Por Julio Peña y Lillo E
“Debemos empujar, como sostenía Jaures, para que todos los seres humanos pasen del estado de conflicto y competencia brutal, al estado de cooperación y solidaridad, para que todas las energías ya no se canalicen en luchas estériles, sino que se coordinen para grandes acciones en común”. Laval y Dardot (2015).
Proximidad Urbana y Participación Ciudadana
En su reciente paso por la ciudad de Quito (junio-2025), Joan Subirats (Universidad de Barcelona), sostuvo que en un escenario nacional adverso, en donde prevalece una pobreza creciente, un desempleo en aumento, con cierre de empresas, deterioro de los servicios públicos (seguridad, salud, educación, etc.), los municipios progresistas, como el que se plantea “Quito Renace”, pasan a ser un actor preponderante a la hora de reorientar sus políticas y movilizar recursos para romper o alterar ese ciclo negativo, que dificulta y pone trabas al desarrollo y bienestar de la gente.
Si los gobiernos neoliberales cercenan derechos, oportunidades y trabajan de espaldas a las necesidades de la gente, un proyecto de ciudad, comprendida como bien común, debe repensar el urbanismo, el uso del espacio público, el acceso a la vivienda, la movilidad, el cuidado y la gestión de los servicios básicos, desde una perspectiva de recuperación de los derechos ciudadanos y democráticos.
El desarrollo de las políticas urbanas de proximidad permite a los gobiernos locales conocer mejor los problemas concretos de la ciudadanía y elaborar políticas encaminadas a mejorar los barrios, las plazas, bulevares, áreas verdes, etc., transformando a los habitantes, a las redes comunitarias y sociales, al sector productivo, en actores protagónicos del desarrollo local. De esta manera, se estrechan y consolidan los vínculos entre los ciudadanos, los derechos y la política de la ciudad.
Pensar la ciudad como bien común
Vivimos como humanidad en medio de crisis múltiples, simultáneas e interconectadas. No se trata solo de un problema económico, político o ecológico, sino de una policrisis (Edgar Morín, 2020), o crisis interrelacionadas que se alimentan mutuamente: climática, sanitaria, económica, educativa, tecnológica, política, de género, de etnia, democrática, civilizatoria, etc. (Subirats, 2025).
En el caso ecuatoriano, podríamos hablar del crecimiento acelerado de la pobreza, el desempleo, el trabajo informal, la delincuencia, el crimen (somos ahora el país más violento de la región), la migración, la violencia; policrisis nacional que se viene recrudecido cada vez más en estos últimos 8 años.
En este escenario, hablar de resiliencia urbana progresista, en una ciudad como Quito que Renace, quiere decir fortalecer su política del cuidado a niñas/os, familiares, ancianas/os, gente en situación de calle, etc., llevando a cabo un conjunto de acciones y políticas públicas, para poder sostener la vida en contextos hostiles, y hacer frente a la lógica neoliberal vigente, de exclusión, explotación y segregación humana.
Esto contribuye a recuperar la ciudad como bien común, salvaguardar los recursos compartidos (agua, aire, espacio público, áreas verdes, servicios sociales) y apuntalar a una forma de desarrollo urbano horizontal, cooperativo y deliberativo (Subirats, 2025).
Democratizar la ciudad en un Quito que renace
La ciudad no es un espacio armónico ni tampoco pacificado, es un campo donde se viven tensiones, disputas y antagonismos. El derecho a tener derechos en la ciudad, nos dice Subirats (2025), implica ante todo poder resignificarla, romper con las narrativas hegemónicas que la presentan como inevitablemente competitiva, mercantil y excluyente.
En este sentido, la ciudad en común se enlaza a las luchas feministas, ecologistas, étnicas, decoloniales, etc., que cuestionan quién la diseña, para quién se planifica y a quién se escucha. Por ejemplo, el feminismo urbano ha denunciado cómo la planificación ignora las experiencias del cuidado, la movilidad cotidiana, la seguridad afectiva. Subirats (2025) sugiere que el diseño urbano debe aprender de los ritmos, los cuerpos y los territorios vivos, y no solo de las proyecciones de un urbanismo virilizado y utilitarista.
Democratizar la ciudad es tener presente el espacio de cuidado mutuo. Frente al neoliberalismo y su propuesta de privatización de todos los campos de la vida, este pensador nos plantea un urbanismo que permita ejercer agencia en la ciudad, más allá del voto. Recordó que las ciudadanas/os deben ser sujetos activos, con capacidad de influir en las políticas y participar en los procesos democráticos, movilizándose, organizándose y exigiendo derechos.
El migrante, la cuidadora, el vendedor ambulante o el colectivo barrial no son “usuarios” de la ciudad, sino agentes que la producen. Un urbanismo incluyente redefine continuamente los límites de lo permitido, de lo visible y lo deseable, permite que las y los ciudadanos puedan alterar y modificar las políticas que reproducen las desigualdades o las normas que resultan opresivas. Para ello, es clave re-politizar lo común, como práctica de libertades y beneficios compartidos.
De la ausencia de Estado al resurgir de la ciudad
Si el neoliberalismo convirtió al habitante en “cliente” y al espacio urbano en “mercancía o producto”, anteponiendo una lógica privatista y privatizadora, un desarrollo urbano democratizante, que protege los bienes comunes, tiene que ejercer resistencia a la mercantilización de la vida, construyendo alternativas sociales basadas en la corresponsabilidad, la proximidad y los cuidados.
El modelo de estado neoliberal –vigente ya 8 años- es una estructura administrativa y legal que prioriza externalizar servicios, entregar competencias al mercado o aplicar lógicas de eficiencia empresarial, debilitando los vínculos democráticos, al reducir lo común a lo rentable. Un urbanismo progresista y comprometido con el bienestar general, trasciende los intereses particulares, y apunta a aquello que nos beneficia colectivamente.
En su paso por la capital, Subirats fue muy claro. En un escenario como el de la ciudad de Quito, una gestión democrática debe revalorizar la importancia de lo público, ya que esto permite garantizar derechos, generar una mayor equidad, construir comunidad y fortalecer la democracia.
El pensador de Barcelona puso énfasis en que lo público y lo común solo existen, si hay sujetos que los defiendan, los demanden y los reinventen. De ahí que, ante la mercantilización de la vida, el rescate de lo común se convierte en una tarea política, ética y cultural.
