Por C. I. Vigletti.
Introducción: La guerra que no se nombra
En el debate público ecuatoriano se repiten una y otra vez los términos «seguridad», «narcoterrorismo», «estado de excepción» o «guerra contra el crimen organizado». Pero hay una palabra que, aunque flota en el aire, rara vez se nombra por lo que implica: guerra política. No se trata de una guerra clásica ni de un conflicto armado en el sentido convencional, sino de una forma compleja y sofisticada de dominación ideológica, institucional y emocional. Una guerra total, sin frentes definidos, en la que el adversario no es un actor externo, sino una parte de la propia nación: la oposición política, el pensamiento crítico, la ciudadanía movilizada, incluso la memoria.
Este artículo propone conceptualizar la guerra política como estrategia de gobierno, y no solo como reacción circunstancial. Sostendremos que el actual régimen ecuatoriano, liderado por Daniel Noboa, ha institucionalizado esta guerra como plan de acción, retomando lógicas de poder que provienen de momentos anteriores, pero que hoy se consolidan en una arquitectura tecnopolítica coherente, de carácter autoritario, que apela tanto a la psicología colectiva como a la razón de Estado.
Guerra política: una definición necesaria
Desde la filosofía política, se ha explorado la noción de guerra como extensión de la política (Clausewitz), pero también como su inversión: para Foucault, la política es la continuación de la guerra por otros medios. En esa clave, Achille Mbembe y Giorgio Agamben han desarrollado el concepto de necropolítica: la administración estatal de la muerte y de la violencia como forma de gobierno.
La guerra política, tal como la entendemos en este texto, es una forma de acción estatal que combina:
El uso selectivo del derecho y la justicia para destruir al oponente político (lawfare).
El control de los medios de comunicación para modelar la percepción ciudadana (guerra psicológica).
La fragmentación social a través del miedo y la precariedad (guerra simbólica).
La anulación del diálogo como forma de gobernabilidad.
No se trata de una guerra de ideas ni de argumentos: es una guerra para despolitizar la realidad, convertir al ciudadano en espectador y reducir la democracia a un estado de obediencia afectiva.
Psicología del miedo y fabricación del enemigo
Se ha demostrado que el miedo colectivo favorece la adhesión a liderazgos autoritarios, aun cuando estos no presenten propuestas claras o viables. El miedo permite justificar lo injustificable: la suspensión de derechos, la persecución de opositores, la censura, incluso el fraude.
En el caso ecuatoriano, el gobierno ha cultivado un clima de guerra permanente, donde toda oposición es asociada al crimen organizado, toda crítica es sospechosa de desestabilización, y todo desacuerdo es tratado como traición a la patria. La figura del «enemigo interno» se vuelve el centro de la acción simbólica del poder.
Pero el miedo no solo habita en el pueblo. También es el miedo del gobernante el que activa la maquinaria del poder absoluto. El miedo a perder el control, a que emerjan nuevas mayorías, a que las demandas sociales desborden los estrechos límites del discurso oficial. El miedo en el poder se disfraza de autoridad, pero no deja de ser miedo. Y en su fase más desesperada, el poder recurre al último de sus recursos: el circo. Shows mediáticos, escándalos fabricados, enemigos inventados. El poder se aferra al espectáculo porque teme al vacío de sentido.
De la excepción a la doctrina: el caso Noboa
Daniel Noboa no ha inventado esta guerra, pero la ha convertido en doctrina de Estado. A diferencia de otros mandatarios, no busca gobernar para todos, sino gobernar contra un sector del país. Su campaña no se basó en propuestas, sino en el odio al adversario. Y su gobierno ha sido una extensión de esa campaña: militarización, propaganda, censura, estado de excepción, y ahora, una propuesta de Constituyente cuyo objetivo es institucionalizar la exclusión.
Las elecciones de abril de 2025, celebradas en un contexto de guerra psicológica y asistencialismo, consolidaron esa lógica. Pero más que un triunfo electoral, fueron la validación de una estrategia de guerra: ganar gobernabilidad a través de la fragmentación social.
Guerra sin fin: implicaciones democráticas
Esta guerra no tiene fecha de caducidad, porque su objetivo no es resolver conflictos, sino mantener la polarización como herramienta de poder. En ese sentido, no estamos ante una crisis política, sino ante una transformación del régimen de lo político.
La democracia deja de ser un horizonte de convivencia para convertirse en un campo de batalla. El resultado es una ciudadanía exhausta, desmovilizada o emocionalmente manipulada. Y una oposición que, si no logra reconstruir un nuevo sentido de lo común, quedará atrapada en el rol de enemigo funcional.
Epílogo: repensar la supra razón oligarca banano-traficante y la razón de Estado
La guerra política desplegada en Ecuador no responde ya a la lógica tradicional de la razón de Estado clásica, aquella que busca preservar la estabilidad institucional y la soberanía nacional. Lo que hoy observamos es una supra razón, una racionalidad perversa que conjuga los intereses de una elite oligárquica con los del crimen organizado y actores transnacionales. Esta alianza configura un nuevo tipo de gobernanza, donde el Estado deja de ser mediador del bien común y se convierte en aparato de persecución, extractivismo y control.
Esta supra razón, que justifica la militarización, la represión simbólica y el vaciamiento institucional, no responde al interés nacional sino al mantenimiento de privilegios económicos y al cumplimiento de agendas externas. Es una racionalidad que necesita el miedo, la violencia y la desinformación como nutrientes vitales. Se impone desde los medios, se legitima con el derecho instrumentalizado y se reproduce desde los mecanismos de inteligencia y propaganda.
Repensar la razón de Estado hoy significa recuperar su función original: garantizar los derechos, proteger a los más vulnerables, y preservar la autonomía del país frente a poderes paralelos. Significa también desmontar la narrativa de guerra como justificación de toda medida autoritaria. Significa, en definitiva, devolverle a la política su dimensión humana, plural y transformadora.
Si el Estado se justifica por su capacidad de proteger a su pueblo, entonces la guerra política es la negación misma de esa razón. Gobernar a través del miedo, excluir a través de la ley, destruir al adversario a través del relato, no es gobernar: es neutralizar la posibilidad de la política.
Frente a esto, la tarea de los pensadores, científicos sociales, intelectuales críticos y movimientos democráticos es nombrar lo innombrado, y politizar lo despolitizado. Comprender la guerra política no es solo un ejercicio teórico, es un acto de resistencia: porque solo lo que se nombra puede ser cuestionado. Y solo lo que se cuestiona puede ser transformado.
