Por L. Parrini
Comenzó la campaña electoral por la Consulta Popular y Referendo, vigente entre el 1 y el 13 de noviembre. Proceso hepático, sin duda, puesto que en el país de Manuelito votamos con el hígado -y para colmo, virado-, con iras, contra algo o contra alguien. Nunca lo hacemos en forma proactiva, a favor de alguna causa justa responsabilizándonos por la decisión de futuro. Tampoco lo hacemos con el shungo, en manifestación de buenos sentimientos. Se diría que votamos con odio, desintoxicándonos del veneno que nos corroe por dentro, por tal motivo lo hacemos con el hígado. Jamás de manera reflexiva poniendo en juego electoral ese órgano que controla nuestras emociones, el cerebro, y de preferencia su flanco izquierdo que regula el razonamiento humano.
En esta ocasión la pregunta clave de la Consulta Popular está dirigida contra la Constitución del 2008, considerada por el régimen el principal obstáculo para inaugurar constitucionalmente los nuevos viejos tiempos. La Constitución del 2008 desde sus inicios le dio urticaria a determinados grupos de la sociedad, hasta llegar a un momento en el cual los grupos de poder a través del régimen de Daniel Noboa están empeñados en darle un golpe definitivo a la Constitución vigente. Más aun, los grupos de poder que respaldan al actual Gobierno consideran a la Carta Magna del 2008 “un traje a la medida de Rafael Correa” y que hay que cambiarla. Entonces, el odio anticorreísta pone a funcionar el hígado que derrama bilis política contra el ex presidente.
¿Y qué es lo que quieren cambiar de la Constitución actual? En verdad, el presidente Noboa no lo ha dicho claramente. Y dice que no lo va a decir y que lo dirá después de la Consulta Popular. ¿Es en serio? Claro, porque si lo dice la gente no vota por una Constituyente, por lo inconveniente que es para el país la propuesta de cambio.
El nuevo viejo país
Aprobar una Constituyente para reformar la Constitución vigente es dar paso a la regresión de derechos adquiridos y garantizados en la Carta Magna progresista de Montecristi. ¿Cuáles derechos adquiridos?
En el fondo lo que quieren cambiar es la estructura de poder facilitando el retorno al nuevo viejo país. Proponen, entre otras cosas, cambiar la propiedad del Estado sobre los recursos naturales no renovables, lo que llaman “el monopolio del Estado”. Esto lo reiteran en cada entrega informativa de los noticieros televisivos. Y poco se sabe que el llamado monopolio del Estado sobre los recursos naturales prevalece vigente desde el Reglamento de Minas que se dictó en octubre de 1829, el cual señala que las minas de cualquier clase corresponden a la República. En la Constitución de 1945 se señala, por primera vez, que “corresponde al Estado el dominio directo de todos los minerales o sustancias que en vetas o yacimientos constituyan depósitos o concentraciones cuya naturaleza sea diversa de la del suelo y este dominio es inalienable e imprescriptible”. Lo que hace la Constitución del 1998 es reiterar que “son inalienables e imprescriptibles los recursos naturales del subsuelo, incluso los que se encuentren cubiertos por las aguas del mar territorial, y estos bienes serán explotados en función de los intereses nacionales”. En otras palabras, estas leyes superiores de la República señalan que los bienes patrimoniales son propiedad del Estado, y la Constitución vigente desde el 2008 confirma estos derechos públicos.
También quieren cambiar las relaciones laborales vigentes en el país. Esto significa, dar paso a la precarización laboral con pérdida de derechos para los trabajadores mediante el trabajo por horas, sin respeto por los derechos adquiridos a la estabilidad laboral, seguridad social y demás garantías contempladas en la ley. A esto llaman “mayor competitividad de las empresas”, sin tomar en cuenta que la competitividad no implica sobreexplotación laboral, sino mayor inversión productiva y capacitación técnica y profesional en función de optimizar la productividad.
Además, el régimen quiere acabar con el Estado plurinacional con todo lo que aquello implica, los derechos colectivos de los pueblos originarios, la Justicia Indígena, los derechos de la Naturaleza, y los derechos relacionados con la protección del agua. Ese es el viejo sueño racista de una clase que hizo del mestizaje una condición excluyente y socialmente injusta.
Se consulta al pueblo si aprueba la presencia de bases extranjeras en territorio nacional, bases eminentemente militares. Recordemos que el Estado ecuatoriano ha permitido en dos oportunidades la instalación de infraestructura bélica con presencia de efectivos militares extranjeros dentro de las fronteras nacionales. La primera vez ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941, cuando la isla Baltra, que forma parte del Archipiélago de Galápagos, recibió la presencia de diez mil efectivos militares. Esta isla de formación volcánica, localizada a 600 millas de distancia del continente, se convirtió en una posición estratégica para defender el Canal de Panamá de eventuales ataques japoneses. Como un gigantesco portaaviones, Baltra fue un territorio en el que se construyó 2 pistas de aterrizaje, muelles, talleres, cuarteles, dispensarios médicos, bodegas y torres de comunicación, con fines bélicos a un costo de ocho millones de dólares. La segunda base militar estadounidense en territorio ecuatoriano fue la de Manta, con fines de «combatir el narcotráfico», instalada en 1999 y que dejó de existir en 2009, como una extensión geoestratégica militar estadounidense. Desde entonces la Constitución del 2008 prohíbe la permanencia de bases militares extranjeras en Ecuador.
Les incomoda todos los mecanismos de Participación Ciudadana contemplados en la Constitución del 2008 vigente, como son la Consulta Previa, la Consulta Prelegislativa, es decir, una diversidad de instituciones que garantizan la participativa acción ciudadana para un efectivo control social. Les estorba la Economía Social y Solidaria porque están pensando en el gran negocio de la gran empresa privada. Actualmente, constitucionalmente, los banqueros están impedidos de vincular sus negocios con empresas mediáticas y quieren recuperar esa prerrogativa.
Buscan que la Educación pública sea privada y que los establecimientos educativos estatales cobren por impartir conocimientos. También se pretende privatizar la Seguridad Social, en ese contexto el presidente Noboa manifestó que el IESS no debe dar prestación médica a sus afiliados, lo cual es una idea criminal puesto que lo único que dispone el pueblo para atender sus necesidades de salud a escala nacional. Eso es lo que se pretende con una nueva Constitución, llevarse el santo y la limosna, como dice el pueblo, en favor de 200 familias que regentan el país.
El pueblo está en libertad de votar con el hígado en una elección irreflexiva, sin shungo ni cerebro, sufragando junto a banqueros y bananeros que decían servir a la Patria, y que entre gallos y media noche sacan sus concesiones, regulan lo que les apetece y luego desaparecen del escenario político. Entonces, a las claras, no quieren acabar con una Constitución a la medida del correísmo, sino imponer una Constitución a la medida de sus negocios privados y en desmedro de los derechos públicos y colectivos adquiridos en dura lid histórica por el país.
En definitiva, la propuesta política de nueva Constituyente supone cambios abiertamente inconstitucionales, un retorno al nuevo viejo país de privilegios e inequidades que terminan por minar la convivencia democrática.
