Por L. Parrini
¿Qué se juega en la Consulta Popular del 16 de noviembre, cuál es la verdadera interrogante al país? La respuesta tiene relación con una afirmación latente en la actualidad: qué sucede cuando el poder descubre en teoría y confirma en la práctica, que los mecanismos inherentes a la democracia son el mejor instrumento para destruirla e instaurar el autoritarismo.
La Consulta Popular se va convirtiendo en el símbolo de la lucha por la verdad, en tanto, la Constituyente es el producto de la correlación de fuerzas en lucha por el poder. No refleja consenso sino imposición de una mayoría que, no por serlo, ostenta la razón sino la fuerza.
En la campaña iniciada este fin de semana se está construyendo un relato, no una consulta que se resume en un par de afirmaciones oficiales: la Constitución del 2008 fue hecha a la medida del correismo, por tanto, la nueva voluntad política debe ser convertida en suprema ley constitucional a la medida de los sectores que hoy detentan el poder. Un poder que cambia de manos, lo cual supone nuevas reglas del juego político.
La nueva Constitución que expresa la nueva correlación de fuerzas no refleja como se concibe al país, sino como se concibe el poder para gobernar el país. Y con ello, qué deberes y qué derechos entran en vigencia a partir de la nueva disposición constitucional. Entonces cobra sentido aquel sospechoso término de reinventarnos, en este caso, el país. Se convierte así la Constituyente en una retaliación política con tintes de ejercicio democrático.
La verdadera interrogante que vamos a responder en la Consulta Popular es: Queremos un país democrático, incluyente y socialmente justo o, contrariamente, restaurar rancios privilegios de clase, fundamentados en exclusión social, racismo y represión política.
Un país que se debate entre la esperanza y el agotamiento, entre la evocación de una democracia ausente y el miedo presente que infunde el autoritarismo disfrazado de autoridad. Un país que nos obliga a medir el costo de hablar con valentía como ciudadanos indispuestos a perder nuestros derechos, de proclamar un periodismo sin temor ni favor.
Lo que comenzó como una búsqueda cívica por profundizar la democracia termina convertida en una radiografía moral de un Estado que lleva tiempo debatiéndose entre la verdad y la versión del poder. La democracia no solo se pelea en las instancias del Estado, también se pelea en las calles y en la conciencia colectiva. Cada protesta, cada detenido, muerto o perseguido revela el modo con que el poder se nutre de miedo y de represión.
La narrativa que busca justificar una nueva Constitución nos acerca cada día más al escepticismo. En la tramoya del proceso se hacen esfuerzos por ocultar los detalles de un espectáculo cuidadosamente montado, tras una cortina de humo para distraer al pueblo, en tanto, los verdaderos interesados en cambiar la lógica del poder incuban nuevas dinámicas en beneficio propio.
En esto radica la paradoja del Ecuador, cada lid política se convierte en la batalla de versiones de una guerra mediática donde lo primero que muere es la verdad, sepultada bajo la manipulación oficial. En los extremos, dos realidades: en un lado, un pueblo llamado a defender sus derechos contemplados en la Constitución vigente, en el otro, una estructura política que intenta sobrevivir al derrumbe de su propio relato.
El proceso de Consulta Popular ha puesto a prueba la transparencia de la democracia, la versión de los medios y la paciencia de la gente porque cuando el descontento demora, el pueblo se adapta a la represión y cuando ésta se normaliza, la dictadura se vuelve parte del paisaje.
Habría que preguntarse cuánto cree la gente en la democracia que tenemos, fallida, incompleta y fraudulenta. El ciudadano común ya no cree en la democracia, cree en las imposiciones, ya no espera normas espera titulares, hemos dejado de confiar en las instituciones porque cada proceso político termina pareciendo un montaje teatral donde los roles de héroes y villanos se intercambian según el público.
La Consulta se ha convertido en una pregunta que el país no sabe responder: Qué país queremos. El poder mal administrado no solo roba derechos, también roba esperanzas. Y evidencia que el miedo, cuando se oficializa, se convierte en la herramienta más eficaz para gobernar. La verdadera interrogante de la Consulta al país es si la capacidad del poder es suficiente para reivindicarse a sí mismo y recuperar de ese modo la confianza popular.
