Por C.I. Vigletti
Con la salida de Diana Salazar del cargo de Fiscal General del Estado, el Ecuador entra en una etapa crucial de transición institucional. No es solamente la sucesión de una funcionaria; es la reconfiguración de una de las piezas más estratégicas en el tablero del poder republicano. Y ello ocurre, no por azar, sino en medio de una intensa guerra política, donde sectores ultraconservadores buscan avanzar sobre los espacios de control institucional con una narrativa de orden, pero con claros intereses de captura.
El deber ser del Fiscal General
La figura del Fiscal General no debe reducirse a la de un técnico penalista ni a la de un cruzado anticorrupción a conveniencia. Su rol está constitucionalmente definido como el titular de la acción penal pública, garante del debido proceso, defensor del interés general y actor clave en la prevención del delito. Un Fiscal General actúa en nombre de toda la sociedad, no de un gobierno, ni de un partido, ni de una élite económica.
Se espera que quien asuma este cargo actúe con autonomía, con equilibrio, con una firmeza sin estridencias. Que no sea juez ni verdugo, sino un operador institucional que combine una ética de la responsabilidad con una visión garantista. Que no se preste a linchamientos mediáticos ni cierre los ojos ante estructuras criminales enquistadas en lo político, lo empresarial o lo estatal.
También se le exige valentía, pero no temeridad. Y, sobre todo, capacidad para construir una Fiscalía que no solo reaccione ante el delito, sino que trabaje con políticas públicas de prevención, con enfoque territorial, comunitario y de derechos humanos.
Una sucesión en medio de tormentas
La renuncia de Salazar no ocurre en tiempos calmos. Es parte de un ciclo donde las instituciones han sido llevadas al límite. La Fiscalía, como otras funciones del Estado, ha estado sometida a presiones cruzadas, a intentos de instrumentalización y a una narrativa peligrosa donde el adversario político es confundido con el enemigo penal.
Hoy, el proceso de selección del nuevo Fiscal está en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que deberá conducir un concurso de méritos y oposición. Pero el riesgo es que este proceso se convierta en un espacio de pujas partidistas disfrazadas de legalidad, donde se premie la obediencia en lugar de la capacidad.
Ya se escuchan nombres, ya se activan lobbies, ya circulan vetos y bendiciones. Y todo esto ocurre mientras el país sigue enfrentando una creciente violencia criminal, estructuras mafiosas que corroen territorios enteros, y una ciudadanía cada vez más escéptica de la justicia.
Un llamado a la cordura
Este momento exige madurez democrática. Exige que el CPCCS actúe con responsabilidad, transparencia y altura ética. Que los medios, los juristas, la academia y la sociedad civil asuman un rol vigilante, propositivo, no sectario. Que se exija lo mejor del proceso, pero también lo mejor del país.
El nuevo o la nueva Fiscal General no puede ser un peón de coyuntura ni una figura decorativa. Debe ser alguien que entienda la gravedad del momento, que no se deje arrastrar por vendettas ni presiones, y que tenga el temple de enfrentar con estrategia, y no solo con reacción, la compleja red de criminalidad y corrupción que carcome nuestras instituciones.
El país no necesita un fiscal con agenda ideológica, sino uno con vocación republicana. No uno que castigue al enemigo, sino uno que sirva al derecho.
En esta hora frágil, llamamos a la defensa serena pero firme de la independencia de los poderes del Estado. La justicia no puede ser otro campo de batalla partidista. Debe ser la base desde la cual podamos imaginar, otra vez, un país posible.
