Se ha dicho que Ecuador es un país con una democracia fallida, queriendo significar que las normas constitucionales, en la práctica, no garantizan una convivencia armónica entre los diversos poderes e intereses que se expresan en el seno de la sociedad criolla. Democracia fallida que no posibilita la aceptación consensuada de las diferencias políticas propias de una democracia real. La continua pugna de poderes existente en el país entre el poder Ejecutivo y el Legislativo y las Cortes, parecen confirmarlo.
El irrespeto a las normas constitucionales, el permanente afán de reformar dichas normas, la no aceptación de preceptos constitucionales aprobados en momentos distintos a la correlación de fuerzas políticas actual, hacen pensar en que la Constitución es un instrumento manipulable conforme los intereses del poder vigente.
La crisis
Las resoluciones recientes de la Corte Constitucional que observa y suspende artículos de leyes presentadas por el Gobierno, confirman las tensiones existentes entre ambas instancias del Estado que dan lugar a una crisis de poderes que amenaza con resolverse fuera del consenso legal.
El gobierno anuncia una movilización en rechazo al organismo que suspendió tres leyes urgentes y el reglamento de la Ley de Inteligencia. La respuesta del Gobierno se manifiesta en una decisión del primer mandatario que mide fuerzas con la Corte Constitucional y convoca a una marcha para el 12 de agosto en contra del organismo. La Corte había admitido a trámite las demandas contra las tres leyes recién aprobadas en la Asamblea Nacional y la movilización convocada por el presidente tiene el propósito de “hacer sentir el verdadero poder”, según afirmó a la prensa.
Las diferencias entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, máximo organismo de supervisión del cumplimiento de la Constitución se agudiza, luego de que la corte dispuso la suspensión provisional de artículos y disposiciones transitorias. De la Ley de Solidaridad se suspendió el articulo 6 que trata del conflicto armado interno, el articulo 9 de la definición de grupos armados, el articulo 14 en el que se establece el indulto presidencial con efecto diferido. De la Ley de Inteligencia quedaron inhabilitados, el articulo 5 referido a la definición relativa a la aplicación de la ley, el articulo 13 sobre los fondos permanentes de gastos para el sistema nacional de inteligencia y el articulo 22 que indica la protección de los especialistas en inteligencia. En la misma lista se encuentran los artículos 41, 42, 43, 47 y 48 que hacen referencia en su conjunto de la protección de la identidad de agentes de inteligencia y del uso de técnicas y elementos tecnológicos para recuperar información de inteligencia y contrainteligencia. También están los articulo 52, y 55 de esta normativa que sostiene la obligación de entregar información por parte de servicios de telecomunicaciones y apertura de documentos o comunicaciones vinculadas con información clasificada. También quedan suspendidos artículos del reglamento de la Ley de Inteligencia como el artículo 9, 16, 17 y 25 que giran en torno a los gastos especiales, detalle de actividades y operaciones y clasificaciones de información reservada y secretas. Además, se suspendieron los artículos 33, 34, 35 y 36 que hacen mención a la entrega de información de cualquier autoridad de sistemas de telefonía y personas naturales o jurídicas al sistema de inteligencia.
Cabe notar que la suspensión de dichos preceptos legales busca salvaguardar derechos de la ciudadanía a la privacidad y controlar el uso e impedir el abuso en acciones de los organismos de inteligencia estatales. Sectores políticos y sociales han manifestado su disconformidad con la actual situación de imposición oficial de no considerar derechos ciudadanos adquiridos y requerimientos populares formulados con anterioridad.
En esa línea se anuncia un paro nacional si el Gobierno nacional no responde a las demandas del pueblo; la causa: más de 5 mil despidos masivos en el sector público, hospitales colapsados, escuelas sin recursos, inseguridad desbordada. Mientras la Población asume la crisis, el Presidente se perdona 90 millones de dólares en impuestos. El país se encuentra al límite y el descontento crece día a día. Médicos, maestros, transportistas y empleados públicos lo advirtieron: si no hay soluciones el Ecuador se paraliza. El paro sera indefinido, y sus promotores consideran que no se puede vivir bajo la imposición autocrática de un mandatario que no tiene sentido de equilibrio entre el gobernante y sus gobernados.
La Consulta Popular
No falta quienes se preguntan: ¿qué quiere Ecuador? No obstante, es una pregunta que está demás de cara a la actual situación. El país quiere cambios, no un cambio de gobierno sino en la forma de gobernar. Pero el régimen interpreta de diferente manera esa necesidad de cambio. El mandatario está proponiendo hacer una consulta popular para definir si los ecuatorianos queremos bases extranjeras o no en el país, habiendo muchos temas más importantes y prioritarios que deberían tratarse en la Consulta Popular.
La Consulta Popular propuesta por el Presidente tiene preguntas repetitivas que ya fueron consultadas y rechazadas en consultas anteriores. Algunas formaron parte de la consulta realizada por Guillermo Lasso en noviembre del 2023, por ejemplo, la pregunta tres que consulta al pueblo sobre limitar en Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y transferir sus deberes y atribuciones a la Asamblea Nacional; y la pregunta cuatro que consulta si se está de acuerdo con reducir el número de asambleístas. También se quiere preguntar por el trabajo por horas, pregunta negada anteriormente, pero esta vez circunscrito a actividades del turismo. Se consulta además si se aprueba la existencia de casinos en hoteles de lujo. También se pregunta si se financie o no a los partidos políticos con recursos del Estado.
El Gobierno con sus decisiones de movilizarse contra la Corte Constitucional y tratar de imponer la voluntad política mediante Consulta Popular son un síntoma de una democracia fallida en su capacidad de lograr consensos nacionales. Para analistas, la intención de controlar a la Corte Constitucional atenta contra el Estado democrático, porque tiene el propósito de impedir que haya excesos por parte del Legislativo y del Ejecutivo.
La democracia genuina supone el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Cuando una democracia da lugar a imposiciones de poder significa que algo está fallando en su confirmación real. La actual crisis está confirmando cuánto peligro existe en entregar todo el poder a una democracia fallida.
