Por: C. I. Viglietti.
A dónde puede conducir la actual estrategia de ajuste en el Ecuador
1. Introducción: del precio del diésel a un cambio de época
La eliminación del subsidio al diésel y su consiguiente aumento de precio —de 1,80 a 2,80 dólares por galón— ha sido presentada como una decisión puramente fiscal. Sin embargo, el análisis de las ciencias sociales y económicas revela que no se trata de un hecho aislado, sino de un programa político implícito que redefine el papel del Estado, el modelo económico y la relación entre gobierno y ciudadanía.
2. Perspectiva económica: ajuste regresivo y concentración de beneficios
Racionalidad fiscal: la medida reduce el gasto público en subsidios, mejora las cuentas fiscales y satisface las expectativas de acreedores y organismos multilaterales.
Efecto distributivo: al encarecer el transporte y la canasta básica, transfiere el costo del equilibrio fiscal a los hogares de menores ingresos, especialmente campesinos y trabajadores informales.
Privatización de oportunidades: la liberación de precios prepara el terreno para la expansión de actores privados en sectores estratégicos (energía, combustibles, servicios básicos), aumentando márgenes de rentabilidad para grupos financieros y corporativos.
3. Perspectiva política: del ciudadano al “enemigo interno”
Seguridad como discurso central: la protesta social se describe como “amenaza terrorista o narcotraficante”, lo que permite decretar estados de excepción y militarizar el espacio público.
Concentración de poder: este marco de seguridad facilita el despliegue de tecnologías de vigilancia (reconocimiento facial, drones, geolocalización) y la aprobación de leyes de inteligencia de amplio alcance.
Riesgo institucional: en este ambiente se promueve una Asamblea Constituyente que, sin contrapesos claros, podría modificar la Constitución para flexibilizar controles y habilitar privatizaciones, reconfigurando el Estado a favor de actores económicos dominantes.
4. Perspectiva sociológica: fragmentación y cooptación
Segmentación social: una parte de la población, confiada en la narrativa de “orden y modernización”, acepta el ajuste como inevitable; otra, mayoritariamente rural y popular, sufre el impacto directo y resiste.
Violencia simbólica: como advierte Pierre Bourdieu, los discursos dominantes logran que los afectados interioricen como “natural” la política que los perjudica, debilitando la capacidad de respuesta colectiva.
Silenciamiento de voces: el cierre de TVMicc, medio comunitario de Cotopaxi, bajo el argumento de una “investigación reservada por atentar contra la seguridad pública”, evidencia cómo el derecho a la comunicación se erosiona cuando se confunde disenso con peligro.
5. Perspectiva filosófica: biopolítica y razón neoliberal
Biopolítica (Foucault): el poder deja de ser solo coercitivo y se vuelve administración de la vida, utilizando datos y vigilancia para moldear comportamientos.
Régimen de transparencia (Byung-Chul Han): la vigilancia masiva se normaliza bajo la promesa de seguridad, creando ciudadanos permanentemente expuestos.
Racionalidad neoliberal (Wendy Brown): la política se subordina a la lógica del mercado: el ciudadano ya no es portador de derechos sino “capital humano”, valorado solo por su productividad económica.
6. Escenarios y riesgos para el país
Si este programa implícito se profundiza: Desigualdad creciente: la eliminación de subsidios sin compensaciones estructurales ampliará la brecha entre ricos y pobres. Debilitamiento del contrato social: la percepción de un Estado que abandona su función protectora puede deslegitimar las instituciones democráticas. Captura de recursos estratégicos: la privatización de servicios públicos y bienes naturales consolidará la concentración de poder económico y limitará el acceso equitativo. Erosión de derechos civiles: la vigilancia tecnológica y la criminalización de la protesta pueden normalizar un estado de excepción permanente.
Conclusión: un llamado a la lucidez colectiva
El aumento del diésel es síntoma y catalizador de un reordenamiento profundo: un modelo de Estado mínimo que cede espacio a la lógica del mercado, mientras utiliza la retórica de seguridad para controlar la disidencia y rediseñar el marco constitucional.
Frente a ello, la tarea de la sociedad —académicos, movimientos sociales, ciudadanos críticos— es mantener viva la deliberación pública: defender la libertad de expresión, exigir transparencia en las reformas constitucionales, y recordar que el Estado y sus bienes son patrimonio de todos, no botín de intereses particulares.
