Parece una broma de mal gusto. Luego de la decisión presidencial de fusionar -léase eliminar- el Ministerio de Cultura con la cartera de Educación y Deportes, la ex ministra de Cultura, Romina Muñoz, manda a sus ex colaboradores a que “descansen”. Y lo hace con la frase: “Los necesitamos con energías y ganas de trabajar”, en un tono de insólita ironía institucional.
La arenga la hizo en un mensaje interno a los burócratas del ministerio de Cultura en el que reconoce que, “la noticia a todos nos ha tomado por sorpresa, pero hay que entender que (…) hay un país que necesita reestructurarse por el bien de todos”. Una fehaciente demostración de que la decisión presidencial de eliminar cinco mil empleados públicos del aparato estatal fue tomada de manera inconsulta. Lo que confirma que es probable que la funcionaria no sepa, a ciencia cierta, porqué existió el Ministerio de Cultura y Patrimonio y porqué ahora deja de existir.
No obstante, justifica lo desconocido e injustificable: “Actualmente no hay servicios del Estado en todos lados, y hay una carencia que debe ser atendida en forma integral. Hay que pensar más allá de nuestra burbuja inmediata”. En estos momentos hay cinco mil burócratas despedidos de sus cargos que deben estar pensando cómo sobrevivir desde sus “burbujas inmediatas”.
Acto seguido, la funcionaria hace una promesa carente de todo realismo: “Desde el lunes abriremos mesas de trabajo donde recogeremos nuestras preocupaciones y abriremos el diálogo con el resto del sector” ¿Recién abrirá el diálogo con los sectores culturales?
Y luego canaliza su frustración en un improperio al aire, que llama a “no caer en decisiones viscerales”: “Caer en la atracción mediática de supuestos sabios influyentes, llenos de teorías sin sustento, que no pagan ni impuestos, ni administran su casa” ¿A quién se refiere? Los evasores están en el Gobierno.
La ex ministra ensaya un reconocimiento tardío: “La estructura actual del ministerio no funciona todos lo sabemos. La pregunta fundamental es: ¿qué es lo que defendemos de fondo?”. Seguido de una declaración carente de toda prestancia: “Sigo estando al frente no me han sacado del puesto. Y no voy a renunciar sin tener un camino trazado (…) Vamos a trabajar por no someter nuestro sector a una institucionalidad que no le permita responder a sus demandas.”.
Demasiado tarde, la respuesta de los gestores culturales, intelectuales y artistas no se hizo esperar y en una declaración colectiva manifestaron que el fin del ministerio de Cultura es “un grave retroceso en el reconocimiento institucional de la cultura como derecho fundamental”.
La decisión presidencial “no ha sido el resultado de un proceso participativo ni de una evaluación técnica transparente. Esta decisión responde a una lógica neoliberal de recorte y austeridad que precariza aún más al ya debilitado sector cultural ecuatoriano. Hablar de “transformaciones institucionales” sin reconocer el vaciamiento del Estado y el abandono sistemático del campo cultural es irresponsable y cínico”.
El comunicado continúa señalando “Es inadmisible que se pretenda justificar esta medida criticando la falta de articulación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, cuando ha sido precisamente la actual gestión del Ministerio —ahora desaparecido— la responsable directa de la parálisis institucional”, que responde “a la necesidad de encubrir un fracaso político bajo la apariencia de una reorganización administrativa”.
Y el comunicado apunta a una cuestión de fondo: “El problema no es la existencia del ministerio, sino su abandono sistemático, su burocratización sin financiamiento y su instrumentalización simbólica por parte de gobiernos que no han priorizado la cultura”.
Gobiernos que priorizaron su gestión con una total “falta de políticas culturales nacionales articuladas, con indicadores, participación ciudadana y equidad territorial”. Y con “la falta de consulta, transparencia y participación lo que ha generado la legítima indignación del sector cultural. La movilización de artistas, gestores, colectivos y ciudadanía no es un malentendido: es una expresión clara de resistencia ante una medida regresiva que atenta contra los derechos culturales del pueblo ecuatoriano”. Concluye el comunicado.
No obstante, la falta de política cultural y transparente participación refleja el desconocimiento oficial de que la cultura es, ante todo, un conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Esto incluye sus costumbres, creencias, valores, arte, lenguaje, normas, e incluso la forma en que organizan su vida cotidiana. La cultura es lo que define a un grupo humano, lo que le da identidad y sentido de pertenencia. Por tanto, la cultura es esencialmente un derecho, no una prerrogativa burocrática de funcionarios a sueldo, ni una dádiva del poder establecido. La cultura es contestataria, subversiva, cuestionadora de la acción y omisión de los poderes fácticos. En este sentido, la cultura es un derecho integral de los pueblos.
