Por C.I. Vigletti.
En el teatro del poder, donde los mandatarios gobiernan no con justicia sino con astucia, se presenta una ley que, bajo el manto de la seguridad, busca desarticular las economías criminales. Esta ley, calificada de urgente en materia económica, pretende cortar los flujos financieros que alimentan la violencia estructural y restituir el control estatal sobre los territorios dominados por las economías ilícitas. Pero cuidado, pues en la política, la guerra y la ley son armas gemelas y quien domina ambas no busca solo el orden, sino la perpetuidad en el mando.
En Ecuador, donde el gobierno ha extendido sus tentáculos sobre la Asamblea Nacional mediante la cooptación de bancadas bisagra y la consolidación de una mayoría complaciente, el Proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno podría convertirse en una daga envuelta en seda. A esto se suma el carácter de urgencia económica, un recurso que convierte a la ley en una espada de Damocles sobre el cuello de los legisladores, pues si la Asamblea no la trata en el plazo establecido, la ley entrará en vigor por decreto ejecutivo, sin más trámite ni debate. Así, el poder del mandatario se amplía sin contrapeso alguno.
El Conflicto con la Corte Constitucional: ¿Quién tiene el control?
En paralelo a esta propuesta de ley, el Ejecutivo ha entrado en un conflicto abierto con la Corte Constitucional por la creación de una comisión interinstitucional para combatir el crimen organizado. La Corte ordenó la creación de dicha comisión para enfrentar la violencia y el crimen mediante mecanismos ordinarios, evitando la constante extensión de estados de excepción. Esta decisión ha sido interpretada por el Ejecutivo como una intromisión en sus atribuciones exclusivas en materia de seguridad, generando tensiones que revelan la lucha por el control del aparato estatal.
El conflicto se intensifica cuando el Ejecutivo presenta un pedido de modulación, argumentando que la Corte carece de competencias constitucionales para definir políticas de seguridad. La Corte, sin embargo, reafirma su postura: no busca definir estrategias de seguridad, sino garantizar que el tratamiento del crimen organizado se realice sin vulnerar derechos constitucionales ni perpetuar medidas excepcionales. En un contexto donde el Ejecutivo pretende ampliar sus poderes mediante la Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal, la intervención de la Corte se convierte en un obstáculo para quienes buscan gobernar sin límites ni rendición de cuentas.
Los Peligros para el Pueblo:
El Príncipe que acumula poder absoluto: Cuando un líder coacciona a las bancadas bisagra y compra votos en la Asamblea, no actúa como un servidor del pueblo, sino como un mandatario que expande su dominio. Esta ley otorga al Ejecutivo la facultad de declarar unilateralmente un conflicto armado interno, una potestad que, sin control judicial ni contrapesos, puede convertirse en el decreto de la muerte política para quien se atreva a cuestionar al mandatario. La intervención de la Corte Constitucional, en este sentido, se erige como el único dique de contención ante el avance de un poder ejecutivo que busca actuar sin frenos.
Confundir al enemigo externo con el enemigo interno: En las guerras del poder, el verdadero arte reside en definir al enemigo. Esta ley, con su ambigua definición de conflicto armado interno, permite al soberano declarar a cualquier grupo opositor como parte del crimen organizado. Así, los movimientos indígenas, los sindicatos o los activistas sociales pueden pasar a ser objetivos militares, mientras los verdaderos delincuentes negocian en las sombras su lealtad al trono.
La criminalización de la pobreza: Si el objetivo es desarticular las economías criminales, el método parece claro: destruir todo aquello que pueda sostenerlas. Pero ¿y si el resultado es el colapso de las economías lícitas en regiones empobrecidas? La ley, que promete atacar los flujos financieros del crimen, puede acabar matando al único sustento económico de miles de familias que, por falta de oportunidades, viven del comercio informal o de cultivos ilícitos. En política, el hambre es un arma tan eficaz como la espada.
Consejos para un Mandatario que no desea caer en desgracia:
No entregues toda la espada a un solo hombre: Si el mandatario otorga a sí mismo el poder de declarar unilateralmente un conflicto armado interno, pronto será visto como un tirano. Mejor sería someter dicha decisión al control de la Corte Constitucional, cuyo prestigio es el único capaz de mitigar la percepción de abuso de poder. En este contexto, la intervención de la Corte mediante la creación de la comisión interinstitucional para combatir el crimen puede considerarse un intento de frenar los excesos del Ejecutivo.
No confundas a tus enemigos: Si la ley carece de definiciones claras sobre quién es un grupo armado organizado y quién es un opositor político, el mandatario corre el riesgo de ser percibido como un dictador. Mejor será definir con precisión los criterios de criminalidad y excluir explícitamente a sectores vulnerables y comunidades organizadas.
Divide y vencerás, pero no mates de hambre al pueblo: Si el objetivo es cortar los flujos financieros del crimen, la estrategia debe considerar que en las regiones empobrecidas, el narcotráfico es el único patrón que paga. Mejor sería implementar programas de desarrollo económico en paralelo, evitando que el remedio se convierta en veneno.
En conclusión, el Proyecto de Ley para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno es un arma de doble filo. En manos de un gobernante sabio y justo, podría restituir la paz y el orden. Pero en manos de un mandatario codicioso, podría ser el pretexto perfecto para consolidar un régimen de terror donde la disidencia política, la pobreza y la protesta social se confundan con la criminalidad organizada. ¿Será Ecuador un laboratorio de justicia o un campo de concentración disfrazado de paz? Esa es la pregunta que la historia aún debe responder. Y en esta batalla por el control del poder, la Corte Constitucional emerge no solo como un árbitro legal, sino como el último bastión contra el absolutismo gubernamental.



