Por C. I. Vigletti.
El 13 de junio de 2025, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo No. 28, en el que ordena el traslado temporal del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Comandancia General de la Policía Nacional a la ciudad de Guayaquil. A primera vista, este acto podría parecer una medida audaz frente al caos que vive el país, especialmente el Litoral. Sin embargo, una lectura más crítica sugiere que estamos ante una puesta en escena más que ante una estrategia estructural. Una forma de simular gobierno en tiempos de desborde.
La justificación legal del decreto recurre a los artículos 147, 154, 158 y 393 de la Constitución del Ecuador, que garantizan la seguridad integral, la obediencia del poder militar al poder civil y el rol de las Fuerzas Armadas como defensoras de la soberanía. El argumento esgrimido: actuar «según las necesidades que el país amerite». En este marco, el decreto deroga uno anterior (No. 290, del 3 de junio de 2024) que ya había establecido un traslado similar, pero a la ciudad de Manta.
¿Pero qué implica este nuevo gesto? ¿Estamos ante una verdadera política de seguridad o frente a una coreografía del poder?
El desplazamiento como espectáculo
Mover la sede de mando militar y policial a Guayaquil no representa, por sí solo, una solución concreta frente al crimen organizado. El narcotráfico no se combate con mudanzas administrativas. Se enfrenta con inteligencia estratégica, depuración institucional, control financiero, intervención social y, sobre todo, voluntad política. Ninguno de estos elementos está claramente articulado en el actual accionar del gobierno.
El traslado podría tener sentido si formara parte de un plan integral de recuperación del control territorial, con medidas simultáneas en puertos, aduanas, cárceles y barrios periféricos. Pero no es el caso. Lo que se ha hecho es mover la escenografía sin transformar el guion. Como si cambiar de locación bastara para detener una maquinaria que ha infiltrado no solo a las calles, sino a los escritorios del poder.
¿Descentralización o concentración?
Este decreto, más que descentralizar, recentraliza el poder operativo en una ciudad simbólicamente importante, donde la crisis se ha vuelto crónica. Guayaquil es, al mismo tiempo, puerto, frontera, enclave empresarial y epicentro de violencia. Convertirla en cuartel general de la seguridad nacional puede leerse como un intento de controlar el centro de la tormenta. Pero también, y quizás sobre todo, como una forma de consolidar una narrativa de liderazgo de acción, propia de un gobierno que se siente acorralado por su propia ineficacia.
En realidad, el traslado revela más una impotencia política que una estrategia de gobernabilidad. Cuando no se tiene un plan nacional, se recurre a gestos localizados. Cuando se teme perder legitimidad, se despliega fuerza simbólica. Guayaquil no está siendo recuperada, está siendo utilizada como escenario de supervivencia gubernamental.
La pantomima de seguridad
La narrativa oficial insiste en que esta medida responde a «las necesidades del país». Pero esas necesidades son estructurales, no logísticas. Requieren transformar la relación del Estado con el territorio, rearticular el tejido social, desmontar redes de corrupción y desmontar los pactos no escritos entre crimen y política. Nada de eso puede lograrse desde un cambio de sede, ni siquiera si se firma con todas las solemnidades del poder presidencial.
El problema no es solo la violencia en las calles. Es la normalización de un Estado que no gobierna, sino que improvisa. Que no anticipa, sino que reacciona. Que no piensa, sino que performa. Y lo más grave: que cree que gobernar es montar espectáculos.
¿Hacia dónde vamos?
Guayaquil se ha convertido en símbolo y síntoma. En símbolo de un país atrapado en redes de poder ilegítimo, y en síntoma de un Estado que ha renunciado a la profundidad en favor del impacto. Este decreto es una señal de lo que viene: más protagonismo del aparato de seguridad, menos democracia efectiva; más escenografía, menos política pública real.
El crimen organizado no teme a los decretos. Teme al control institucional, a la trazabilidad financiera, a la justicia independiente, al Estado presente en los barrios y las fronteras. Ninguno de esos elementos ha sido fortalecido. Por el contrario, han sido debilitados o ignorados.
En definitiva, tras la pantalla del Decreto No. 28 se esconde la fragilidad de un poder que ya no sabe qué hacer. Y como suele ocurrir en la historia latinoamericana, cuando el poder no sabe, actúa. Pero actúa como en el teatro: para ser visto, no para transformar. Qué desperdicio de recursos.
Fotografía El Tiempo
