Las artistas, los artistas, las gestoras y gestores culturales, las trabajadoras y trabajadores del arte, así como las intelectuales y los intelectuales del país, manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente al proyecto de ley que pretende limitar y disminuir la inversión de los gobiernos autónomos descentralizados en actividades artísticas y culturales.
Esta iniciativa no es un simple ajuste administrativo ni una medida de “eficiencia” presupuestaria.Responde a una concepción reducida y regresiva del desarrollo, que desconoce el marco constitucional vigente y debilita derechos conquistados por la sociedad ecuatoriana. La Constitución de 2008 reconoce a la cultura como un derecho fundamental y como un componente estructural del Buen Vivir, inseparable del desarrollo humano, social y territorial.
El proyecto de ley instala un falso dilema entre cultura e infraestructura, como si el desarrollo pudiera reducirse a obras físicas y cemento, ignorando que las prácticas culturales fortalecen la cohesión social, la memoria colectiva, la identidad de los territorios y la participación ciudadana. Allí donde hay cultura hay comunidad; allí donde se debilita la cultura, se profundizan la fragmentación, la exclusión y la violencia simbólica.
La inversión cultural no es un gasto superfluo. Es una inversión estratégica que dinamiza economías locales, genera empleo digno, fortalece las industrias creativas, impulsa el turismo cultural y sostiene procesos educativos y sociales de largo aliento. Limitarla es afectar directamente a miles de trabajadoras y trabajadores de la cultura, especialmente en los territorios más vulnerables.
Responsabilizar a los municipios por problemas puntuales en la gestión cultural es injusto y engañoso. Las dificultades existentes responden, en gran medida, al debilitamiento sostenido de la institucionalidad cultural del Estado, a la falta de políticas públicas integrales y a la reducción sistemática del financiamiento nacional en cultura. La solución no puede ser el recorte ni la prohibición, sino el fortalecimiento de la rectoría pública, la planificación participativa y el respeto a la diversidad territorial.
Desde una perspectiva constitucional y de derechos humanos, esta propuesta es regresiva: profundiza las desigualdades entre territorios, restringe el acceso equitativo a la cultura y debilita el tejido democrático. Defender la inversión cultural es defender la descentralización, la autonomía local y el derecho de las comunidades a crear, expresar y compartir sus propias formas de vida y pensamiento.
Exigimos el retiro de cualquier iniciativa que limite la inversión pública en cultura y demandamos la construcción de una política cultural sólida, con institucionalidad fuerte, financiamiento suficiente, criterios técnicos claros y sensibilidad territorial. El desarrollo no puede medirse únicamente en cifras ni en obras, sino en la capacidad de una sociedad para garantizar dignidad, memoria, creatividad y futuro.
Defender la cultura es defender la democracia. Defender la cultura es defender el derecho a un desarrollo justo, inclusivo y sostenible.
Abdón Ubidia, escritor.
Adrián de la Torre, musicólogo.
Alexis Ponce, defensor de derechos humanos.
Andrés Troya, ingeniero.
Antonio Correa Losada, escritor.
Carlos Laramurillo, artista.
Carlos Villarreal, teatrista, psicólogo.
Carol Murillo, socióloga.
Diego Carrasco, escritor, dramaturgo.
Eduardo Puente, escritor, bibliotecario.
Efigenia Witt, abogada.
Enrique Estuardo Álvarez, artista.
Erika Sylva Charvet, socióloga.
Felipe Vega de la Cuadra, escritor, psicólogo.
Germán Castillo, defensor de derechos sexuales.
Ilonka Vargas, teatrista.
Irina Mora, especialista en recursos humanos.
Iván Morales S., director de teatro.
Javier Villacís, escritor.
Jorge Oviedo Rueda, sociólogo.
Jesús Cobo, escultor.
Kintto Lucas, escritor y periodista.
Klever Sosa, gestor cultural.
Lucrecia Maldonado, escritora.
Luis Zúñiga, escritor.
María Fernanda Andrade, sicóloga.
María Luisa González, maestra de la danza.
Mario Maldonado, cantautor.
Miguel Mora Witt, músico, antropólogo, gestor cultural.
Miguel Ruiz Acosta, docente universitario.
Mikelle Almeida, artista.
Patricio Vallejo Aristizábal, director de teatro, académico.
Pablo de la Vega, defensor de derechos humanos.
Pablo Salgado, comunicador.
Paul Trujillo, artista, comunicador.
Pavel Égüez, artista.
Pilar Bustos, artista.
Ramiro Mantilla Valencia, escritor, gestor cultural.
Santiago Rivadeneira, crítico de arte.
Silvia Vera Viteri, escritora.
Susana Peñafiel Acosta, defensora de derechos humanos.
Siguen más adhesiones…
