Por C. I. Viglietti
El proceso de revocatoria de mandato impulsado contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, no puede analizarse de forma aislada ni descontextualizada del momento político que atraviesa el país. Este intento de remoción es parte de una estrategia sistemática de desestabilización que se ha venido aplicando a gobiernos locales identificados con la Revolución Ciudadana (RC), cuyo objetivo es debilitar su capacidad de gestión y erosionar su legitimidad institucional.
El exalcalde de Quito Augusto Barrera, en una entrevista reciente para Radio Pichincha (2025), fue categórico: «El proceso de revocatoria debilita la institucionalidad de la ciudad, es una estrategia político-electoral que juega con los votos de la ciudadanía». Según Barrera, el tercer año de gestión es precisamente cuando las administraciones logran despegar sus proyectos estratégicos. Interrumpir este ciclo por motivos políticos no solo vulnera la gobernabilidad, sino que envía un mensaje de alta inestabilidad al sistema político y económico de la ciudad. Como él mismo señala: “¿Quién invertirá en una cosa de 30 años, si en ocho meses tiene un alcalde que se va? La afectación es grave”.
La instrumentalización de la revocatoria
La figura de la revocatoria, contemplada en el artículo 105 de la Constitución del Ecuador, es un mecanismo legítimo de participación democrática, pero su aplicación en contextos polarizados se convierte en una herramienta de “golpe blando” que busca remover autoridades sin agotar los canales institucionales de evaluación ni cumplir con criterios objetivos. Este patrón ha sido observado en otros gobiernos seccionales, como la Prefectura del Guayas, la Alcaldía de Guayaquil y otros municipios gobernados por la RC.
En palabras de Edelberto Torres-Rivas, uno de los teóricos más importantes de la ciencia política latinoamericana, «la democracia es vulnerable cuando sus procedimientos se manipulan con fines de revancha política o control hegemónico del poder». Lo que observamos en Quito es un caso paradigmático: un mecanismo ciudadano convertido en arma política.
Además de la revocatoria, los alcaldes también enfrentan riesgo de destitución por votación de dos tercios del concejo, causas judiciales o informes de la Contraloría, lo que configura un escenario de hipervulnerabilidad institucional que mina la continuidad de políticas públicas de largo plazo.
Fotografía Quito Informa
