Por L. Parrini
No hay expresión más clara de poder desenfrenado que secuestrar a un presidente en funciones de su capital en plena madrugada. En esos términos refiere CNN la noticia que demuestra que Trump ha actuado de manera temeraria para lograr propósitos de su política internacional, con total desapego al derecho internacional y consideración por las consecuencias.
La operación militar extrema realizada con violencia en Caracas por las fuerzas especiales estadounidenses, fue calificada de “brillante” por Trump, sin importar las reacciones internacionales. El régimen norteamericano había puesto precio a la cabeza de Maduro por un valor de 50 millones de dólares de recompensa, por considerarlo un objetivo policial militar como supuesto jefe de un cartel de narcotráfico. Nicolás Maduro ha sido imputado por “conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos”.
La excepción es que Nicolás Maduro es un jefe de Estado de un país puesto en la mira estadounidense con varios objetivos de carácter económicos vinculados a la explotación del petróleo venezolano. No obstante, la acción militar que condujo a la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores, tiene un trasfondo político que contradice elementales normas de convivencia internacional y respeto a la autonomía de los países. El objetivo militar siempre fue ideológico en su concepción y económico en su ejecución, contra un régimen venezolano considerado “autocrático y represivo”.
La comunidad internacional exige explicaciones al régimen de Trump por la ejecución de un plan que nunca demostró pruebas sólidas que fundamentaran las acusaciones imputadas a Maduro y, que hoy, tiene todos los visos de una ejecución unilateral y arbitraria de una potencia amparada en la fuerza de su poderío militar. Países como Irán y Rusia han condenado la agresión a Venezuela bajo pretextos insostenibles, igual reacción tuvo Chile, cuyo presidente ha pedido una salida a la crisis mediante el diálogo y sin violencia. Por su parte, México ha denunciado el ataque unilateral y Colombia ha activado un plan de defensa fronterizo. Argentina, bajo el régimen de Milei, celebró el ataque.
El gobierno venezolano emitió una declaración oficial denunciando la «gravísima agresión militar» que fuerzas de Estados Unidos perpetraron en contra del territorio venezolano y el pueblo en instalaciones castrenses y civiles del país. También acusó a Estados Unidos de amenazar la paz y la estabilidad internacional y describió el ataque como un intento de «apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales». Aseguró, además, que se reserva «el derecho a la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia».
Según observadores, la captura de Maduro a manos de las Fuerzas Especiales Delta, constituye una demostración de las ambiciones más amplias de Washington por ejercer un mayor control sobre sus países vecinos, en lo que han denominado una Doctrina Monroe actualizada.
Acerca de lo que viene después, no está claro. El derrocamiento de Maduro no tiene un sucesor inmediato dispuesto a asumir el mismo riesgo de secuestro. Además, no se puede saber qué nivel de rechazo anti estadounidense provocará en el mundo la acción de su gobierno. Si bien la acción exitosa de captura de Maduro es un triunfo de Trump, no deja de ser peor el caos o el colapso posterior del sistema venezolano que sería una derrota en cascada para las ambiciones norteamericanas.
