobierno. La Fiscalía insistió en los viajes como argumento para pedir la prisión ante riesgo de fuga. El juez acogió el argumento. Se trata de un viaje cada dos meses, es decir, no hay fuga ni riesgo de haberla. Lo que queda claro es que la desconfianza no es prueba de delito y 60 viajes tampoco.
La prensa internacional recuerda que Luisa González ha sido sometida a persecución desde hace algún tiempo, le han allanado la casa, la han acusado y amenazado, ha salido varias veces del país y ha regresado. Y ante la intimidación del ministro Reimberg que denuncia González, ella ha dicho: “Me defenderé siempre en derecho y en presencia”. Lo sorprendente es que el juez que firmó la prisión preventiva, después de hacerlo, se inhibió de seguir con el caso sin explicar porqué y la causa por sorteo pasó a otro juez especialista en crimen organizado, mientras que el juez que tomó la decisión más grave, ya no responderá por ella.
Acusaciones oficiales
El argumento de la defensa señala que no existe un solo elemento que vincule a Luisa González con la trama que plantea la Fiscalía y la trampa estaría en que la tesis fiscal se sustenta en que Luisa, por ser la candidata y la beneficiaria de la campaña, debió haber conocido de dónde salió la plata. “Debió haber conocido”, es una conjetura, no un hecho concreto. En materia penal, según los entendidos, cada persona responde por un hecho propio, la responsabilidad solidaria que es cuando uno paga por lo que hizo otro, existe en el derecho civil y en el administrativo, y no en el derecho penal. Según la defensa, a Luisa González la quieren hacer responder por lo que habrían hecho otros con la plata de su campaña. Que no supiera de dónde venía el dinero puede ser cierto, y eso la exime y exculpa de delito, pero la condena de no haber preguntado el origen de los recursos.
La decisión del juez, según la defensa, es estigmatizante y conforme el Código de la Democracia incurre en violencia política de género contra la mujer: el juez dijo que cuando ella hizo campaña presidencial el hijo se quedó al cuidado de otra persona, ahora el chico puede seguir sin ella. Eso equivale a decir que si una madre se mete en política renuncia a que su hijo la necesite. El mensaje es claro. Ninguna madre debería ser candidata sino quedarse en casa a cuidar a sus hijos. Un argumento machista, discriminatorio y obsoleto en una sociedad con participación activa de la mujer en política. Otro argumento de la defensa sostiene que el padre de Luisa tiene una enfermedad renal crónica catastrófica que necesita diálisis tres veces por semana, mientras la hija asume los gastos de tratamiento. Finalmente, en el caso Laberinto existe otra procesada, Estefanía Molina, que fue asistente de Luisa y que manejó las cuentas de la campaña. Esa mujer recibió medidas alternativas, presentarse periódicamente, no salir del país y llevar grillete electrónico porque tiene a su cuidado a un hijo enfermo que la necesita en casa. La prensa se pregunta si la frontera no es vulnerable para Molina por qué no lo es para González. Ambas viven en el mismo país con similar frontera. Al cuidado o descuido de la misma migración. Ambas mujeres debieron ser tratadas con criterio de igualdad, que mida su actuación con la misma regla y no con el prejuicio de su apellido politico.
El día del arresto de Luisa González, José Julio Neira, secretario de la Administración Pública, presentó un video que explica cómo se habría financiado la campaña de 2023 con 500 mil dólares sin justificar. La audiencia que recibe el video fue reservada, y mientras la detenida iba camino de la cárcel de Riobamba el vocero presidencial ya tenía el video subido en redes. Ese mismo funcionario compareció ante el periodista Fernando del Rincón, de CNN, quien le preguntó si eso es competencia de un gobierno, dónde está la separación de poderes, quién hizo la investigación el Gobierno o la Fiscalía y por qué se hace esto solo con la oposición.
Es evidente que el gobierno no ha hecho un video así en un caso que tocara a alguien de su propio partido, esa era la duda de la prensa internacional. El funcionario dijo que ya no existía reserva en la información, que él no se dedica a la Comunicación y que es un funcionario con 17 años de experiencia en la prevención del lavado de activos. El periodista le preguntó si el gobierno está construyendo una narrativa para encontrar culpables y Neira respondió que él no discutiría si existe o no una narrativa, el periodista le preguntó lo mismo 14 veces y quedó sin respuesta alguna.
La conclusión es que no se toma en cuenta el principio de presunción de inocencia y se condena mediáticamente a una candidata con nombre y apellido, mientras que en otras circunstancias a más de cuarenta candidatos a la legislatura se protege su nombre con un código en casos de investigación. La cuestión es que la prensa internacional necesita saber qué parte de la acusación a Luisa González la investigó la Fiscalía o la inventó el Gobierno.
Derechos Humanos bajo la lupa
El tema también interesó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Panamá, organismo que dedicó dos audiencias públicas a Ecuador, una sobre el estado de la democracia en nuestro país y la otra sobre la independencia judicial. En Riobamba Luisa González permanecía presa, mientras que en Panamá se discutía en una corte internacional si los jueces que la habían encarcelado habrían decidido con libertad.
En el país se conoció en audiencia un informe de tres organizaciones que hablan de 52 atentados directos contra jueces, fiscales y funcionarios judiciales, 31 de los cuales son víctimas mortales. Se denunció que desde el poder se instala una narrativa que tilda de afines a la delincuencia organizada a los magistrados que fallan en contra del Ejecutivo. Se habló del uso de procesos disciplinarios como represalia bajo “error inexcusable” y se dijo que las garantías de independencia son derechos ciudadanos, no privilegios personales de los jueces.,El Estado respondió que las sanciones reglamentarias son procesos reglamentados para depurar el sistema judicial de corrupción y crimen organizado.
Entre las alertas tempranas en la causa Laberinto, existe una primera alerta: la prensa señala que el vocero del Gobierno publica un video señalando la culpabilidad el mismo día de la prisión preventiva de Luisa González; segunda alerta: el juez que la dictó se aparta del caso; tercera alerta: la oposición está suspendida a un mes de las elecciones.
En el exterior el prestigio de la democracia ecuatoriana está en entredicho. La propia Luisa González publicó un mensaje -no confirmado- desde la cárcel que dice que en su detención hubo hombres encapuchados, amenazas y traslados interprovinciales, todo con el propósito de exhibir y amedrentar y que podrán vulnerar el debido proceso, pero la verdad no se encarcela. El mensaje estaba dirigido a cuatro medios internacionales. Todo esto forma parte del universo mediático, útil para una campaña, pero poco útil en una apelación judicial.
Luisa González fue sacada del Cuartel Modelo de Guayaquil y llevada en avión a Latacunga, luego un convoy de cuatro vehículos la condujo a la cárcel de Riobamba, prisión con capacidad para 75 personas, la detenida pasó del calor de la costa al frío de la sierra en pocas horas. La cárcel donde está Luisa González es el Centro de Detención Chimborazo N 3, al norte de la ciudad de Riobamba cuyo Municipio le dio un reconocimiento por sus talleres de rehabilitación, pero luego la policía requisó droga y celulares en sus celdas.
Entre sus paredes se encuentra detenida la mujer que casi logra la presidencia del Ecuador con cuatro y más millones de votos, las otras procesadas del caso terminaron en una cárcel de Quito. Un juez es sacado del juicio como efecto inhibidor, mediante sanción por error inexcusable, es también el caso de dos magistrados desvinculados mencionados en Panamá como jueces que fallaron contra lo que quería el poder. En caso de los jueces que resolverán la apelación a la medida carcelaria de González, si la dejan libre se enfrentan a medidas de destitución u otras sanciones peores. Existe un vocero que en un video ya acusó como culpable a Luisa González, existe un ministro que la amenazó y, además, una campaña electoral en que cada decisión judicial implica votos. Son cosas de un mismo sistema carcelario del país.
La ley es clara, la acusada puede esperar el juicio en casa, el video del gobierno no es prueba, el expediente disciplinario es real. Lo cierto es que la justicia termina utilizando las debilidades del propio Estado para encerrar a una ciudadana. No pierde el Estado, ni la Fiscalía ni el Gobierno, pierde el ciudadano de a pie que si un día necesita un juez que no tenga miedo a operar independientemente, no lo encontrará.
Entre las cuestiones del cuestionamiento la pregunta que se formula la prensa internacional no es sobre la inocencia de Luisa González, sino si existe o no en Ecuador un juez que se atreva a darle una medida alternativa a la ex candidata del correísmo sin poner en juego su propio puesto. La respuesta es que la justicia ecuatoriana termina utilizando las debilidades del propio Estado para encerrar a una ciudadana.



