Por L. Parrini
Para responder a la pregunta de por qué votar NO en la próxima Consulta Popular, es preciso remitirnos a la historia en los inicios del llamado “retorno a la democracia” en los años setenta, eufemismo con el que se calificó el regreso de las élites civiles al Gobierno, luego de la dictadura encabezada por el Triunvirato militar que gobernó al país por esos años.
Proceso en el cual los sectores oligárquicos de la costa se reincorporan a la política no como una clase gobernante, sino como una clase dominante que reinaugura la democracia con crímenes políticos, cuando en octubre de 1977 el Estado ecuatoriano respondió con sangre a la protesta obrera y más de 120 trabajadores del Ingenio Azucarero de Aztra fueron asesinados por la fuerza pública. O el asesinato de Abdón Calderón M., economista y político, en 1978, ordenado por el gobierno militar de la dictadura. Posteriormente el crimen de los hermanos Restrepo, en enero de 1988, durante el régimen de León Febres Cordero. La profundización de la crisis durante el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996) que implementó políticas económicas neoliberales, incluyendo privatizaciones y un programa de estabilización con el FMI, cuya presidencia enfrentó agitación social, el conflicto bélico con Perú en el Cenepa (1995) y acusaciones de corrupción que llevaron a la renuncia de su vicepresidente, Alberto Dahik.
En seguida el gobierno de Yamil Mahuad, durante el período de agosto de 1998 a enero de 2000, régimen que exacerbó la realidad económica del país con el feriado bancario provocado por una crisis inflacionaria, en conjunto con una crisis financiera, una crisis fiscal y una crisis de deuda que inició en 1998 y que continuó agravándose. Situación que desembocó en un pánico bancario en 1999, con graves consecuencias familiares para los ecuatorianos, incluido el suicidio de quienes vieron congelar y perder sus ahorros en los depósitos de los bancos.
Todos regímenes representantes de élites que consagraron la existencia de un país desigual, excluyente y represivo, sin justicia social, sin derechos de la naturaleza, con una corrupción campante en los organismos del Estado, déficit de viviendas y crisis permanente en los servicios de Salud, Educación y Seguridad Social. Ese es el país al que puso fin, en teoría, la Constitución del 2008, promulgada bajo un régimen progresista que desplazó a la partidocracia y a sus representantes de las esferas políticas del poder.
No obstante, vendría la restauración conservadora. Proceso que comenzó con la presencia personal de acaudalados banqueros y exportadores bananeros en el Gobierno central que superaron a Lenin Moreno que defeccionó los principios progresistas por los que fue elegido presidente del país. Guillermo Lasso y Daniel Noboa consolidaron la restauración de un poder plutocrático, mediante la cooptación de instituciones políticas y judiciales con las cuales iniciaron la venganza contra el correismo y sus funcionarios. Lo hicieron violando repetidamente la Constitución del 2008, hasta concluir en que lo práctico es derogarla en un nuevo proceso constituyente para el cual convocaron a una Consulta Popular este próximo 16 de noviembre.
La Consulta aprobó cuatro preguntas relacionadas con permitir o no bases militares en territorio nacional, propuesta claramente alineada con los intereses geopolíticos estadounidenses y con la intención de contar con ayuda para los propósitos gubernamentales nacionales. Reducir el número de representantes en la Asamblea Nacional, pregunta de relleno puesto que el tema no es la cantidad sino la calidad profesional y ética de los asambleístas para el cumplimiento de sus funciones. Eliminar el financiamiento del Estado a los partidos políticos en procesos electorales, medida que restringe la democracia porque solo las organizaciones políticas de los grupos de poder podrán financiar debidamente sus campañas. Convocar a una Asamblea Constituyente, principal motivo de la Consulta Popular, con el propósito de poner fin a la vigencia de la Constitución garantista del 2008.
En caso de aprobarse afirmativamente estas preguntas se pierden derechos ciudadanos. Se reduce las cinco funciones del Estado a solo tres -Ejecutiva, Legislativa y Judicial-, eliminando la Participación Ciudadana, lo cual debilita el Estado democrático. Se pone fin a la Justicia Indígena contemplada en un Estado plurinacional y multiétnico. Se termina con el monopolio de sectores estratégicos del Estado lo que significa la privatización de los servicios estatales en áreas claves como Salud, Educación y Seguridad Social. Se derogan los derechos de la Naturaleza dando paso a la explotación irracional de los recursos naturales con extractivismo indiscriminado y sin control.
Responder No en la Consulta Popular impide el regreso a una época plutocrática en el país y la consolidación del neoliberalismo, alineado con los designios del FMI y los intereses geoestratégicos estadounidenses que hacen un país más injusto y dependiente. Decir No es afirmar los derechos ciudadanos contemplados en la actual Constitución vigente.
