Por L. Parrini
Chile no solo tiene una loca geografía, ubicado en una cornisa andina bajo la cordillera más alta del continente, al borde del océano más profundo del planeta en el cinturón telúrico del mundo. También tiene una historia estrafalaria en la que tienen lugar revoluciones por voluntad popular y, con ese mismo brío, involuciones hacia el fascismo.
Todo aquello que nos habla la reflexión de Benjamin Subercaseaux, que explora la forma única de Chile largo y angosto, su diversidad de paisajes, desierto, cordillera, océanos, hielos y su peculiar identidad nacional, en una mezcla de lo geográfico con lo humano y cultural, revelando las contradicciones de su historia, a través de una mirada crítica y metafísica. Visión que nada oculta de un país geográfico ni el carácter indolente y apático de su gente, conque según Gabriela Mistral: «Los contadores de patrias cumplen de veras un acto de amor: el amor antiguo y el medieval que iban del encantamiento al furor en un ejercicio pendular”.
Ese mismo vaivén con el que Chile decide su destino inmediato, una realidad que revela -como consigna la crónica -, que detrás de la verdad oficial se esconden miles de realidades. Al otro lado de la fachada aparece el patio trasero, con las manipulaciones y las distorsiones que el discurso oficial ha querido borrar a través del olvido. Esa realidad nos entrega la imagen de un país extraviado y falto de compromiso con lo humano. Nos enrostran el doble discurso, la hipocresía, la retórica y el desfase entre lo que se proclama y lo que se hace.
Con esos sentimientos contradictorios, Chile ha elegido el pasado. Y lo hace en pleno siglo XXI en el contexto regional de una regresión histórica hacia el fascismo que, al menos, en esta y la próxima generación no tiene vuelta atrás. El pueblo chileno, país mediatizado por una clase media utilitaria, a ratos políticamente irreflexiva, decide votar a la extrema derecha que llega al gobierno con incertidumbre por intolerancia, autoritarismo y limitaciones de derechos.
No obstante, en la derrota la candidata de la coalición “Unidad por Chile”, Jeannette Jara, tras conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial 2025, en la que obtuvo el 41, 8% de los votos y en la que resultó ganador el candidato republicano José Antonio Kast, manifestó que “hoy no hay espacio para el desánimo porque hay una tarea que continúa, con esperanza a defender la dignidad y los derechos”. Con esa misma voluntad expresó: “No pueden ponerse en riesgo las conquistas alcanzadas por los chilenos y chilenas, como el aumento de las pensiones, la gratuidad, las 40 horas, el copago cero, los derechos de las mujeres, la libertad para amar y decidir. Todo eso debe cuidarse, siempre, nos ha costado mucho y no podemos retroceder”, advirtió. Asimismo, indicó que el camino de la unidad es el único que vale la pena. “Construimos una alianza amplia, histórica. Tenemos una fuerza política, social y cultural que debemos cuidar, consolidar y hacer crecer. Tenemos que saber levantarnos».
Futuro incierto
La prensa progresista hace un balance del resultado electoral en Chile consignando que “se abre un período de emergencia para el país, con propuestas que apuntan a reducir el gasto social, limitar derechos laborales, restringir avances en derechos de las mujeres y aplicar medidas autoritarias».
El candidato electo, Antonio Kast, es un abogado de 59 años, dirigente del Partido Republicano de ultraderecha, reivindicador de la dictadura civil-militar pinochetista y parte de la extrema derecha internacional teniendo de aliados a mandatarios como Donald Trump y Javier Milei. La revelación de que el padre del candidato presidencial chileno -Michael Kast- perteneció como militante al partido nazi alemán agrega hoy un elemento más de tensión al clima politico chileno.
Kast tratará de instalar un “gobierno de emergencia”, que priorizará parar la migración, combatir la delincuencia y lograr crecimiento económico. En su discurso, luego de los comicios, hizo un llamado a las y los comunistas “a portarse bien”, lo que fue interpretado como gesto adelantado de intolerancia y retorno del relato dictatorial de persecución a la izquierda.
Se inician tiempos difíciles y aciagos para las chilenas y los chilenos. Con la llegada de un representante de la extrema derecha al gobierno a partir de marzo próximo, se abrirá un período de intolerancia, autoritarismo, inestabilidad e incertidumbre. Todas y todos los que votaron por él, en todos los ámbitos, tendrán que asumir su responsabilidad de meter a Chile en serios problemas, editorializa diario El Siglo.
Un diagnóstico nada irreal puesto que no es difícil colegir que, en un país austral polarizado, con graves necesidades sociales irresueltas, con inestabilidad política y urgencias económicas, se verán, por desgracia, las afectaciones a los derechos de la ciudadanía y los beneficios a las élites empresariales y financieras. Se constatarán -según el mismo editorial- las afectaciones a las y los trabajadores, a las mujeres, los jóvenes y los indígenas; se evidenciarán los retrocesos en derechos humanos y avanzará el negacionismo; se abrirán puertas a la represión, la fuerza desmedida y quién sabe qué operaciones policiales y militares; se verán retrocesos en derechos, y limitaciones a la cultura, el derecho a la información y seguramente el nuevo gobierno se plegará a las políticas injerencistas y guerreristas del trumpismo y sus aliados.
En Chile no hay medias tintas. El nuevo mandatario es reivindicador de la dictadura, se vanaglorió de que el dictador de estar vivo habría votado por él, puso en duda los crímenes de lesa humanidad cometidos por violadores de los derechos humanos y podría indultarlos, anunció que quitará impuestos a los grandes empresarios, los consorcios financieros y las ganancias del gran capital, fortalecerá las AFP y las Isapres, intentará gobernar por decreto y saltarse al Congreso, querrá bajar los pagos de indemnización por años de servicio y mantener el IVA a alimentos y medicinas.
La prensa chilena advierte que no es sorprendente que el nuevo gobierno “utilice a Carabineros e incluso a las Fuerzas Armada para reprimir al movimiento social, a la sociedad civil y enfatice la criminalización de las expresiones populares. Es probable que las medidas económicas y de políticas públicas que tome el próximo gobierno, reduciendo el gasto social como se anunció, lleve a movilizaciones sociales que serán reprimidas».
En el país de Neruda se abre un capítulo violento, en el que se vivirán buenos tiempos para el anticomunismo. Se abre un capítulo en el país donde la defensa y promoción de los derechos sociales, de la democracia, de la paz social, de las reivindicaciones del pueblo, del apoyo a los sectores populares, donde la oposición al autoritarismo, la represión y la desigualdad, serán tareas de primer orden que la izquierda política llama a los chilenos a materializar con “organización, conciencia, movilización, creatividad, compromiso y alegría”. Es, en los hechos, una señal de alarma, un llamado de auxilio institucional ante lo que considera un riesgo real de retroceso democrático en Chile.
Seis ejes del retroceso en Chile
Una declaración suscrita por organizaciones como Horizonte Ciudadano, Rumbo Colectivo, Chile 21, Nodo XXI, el Instituto Igualdad, el ICAL, La Casa Común y la Fundación por la Democracia, entre otras- advierte que la candidatura de José Antonio Kast no representa simplemente una opción política distinta, sino una amenaza estructural al funcionamiento del Estado, a los derechos humanos y a los equilibrios democráticos construidos con dificultad desde 1990.
El primer eje apunta al rol del Estado y las políticas públicas. La declaración subraya el carácter improvisado y riesgoso de propuestas como el recorte abrupto de 6.000 millones de dólares en gasto fiscal en apenas 18 meses, sin evaluación técnica ni explicación de impactos.
El segundo punto aborda el discurso de odio y la desinformación. No es una crítica retórica: se señala que el lenguaje utilizado por Kast y su entorno -al calificar a adversarios como “parásitos”, “enemigos” o “fracasados”- contribuye a normalizar la exclusión, la polarización extrema y la justificación de medidas excepcionales.
El tercer eje se centra en los derechos civiles, sexuales y reproductivos. La declaración recuerda que sectores del Partido Republicano han planteado abiertamente retrocesos en derechos de las mujeres, diversidades y minorías, cuestionando la ley de aborto en tres causales y el matrimonio igualitario.
El cuarto punto es especialmente sensible: la memoria histórica y los derechos humanos. La ambigüedad -o derechamente la relativización- frente a las violaciones cometidas durante la dictadura pinochetista, sumada a la disposición a indultar a criminales condenados, constituye para los firmantes una señal de alerta mayor. En quinto lugar, el documento advierte sobre riesgos macroeconómicos, socioambientales y de gobernanza ambiental. La combinación de desregulación, rebajas tributarias regresivas y debilitamiento institucional amenaza la estabilidad económica y la capacidad del Estado para enfrentar desafíos estratégicos como el cambio climático.
Finalmente, la sexta línea roja apunta al alineamiento internacional. El texto denuncia la cercanía de Kast con la ultraderecha global -desde Vox hasta Trump, Milei o Netanyahu- y su desconfianza hacia el multilateralismo. Un eventual repliegue de Chile de espacios como la ONU, la OEA o los tratados internacionales no solo aislaría al país, sino que eliminaría contrapesos externos fundamentales frente a derivas autoritarias.
Leída en conjunto, la declaración no exagera ni dramatiza: constata. Y esa constatación registra un retroceso de Chile a un pasado que se creía superado: el fascismo. No se trata de si se le puede llamar fascista al nuevo gobierno de Antonio Kast en sentido estricto, sino de si debemos reconocer en su proyecto una deriva autoritaria que emplea mecanismos y símbolos propios del fascismo. Esa pregunta no es un ejercicio semántico: es una alerta democrática. Porque el fascismo no siempre llega con botas; a veces llega con votos.
