Los resultados de las elecciones presidenciales en lugar de darnos certezas generan más dudas en la percepción de la mitad del país, al extremo que Luisa González desconoce los resultados y exige abrir todas las urnas para un recuento uno a uno de los votos. El abultado porcentaje de diferencia entre la votación de Noboa y González -11% – genera más inquietud que confianza en el proceso electoral. Es fácil hablar de fraude, pero será difícil demostrarlo toda vez que los observadores nacionales e internacionales han dado su aval al proceso calificándolo de “normal”.
El desconocimiento de los resultados por parte de la candidatura de Luisa González es un gesto coherente con las sospechas de fraude que manifestó antes de los comicios y que viene a mermar aún más la percepción ciudadana que apenas expresa un 15% de confianza en el proceso electoral y sus administradores del CNE. Otorgando a los impugnadores del proceso el derecho a la duda razonable, amerita mantener la vigilancia a la impugnación hasta ver qué rumbo toman los acontecimientos.
Las elecciones se ganan o pierden políticamente, salvo fehacientes pruebas de fraude y esto suele suceder por razones ajenas a la voluntad ciudadana o por meter la mano al escrutinio de los comicios. Las derrotas son producto de la acción del contrincante y de errores propios cometidos durante la campaña como poner en el tapete del debate político temas tan sensibles como la desdolarización, regulación de los medios, creación de organizaciones barriales, reconocimiento de regímenes cuestionados, etc.
A la luz de los hechos los resultados electorales tienen viso de una derrota política e ideológica del correismo que se enfrentó a todos los recursos del Estado y sus instituciones administrativas y de control. Los aparatos ideológicos del Estado – justicia, educación, iglesia, prensa, organismos de control – aupados por una clara acción de excepción militar y policial, en manos de un contrincante, el presidente-candidato, Daniel Noboa, son un hueso duro de roer.
La campaña orquestada que posiciona una supuesta derrota electoral progresista que supone el rechazo ciudadano al correismo bajo una clara posición anticomunista, cualidad que le endilgó la derecha política bajo acusación de llevarnos a un régimen autoritario, antidemocrático, corrupto y estatista similar al existente en Venezuela que nos haría perder presuntas libertades democráticas, dio resultados.
La campaña oficial se alimentó de ingredientes tales como terror al comunismo, desconfianza en un gobierno progresista, dos características de un eventual gobierno de Luisa González que no se compadecen con la realidad: el correismo no es comunismo y el progresismo no iba a atentar contra libertades democraticas ante la necesidad de consolidar un gran frente de unidad nacional buscando gobernabilidad.
Este posicionamiento que le otorgó el noboismo obligó a Luisa González a desideologizarse del progresismo y marcar distancias con el líder histórico del correismo en el exilio, para mostrarse más unitaria e incluyente con otros sectores diversos como la CONAIE, una menguada izquierda tradicional -PS, PC, MIR- e incluso con representantes de la derecha convencional como Jan Topic. Solo sectores de una pseudo izquierda “maoísta” quedaron al margen y hoy se pueden alegrar de un fracaso de la unidad progresista.
Desde otra perspectiva, el correismo es un movimiento esencialmente electoral de clase media, inorgánico e ideológicamente ambiguo, que a la luz del carisma de su líder histórico desplazó políticamente durante una década a la partidocracia tradicional y se proyectó como un poder alternativo con un outsider que gobernó amparado en un populismo de corte personalista. En otras palabras, la candidatura de Luisa González esta vez apeló al establishment político que la rechazó por temor a que ejecute en el poder acciones consideradas intocables, como la desdolarización, regulación de los medios de comunicación, reconocimiento de regímenes supuestamente totalitarios como el venezolano, creación de brigadas populares, pérdida de privilegios y libertades neoliberales, etc.
El posicionamiento que hizo la derecha de la candidatura de Luisa González contó con la amplificación de los medios informativos obsecuentes y sus analistas de turno, en la difusión de “principios” políticos tales como la libertad de empresa, libre mercado, desregulación de la opinión mediática, rechazo a la acción organizada de sectores populares, dolarización y repudio a regímenes considerados dictatoriales.
Bajo esa presión, el correismo se desnaturalizó, dejó de defender con prestancia lo que siempre defendió, y su disyuntiva fue qué tan difícil como ser correista sin parecerlo. En esa estrategia la candidata Luisa González logró una imagen propia, más independiente del líder histórico, proyectando sus naturales cualidades de mujer comprometida con los destinos de su pueblo, pero no fue suficiente.
Bregar contra el aparato de un Estado puesto al servicio del candidato-presidente es una tarea cuesta arriba. La restauración conservadora que lleva o reitera en el poder a la derecha política se nutre, precisamente, del anticomunismo, de la defensa de la “democracia” formal y de las libertades y privilegios neoliberales.
En otra lectura, la candidatura de ADN supuestamente habría logrado captar los votos que no consiguió en la primera vuelta en volúmenes impensados, al extremo de ampliar la diferencia con su contrincante de 16 mil sufragios en un empate técnico, a más de un millón de votos expresados en el 11% de distancia entre una candidatura y otra en segunda vuelta. Es posible que Noboa lograra convocar a sectores de la tercera edad que, atemorizados ante una eventual “dictadura comunista”, salió a votar e inclinó el resultado a favor del gobierno. A eso se suma el voto adolescente, desinformado e irreflexivo, que respondió a las ofertas populistas del régimen planteadas para captar a la juventud.
Al final del día, resulta altamente sospechoso que en provincias del país en donde Luisa González había obtenido un claro triunfo en primera vuelta, hoy pierda por una amplia diferencia o gane por un estrecho margen, como Guayas, Esmeraldas, El Oro, Imbabura y otras.
Es políticamente coherente desconocer los resultados y exigir un recuento total de votos bajo la sospecha de fraude que, en todo caso, hay que demostrar, y que se habría cometido con la utilización o complicidad de toda la institucionalidad del Estado.
Un país más polarizado
La abultada votación que obtiene Daniel Noboa no significa un consenso nacional en torno a un proyecto específico, puesto que ese proyecto oficial no existe en firme, lo que hay son intenciones declarativas de gobernar en la línea neoliberal, implantar una Constituyente para desmontar el modelo estatista que impuso el correismo, reformar el régimen laboral, desmantelar el CPCCS para controlar a los organismos de control, consolidar la privatización de recursos públicos y alinear al país con objetivos geoestratégicos estadounidenses bajo el más abierto entreguismo de soberanía nacional.
Esa perspectiva genera aún mayor polarización, Noboa tiene medio país en contra con una muy difícil perspectiva de gobernabilidad, pero cuenta con la opción de gobernar autoritariamente. Frente a esa situación, no obstante, el gobierno dispone de un coro obsecuente de voces que, como la Iglesia Católica, medios de comunicación y otros, le solicitan asumir la “voz de las urnas”, mientras exhortan a otras fuerzas políticas a trabajar por un proyecto que supuestamente ha movilizado a todo un país. La Asamblea Nacional, escenario natural de la confrontación política, expresará una polarización que eventualmente incendie las calles con movilizaciones populares, a medida en que el régimen radicalice su política represiva, incumpla las promesas electorales y profundice la crisis nacional con una postura abiertamente antipopular.
En esa línea, la política de Donald Trump de “apoyo” a Ecuador y el entreguismo de Noboa al Pentágono, tiene el precio de una grave pérdida de soberanía territorial con presencia de bases militares extranjeras, concesión de uso de terreno insular e injerencia imperial en decisiones nacionales que deberían ser soberanas. Este país, hoy polarizado, queda más que nunca expuesto a los designios geopolíticos foráneos, más que antes convertido en colonia regional localizada en el patio trasero del imperio.
