Difícilmente periodistas de diversos países latinoamericanos podrán auspiciar un mejor año entre sus colegas si la situación del 2024 tiende a repetirse de México a Argentina, con un periodismo bajo asedio en América Latina, ataques y represión como normalidad del año que concluye. Represión de regímenes autoritarios y hostigamiento contra periodistas por parte del crimen organizado han sido la tónica de la prensa regional este 2024.
Un informe del diario español El País reporta el ataque armado a la redacción del periódico Adiscusión, en Culiacán capital del Estado de Sinaloa, México. Ya en agosto del 2011 el director del periódico había sido secuestrado y asesinado con un tiro en el cuello. Luego en octubre en la misma ciudad la redacción del periódico El Debate fue atacada a balazos y secuestrado un trabajador. Estos crímenes forman parte del contexto en que se desarrolla el periodismo mexicano que hace parte de la prensa continental asediada por la violencia.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), consigna que la tendencia de represión y acoso contra la prensa es una norma latinoamericana. México encabeza la lista de países “más violentos” contra la prensa y, por tanto, el más complejo para ejercer el periodismo. En ese país se ha reportado cuatro asesinatos de reporteros hasta noviembre pasado que hacen parte de la lista de 49 profesionales del periodismo asesinados entre 2019 y 2024, según la organización Artículo 19 que ha reportado 168 asesinatos de periodistas desde el año 2000. Estos crímenes son atribuidos “a las redes de complicidad entre autoridades y grupos delincuenciales”. Según la organización, ante un nuevo gobierno es imperativo romper el pacto de impunidad y resulta urgente frenar el avance de las “zonas de silencio que deja la violencia contra la prensa”. Sin embargo, México se ha convertido también “en refugio de reporteros que han dejado sus naciones, perseguidos por gobiernos de corte autoritario”. Se estima importante para la región que México pueda marcar una solución apoyando a los periodistas en el exilio y cree lugares de refugio para que los periodistas puedan continuar haciendo periodismo fuera de sus países, donde no pueden hacerlo. México, y en particular la capital, se ha convertido en un santuario donde la prensa del exilio puede trabajar, “pese a obstáculos burocráticos para acceder a visados o permisos de residencia, al alto costo de la vida y la precariedad salarial”. La CPJ hace referencia también a la salida hacia la nación norteamericana como destino de decenas de periodistas de países como Cuba, Nicaragua o Venezuela, con gobiernos que marcan tendencias de persecución contra quienes ejercen la profesión.
El informe del diario español, señala que Daniel Ortega y su recién nombrada copresidenta, su esposa Rosario Murillo, “es uno de los regímenes más virulentos contra la libertad de prensa. Ortega ha confiscado y cerrado redacciones, ha perseguido a reporteros, les ha decomisado sus bienes, los ha obligado al exilio y arrebatado su nacionalidad. Ahora en Nicaragua es imposible ejercer la profesión en libertad, mientras que este año el Gobierno ha reforzado su feroz persecución contra las voces críticas, con una reforma a la llamada Ley de Ciberdelitos que aumenta las penas y la potestad de perseguir extraterritorialmente “delitos informáticos”.
Defensores de los derechos humanos de la profesión informativa ponen especial atención en el gobierno de Nayib Bukele que regenta El Salvador ante el temor que se encamine a una situación similar en el ojo de la persecución del Estado. Este mes Human Rights, organización de derechos humanos, ha advertido del peligro que representa para la libertad de prensa y el derecho a la privacidad la aprobación en el Parlamento salvadoreño de dos leyes sobre ciberseguridad y protección de datos, impulsadas por el régimen de Bukele, presidente que se ”ha tomado el Poder Judicial, el Legislativo, la Fiscalía e ir en contra de los medios y la sociedad civil”, según la ONG internacional.
Además, el informe muestra preocupación por “el aumento en este año de los ataques contra los medios, sin que haya mayores consecuencias, tanto de las autoridades como del crimen organizado, lo que genera un ambiente no solo de impunidad, sino también de autocensura”. En ese clima campean hechos “desde asesinatos, secuestros, detenciones, ataques verbales y físicos. Eso es como una moneda corriente en la región y es una amenaza a la supervivencia del periodismo independiente”.
Argentina está en el ojo del huracán con uno de los regímenes que jalonea contra la libertad de prensa. Javier Milei es el mandatario que se ha convertido este año en uno de los más difíciles para la prensa de ese país sudamericano. Milei ha restringido el acceso a la información pública, a través de un decreto que “impide que se hagan públicos aquellos datos que el mandatario considere de índole privada”. El mandatario gaucho ultraderechista se niega a realizar ruedas de prensa y acusa a los periodistas de mentir sobre su gobierno. Su estrategia consiste en “disciplinar y amedrentar” a los grandes medios informativos y atacar constantemente a periodistas y voces críticas al gobierno, con el concurso de “milicias digitales” que siembran el odio contra la prensa en redes sociales, bajo el concepto de que “los periodistas son torturadores seriales”.
Otra de las amenazas que enfrenta el periodismo latinoamericano son “las nuevas formas de consumo del mundo digital y a la que muchos medios aún no se adaptan”. No son pocos los casos en que se publica contenido sin verificación, que se consume de forma masiva. Expertos consideran que las audiencias “no son fieles en este tipo de ecosistema digital y eso genera una dificultad para la prensa independiente de poder hacer su trabajo, mantener ese rol de perro guardián, de arrojar luz a los abusos de poder”. A esto se suma la falta de disposición de los públicos a sostener suscripciones limitando, en muchos casos, la sobrevivencia de la prensa independiente.
Organizaciones gremiales del periodismo regional han sugerido definir al periodismo independiente como “un servicio social para abrir nuevas formas de financiamiento, concientizar a los donantes sobre la necesidad de mayor flexibilidad en los fondos que entregan a la prensa, utilizar la tecnología para la creación de contenido audiovisual que se adapte a las nuevas formas de consumo”, pero también crear fondos que permitan “ayudar a los periodistas en el exilio y su sostenibilidad económica a largo plazo”. Recomiendan además “implementar manuales de seguridad para proteger al periodismo independiente”.
Un periodismo que tiene con frecuencia que enfrentar el odio ejercido desde el poder y a la cotidianidad de las balas, como muestran los proyectiles incrustados en los cristales y los muros que silenciaron la libertad de prensa en las redacciones de los diarios atacados por sicarios en Sinaloa, en un mal año para la prensa latinoamericana.
