Por L. Parrini
La guerra es así, ceguera y sordera cruel ante los derechos y errores como bombas que caen donde no deben caer y hay quienes mueren que no debieron morir. ¿Y qué puede hacer el derecho internacional cuando es una de las primeras víctimas que mueren junto con la verdad?
La guerra, que es la política por otros medios, desconoce los derechos de las personas cuando prima la deshumanizacion en los conflictos humanos, sea por imperiales intereses geopolíticos, intransigentes fundamentalismos ideológicos o desmesurada avaricia económica de los Estados y sus líderes de turno.
El derecho internacional es el conjunto de normas, tratados, costumbres y principios que regulan las relaciones entre los Estados soberanos y otros actores como organizaciones internacionales. Su objetivo es preservar la paz, la cooperación, el comercio y proteger los derechos humanos, bajo situaciones de alta tensión geopolítica.
La guerra imperialista que libran Estados Unidos e Israel en contra de la República Islámica de Irán, resquebraja el derecho internacional debilitando todas las normas destinadas a limitar las acciones bélicas, conflicto que ha provocado más de un millar de muertos en las primeras horas de escaramuzas militares.
La Organización de las Naciones Unidas, ONU, que se jacta de haber logrado, en teoría, el desarrollo de un corpus de derecho internacional fundamental, tanto para la promoción del desarrollo económico y social, como para la paz y seguridad mundiales, en la práctica resulta ineficaz para prevenir contener y solucionar los conflictos internacionales por la vía diplomática.
Legitimidad del conflicto
La gran pregunta que nos hacemos: ¿fue legal el ataque estadounidense-israelí contra Irán según el derecho internacional? La repuesta se la encuentra en la condena de Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, a la actual ofensiva contra Irán lanzada por EE.UU e Israel. En su versión citó la prohibición de la Carta de las Naciones Unidas de utilizar la fuerza contra otro país y dijo que los ataques eran “una grave amenaza para la paz y la seguridad internacional”.
Sumada a esta retórica diplomática a la que nos tiene acostumbrados el organismo transnacional, la directora del Proyecto de Litigios Estratégicos del Atlantic Council, abogada Gissou Nia, especializada en derechos humanos, señaló que “estamos ante un ataque contra Irán que, obviamente, no es legal según el derecho internacional ni según las propias leyes de Estados Unidos sobre cómo se entra en guerra”. No obstante, la declaración añade, “el sistema jurídico internacional tampoco ha logrado reparar a los 92 millones de iraníes, muchos de los cuales han sufrido violaciones del derecho internacional y crímenes cometidos contra ellos por el régimen iraní durante 47 años”, según trascendió en versión informativa de la DW.
A la luz de la veracidad de los hechos, no es la primera vez que se cuestiona la legalidad de las operaciones militares llevadas a cabo por Estados Unidos. Contrariamente a guerras anteriores, como la invasión a Irak en 2023, hoy el Gobierno estadounidense no está interesado en convencer al mundo de que actúa en conformidad con el derecho internacional. Donald Trump lo dejó claro: “No necesito del derecho internacional”, declaró en entrevista al New York Times a comienzos de este año.
Consecuentemente, ¿pueden Estados Unidos e Israel argumentar legítima defensa para justificar su ataque contra Irán? Las autoridades de ambos países arguyen que estaban actuando “contra las amenazas iraníes”, en particular el peligro de que Irán fabrique y utilice armas atómicas. Sin embargo, expertos internacionales plantean que no está claro si esas amenazas eran suficientemente acuciantes como para cumplir las estrictas normas de la ONU en materia de legítima defensa.
Conforme el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, un Estado solo puede recurrir a la fuerza en legítima defensa tras un ataque armado. El derecho internacional permite el uso de la fuerza contra una “amenaza inminente”, declaración por demás controvertida.
No obstante, la retórica política iraní ha repetido innumerables veces su decisión de destruir a Israel y eliminar físicamente a Trump, pero los expertos señalan que la retórica hostil por sí sola no hace que el uso preventivo de la fuerza sea legal. Funcionarios estadounidenses declararon en los prolegómenos del ataque militar último que Irán estaba a solo una semana de producir material para fabricar bombas de grado industrial. Indicativo que contradice lo dicho anteriormente por Trump, tras el bombardeo de Irán en 2025, cuando afirmó que las instalaciones nucleares de ese país habían sido destruidas.
Los cuestionamientos sobre la legalidad de las acciones continúan: ¿Fue el asesinato del ayatolá Jamenei una acción legal?
Para el derecho internacional el crimen de un jefe de Estado enemigo es muy controvertido: la norma señala que los combatientes pueden ser blanco de ataques en tiempo de guerra, pero el homicidio intencional de líderes políticos se considera ilegal, especialmente cuando la agresión en sí no estaba justificada por la Carta de las Naciones Unidas. Este principio convierte la muerte de Alí Jamenei, y los ataques conjuntos de EE.UU e Israel en una de las acciones más controvertidas desde el punto de vista legal del conflicto hasta la fecha. En contraste, expertos en derechos humanos señalan que la muerte de Jamenei constituye el fin del responsable de cientos de miles de muertes de iraníes a lo largo de los años. Y, en particular de la masacre que tuvo lugar en Irán el 8 y 9 de enero de 2026, que es uno de los más graves exterminios masivos en un solo día en la historia contemporánea.
En los Estados Unidos las leyes sobre prohibición de asesinatos son claras en prohibir la participación de ciudadanos estadounidenses en crímenes. Esta prohibición data de 1976 en una orden ejecutiva firmada por el presidente Gerald Ford, la cual establece que “ninguna persona empleada por el Gobierno de los Estados Unidos, o que actúe en su nombre, participará o conspirará para participar en un asesinato”. Más allá de este precepto legal, Estados Unidos ha vulnerado gradualmente esta prohibición, bajo el argumento de que “las acciones emprendidas en defensa propia no violaban dicha prohibición”. En la práctica, el crimen de un líder extranjero mediante ataques contra infraestructuras o complejos de mando y control ya no se considera un asesinato.
La cuestión de fondo que se plantean los expertos es: “Esta guerra es otra señal de que el derecho internacional se está debilitando?
Los propios expertos señalan que el conflicto puede suponer un punto de inflexión, o cambio de tendencia. En la medida de que los Estados que deciden la geopolítica mundial recurren cada vez más a los ataques unilaterales y a amplias alegaciones de legítima defensa, las normas destinadas a prevenir la guerra podrían estar erosionándose. Prueba de ello es que asistimos a una forma deshumanizada de intervenciones extranjeras, sin ninguna preocupación particular por las restituciones legales nacionales o internacionales.
El Gobierno de los Estados Unidos, cuando ha llevado a cabo ataques u operaciones militares, no ha mostrado un interés especial en justificar su conducta mediante normas del derecho internacional, no obstante la escalada de asesinatos perpetrados en la política internacional de Washington.
Evidencia clara de que la geopolítica imperialista prevalece reñida con toda forma de derechos de la humanidad.
