Por L. Parrini
Una de las innegables verdades de la historia es que la ideología genera institucionalidad y que en la formación económico social concreta de un país, la institucionalidad es la concreción de las ideas, ora en leyes ora en instituciones. De lo que podemos colegir que un país ideológicamente mal formado carece de institucionalidad sólida y de una legislación sustancial que rija la convivencia social, política y económica. Ejemplos abundan en nuestras sociedades.
La ideología, en tanto idealización de la realidad, tiene dueño, nombre y apellido de clase en las ideas que predominan en una sociedad: la ideología dominante son las ideas de la clase dominante. Esto significa que sus intereses, valores y cosmovisión se imponen como la norma general o el «sentido común» de la sociedad en un momento histórico determinado. En otras palabras, las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época. Por tanto, la institucionalidad vigente responde a los intereses de clase de la clase hegemónica.
Esta verdad de las Ciencias Sociales cobra cuerpo en Ecuador: la institucionalidad dominante corresponde a la ideología dominante. Cada gobierno, en representación de intereses de grupos de poder, impone o limita instituciones que le son afines o adversas, según su conveniencia.
Prueba de ello son las medidas recientemente adoptadas por el gobierno ecuatoriano. La reducción de ministerios decretada por el presidente Daniel Noboa con el pretexto de “optimizar recursos en el sector público de Ecuador”, reabre el debate sobre el empleo público, el ahorro fiscal y la capacidad operativa del Estado ecuatoriano, mientras analistas advierten posibles efectos laborales, económicos y jurídicos.
El llamado Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo queda conformado por los ministerios de Economía y Finanzas; Agricultura, Ganadería y Pesca; y Producción. El Ministerio de Infraestructura y Tecnología integra al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Telecomunicaciones. Y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano queda conformado por los ministerios de Trabajo; Inclusión Económica y Social; y la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades.
La justificación oficial habla de “una nueva fase de reorganización administrativa que contempla la reducción del número de ministerios de 14 a 10 (…) para fortalecer la eficiencia del Estado”, cuya iniciativa es presentada como “una estrategia de modernización institucional”. No obstante, el anuncio ha generado interrogantes entre miles de servidores públicos sobre el futuro de los funcionarios en los ministerios que desaparecerán.
Reacción social
La reacción de observadores y juristas no se hace esperar. El ministerio de Hacienda, Finanzas o de Economía, como se lo denomine, en ningún lugar supone la opción de enlazarlo con otras áreas de gobierno. No obstante, en Ecuador este ministerio controla un sector de vital importancia para el desarrollo social: Agricultura. Analistas estiman que es un riesgo subordinar esta dependencia a otra, en un país en el que un tercio de la población convive en el ámbito rural y la agricultura es un renglón vital de la actividad comercial del país.
En el plano técnico, la Asociación de Abogados Laboristas del Ecuador (AALE), señala en un comunicado que “disolver el Ministerio de Trabajo no corregirá las carencias profundas. El resultado previsible es una fiscalización más precaria del cumplimento de los derechos laborales”. Se restringe la acción del Ministerio del Trabajo en un país en el que la falta de empleo es uno de los problemas más graves e irresueltos, lo que hace prever un eventual aumento de la conflictividad social en Ecuador.
No es casual que Ecuador figure entre los 10 países más adversos del mundo para las personas trabajadoras, señala el comunicado. Esta medida responde a una visión que pondera el mercado por sobre la vida, alineada con la agenda de regímenes de derecha que han debilitado la institucionalidad laboral; “liquidar un ministerio con más de un siglo de historia no es modernizar el Estado: es abandonar a quienes trabajan”, concluye el documento.
Estas medidas no contribuyen a la presunta eficiencia administrativa que persigue el régimen, por el contrario, debilitan la acción estatal en la administración de sectores claves de la vida nacional, dando lugar a un clima de caotización burocrática que solo beneficia a quienes buscan menoscabar al Estado en su obsesión por privatizar sus funciones y servicios que, por disposición constitucional y fuerza de ley, le compete en beneficio de la sociedad civil. La decisión pinta inexorablemente un panorama de subestimación del área social del Estado, congruente con una visión ideológica neoliberal propia de la concepción política del anarcocapitalismo, filosofía política radical que propone la eliminación total del aparato estatal. Aboga por una sociedad regida por la propiedad privada absoluta donde todos los servicios tradicionalmente provistos por el Estado sean gestionados por entidades privadas voluntarias, lo que supone una grave avería institucional para el país.
Las verdades caen por su peso. Una institucionalidad averiada lesiona derechos en una sociedad que pretende consolidar su convivencia democrática.
