El mundo indígena ha tenido históricamente una cosmovisión propia en un país multiétnico, plurinacional e intercultural. Esa visión ha puesto énfasis en la reivindicación de derechos ancestrales, tierra, cultura y lengua indígena que exige restauración de valores usurpados, distorsionados o cooptados por el advenedizo colonialista, y luego por un mestizaje neocolonial.
La formación económico social indígena que gestionó un paradigma democrático ancestral fue el Ayllu. En sus formas originarias, el Ayllu se constituye como una unidad política-territorial, económica, cultural y simbólica que organizó la vida en comunidad de manera colectivista y agraria, gestionando los derechos humanos antes citados. A la vez, esta unidad comunitaria y social fue clave para el desarrollo de estructuras político-administrativas más complejas como las jefaturas y los Estados preincaicos e Inca, en una geografía que a simple vista podría suponerse hostil para la vida en sociedad.
Los principios fundamentales del Ayllu, incluyen la reciprocidad, la redistribución, la solidaridad, la complementariedad y la equidad. El Ayllu sobrevive a las formas coloniales y hoy subsiste, en un caso, como una organización social tradicional, y en otros, como un modelo para la acción colectiva y la defensa de sus derechos históricos.
Fue en la década de los años noventa que el movimiento indígena ecuatoriano logró una cohesión en la lucha por la consecución de sus prerrogativas políticas y sociales, en un país en el que la unidad nacional no pasó por una firme integración económica y social de su territorio en los años de conformación del Estado Nacional. Se diría que se creó medio país, o un país a medias, para gobernar dos países profundamente escindidos, con singularidades raciales, segmentaciones sociales, enconamientos regionales, contradicciones económicas y profundas divisiones políticas que prevalecen en la actualidad.
La Constitución del 2008 de algún modo zanja estas disparidades, en teoría, declarando la existencia de un «Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, plurinacional e intercultural». Si esta declaración implica el reconocimiento de las minorías étnicas, ¿con qué elementos corresponde al movimiento indígena ecuatoriano hacer un aporte en la conformación de una gran plataforma de lucha nacional que haga posible un gobierno de carácter mestizo y sentido popular?
Interrogantes históricas
¿Puede jugar el sistema político de la CONAIE un rol definitorio y efectivo en la integración de un Gobierno Popular, Democrático y Anticolonial? ¿Tiene capacidad ideológica, orgánica y operativa la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, para avanzar a la conformación de un gran frente de gobernanza plurinacional y multiétnico de alcance nacional?
Son preguntas que podrían ocupar bien el tiempo de la nueva dirigencia de la CONAIE.
Marlon Vargas Santi fue electo como nuevo presidente del Consejo de Gobierno de la CONAIE, tras vencer a Leonidas Iza en las elecciones internas realizadas este domingo 20 de julio de 2025. Durante el evento al menos 1.600 delegados de organizaciones indígenas de la Sierra, Amazonía y Costa, y otros representantes fraternos, eligieron a Vargas, representante de la nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE). Oriundo de Capahuari (Pastaza), fue presidente de la Confederación de Nacionalidades de la Amazonía del Ecuador (Confeniae) por dos ocasiones, y es uno de los principales actores de las manifestaciones y paros nacionales de 2019 y 2022 en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles. Fue amnistiado en 2022 por cargos de organización terrorista. Vargas ha estado junto con Iza encabezando los paros nacionales de 2019 y 2022 y en otras decisiones del movimiento, en las elecciones internas de este domingo, 20 de julio, lo superó con 617 votos que le permitieron alcanzar la presidencia de la organización indígena.
Bajo el nuevo liderazgo, entre los puntos de reivindicación sectorial, la CONAIE señaló la necesidad de aplicar justicia indígena a seis asambleístas de Pachakutik -su brazo político- que vienen votando en apoyo al gobierno del presidente Daniel Noboa en el Parlamento. Además, la organización enfatizó en la necesidad de oponerse al extractivismo petrolero y minero e impulsar la educación intercultural.
Entre 65 puntos de mandato a la CONAIE, destacan: derechos territoriales, con la recuperación y defensa de sus tierras y territorios ancestrales, incluyendo el acceso a recursos naturales como el agua. Además, Autonomía sobre sus asuntos internos incluyendo su educación y la gestión territorial. Se plantea también el Reconocimiento Cultural con preservación de lenguas y prácticas religiosas y sistemas de conocimiento. La Lucha contra la Discriminación es un punto de vital trascendencia para el movimiento indígena para garantizar el acceso a la Educación y la Salud, lucha contra la violencia de genero y la violencia ambiental. La Participación en las decisiones relacionadas con el desarrollo, el ambiente y la gestión de sus territorios es prioridad para el colectivo. Finalmente, el reconocimiento a la Plurinacionalidad sintetiza el respeto a sus derechos ancestrales contemplados en la vigencia de un Estado Plurinacional donde se reconozcan las diversidades culturales, políticas y sociales.
Marlon Vargas ha recordado su capacidad de “diálogo y resistencia” en igualdad de tono e intensidad, lo cual es promisorio. El Gobierno ha dicho que en las elecciones de la CONAIE hay que respetar la decisión de las bases, lo cual resulta obvio. No obstante, para dialogar al menos se requieren dos interlocutores dispuestos a hacerlo.
A simple vista saltan diferencias abismales: Gobierno y movimiento indígena tienen dinámicas de organización diferentes lo que supone burocracias diversas y democracias instintivamente excluyentes: por un lado, la democracia indígena es directa y la oficial es “representativa”. Lo que supone ausencia de mecanismos de diálogo confiables y efectivos entre el Estado y la Organización Indígena. Este es un punto que no se ha considerado a profundidad a la hora de evaluar los resultados de los “diálogos” y que ha hecho abortar dichos procesos por la desconfianza mutua entre ambos estilos.
La división interna del movimiento indígena es reconocida por Vargas cuando llama “a la unidad férrea, y a aprender a dialogar entre nosotros, para luego dialogar con los demás”. El desgaste por desprestigio pasa factura. La unidad en la diversidad no debe ser solo un mito.
La diversidad en el criterio de acceso y uso de los recursos naturales de los territorios ancestrales, es un escollo mayor. Viejos rencores y prejuicios coloniales y anticoloniales reabren heridas de una transculturación violenta, insolente y represiva por parte de un Estado invasivo.
Como guinda del pastel: qué tan posible es el diálogo entre dos mundos tan diversos y desiguales. ¿Será posible que la democracia indígena directa, incluyente, pero racista, logre convocar a los voceros de un régimen mestizo plutocrático, como lo vienen calificando historiadores de la talla de Juan Paz y Miño?
La historia lo dirá.
