Por Julio Peña y Lillo E.
Ecuador vive hoy en nuestros días el peor momento de su historia contemporánea. Hace prácticamente 8 años, con la traicionera llegada de Moreno, luego Lasso y ahora con Noboa, se ha impuesto en el país la agenda necropolítica-neoliberal del FMI, con su respectivo “Modelo de Ajuste Estructural”.
Entre los principales objetivos de este ajuste tenemos: priorizar el pago de la deuda a organismos internacionales, por sobre el fortalecimiento y expansión del desarrollo nacional, reducción de la inversión pública en salud, educación, seguridad y programas sociales, disminución de acceso a servicios básicos, así como la vulneración de los derechos laborales, permitiendo despidos masivos, y la informalización de la economía; medidas que en su conjunto, han empeorado drásticamente las condiciones de vida de las y los ecuatorianos.
Después de 8 años de neoliberalismo en Ecuador, auspiciado y promovido por las banderas del denominado anti-correísmo (Moreno – Lasso – Noboa), tenemos una economía en crisis, con un incremento constante de la desigualdad, la pobreza, la violencia, el crimen y la inestabilidad social, favoreciendo únicamente a pequeños grupos del capital privado (banca, sector agroexportador, en particular, banano).
El debilitamiento y la reducción de la intervención del Estado en la economía, ha imposibilitado hacer frente a las asimetrías sociales. El llamado anti-correísmo y su necropolítica-neoliberal, al reducir la inversión pública, impide que la economía se dinamice, produciendo un efecto multiplicador negativo, puesto que se reducen los ingresos, el consumo y con ello, la demanda efectiva, desincentivando la participación del sector privado, limitando y restringiendo al mismo tiempo el acceso de las mayorías a servicios esenciales, necesarios para poder llevar una vida digna.
Esta propuesta política que (des)gobierna y golpea a Ecuador desde hace ya 8 años, viene a su vez auspiciada y promovida por los grandes medios de manipulación masiva (TV, radio, prensa y redes sociales), que, en lugar de alarmarse, cuestionar e informar sobre las políticas neoliberales que han conducido al país a este grave recrudecimiento de sus condiciones de vida, tienen al correísmo y ahora también a los movimientos indígenas, campesinos y sociales, como a sus principales enemigos.
El modelo de Estado y de desarrollo que defienden tanto el correísmo, como los movimientos indígenas y sociales, busca combatir ante todo, la desigualdad y la pobreza, a través del fortalecimiento de las capacidades del Estado, con políticas activas y expansivas de redistribución de la riqueza, garantizando derechos y seguridad social, para poder combatir las graves e injustas desigualdades que generan los conflictos y la violencia, ahora sistematizados y naturalizados en el país (Ecuador es hoy uno de los países más violentos de la región).
Promover una mayor justicia social, contribuye a la generación de sociedades más cohesionadas, menos violentas y conflictivas. Las políticas de redistribución, fortalecimiento y expansión de los servicios que brinda el Estado, son las que ahora se están defendiendo en las calles, junto al subsidio al diésel, sin el cual, la afectación al costo de la vida golpeará aún más a los sectores más vulnerables.
En su afán de consolidar la agenda de acumulación por desposesión, impuesta por el FMI, los defensores del anticorreísmo y los medios de comunicación convencional, no dudan en apoyar a un gobierno autoritario, que se sirve de la fuerza pública (violencia de Estado) para reprimir y azuzar el miedo, y de esta manera, garantizar las condiciones que requieren ciertos grupos de poder como: mano de obra barata, control y mercantilización de los territorios, eliminación de derechos y disidencias, etc.
La coerción estatal y la violencia inusitada que hemos podido presenciar en las calles, estos 22 días de Paro Nacional, se contraponen con la imperiosa necesidad de acuerdos y consensos democráticos. Lastimosamente, una vez más, las y los ecuatorianos padecen un régimen autoritario, que busca proteger y reproducir el orden necropolítico-neoliberal, sometiendo y subordinando la esfera política y democrática a los intereses de pequeños grupos del gran capital.
Después de estos 8 años de neoliberalismo en el poder, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que este modelo de (des)gobierno no ha contribuido en lo más mínimo con el desarrollo del país, o con mejorar sus condiciones de existencia. Al contrario, ha servido para incrementar la riqueza en pocas manos (evasión de impuestos de las grandes fortunas y grupos económicos) a costa de la calidad de vida de la gente.
Frente a la convergencia perversa entre neoliberalismo y autoritarismo, la política progresista, popular y campesina, puede reconstruir la resistencia recuperando los afectos democráticos de la solidaridad y del cuidado. Frente al despojo de la agenda neoliberal, urge anteponer la defensa de los bienes comunes y públicos, para poder garantizar un orden político orientado a la vida, a la justicia social y ecológica.
En estos 8 años de neoliberalismo desde el poder se ha construido un monstruo o una maquinaria de mutilación y afectación a la sociedad (supresión de ministerios: mujer, ambiente, cultura, etc.), al disolver las bases materiales e institucionales necesarias, para una vida en sociedad. La resistencia requiere una reactivación institucional que devuelva a la política su efectividad, su solidaridad, para poder sustituir la sumisión y el miedo.
El neoliberalismo en estos 8 años ha demostrado ser de sobra, una propuesta política inhumana y anti-desarrollo para Ecuador.
