Luego de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera esta semana órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, ex ministro de Defensa de ese país, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza, las reacciones en América Latina se muestran contradictorias.
La acusación que sindica a Netanyahu y Gallant como “responsables penalmente y coautores de los crímenes de guerra, de uso del hambre como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”, implica la emisión de una orden de arresto a los sindicados. Además, se les considera responsables como “superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir de forma intencionada ataques contra la población civil” en la Franja de Gaza. Ambos privaron intencionalmente a la población civil de bienes indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad, entre octubre de 2023 y mayo de 2024, lo cual tuvo consecuencias en la muerte de civiles, incluidos niños, debido a la desnutrición y la deshidratación. Por lo menos 44.056 personas murieron en más de 13 meses de guerra entre Israel y los militantes palestinos y 104.268 personas resultaron heridas en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra. La resolución de la CPI supone que los sindicados no pueden viajar a los 120 países que suscriben las resoluciones de la corte penal internacional, so pena de ser arrestados.
Reacción latinoamericana
La reacción en América Latina frente a estos hechos refleja la contradictoria postura ideológica que impera en la región respecto del conflicto en el Oriente Medio. Por su parte, los gobiernos de Argentina, Colombia y Paraguay expresaron criterios disímiles frente al tema.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, manifestó que el fallo de la CPI “es lógico, Netanyahu es un genocida. El tribunal de justicia del mundo lo dice y se debe acatar su fallo”. Petro expresó que en el mundo existe una lógica «de la destrucción masiva, desatada en la crisis climática y la lógica de las bombas que suelta un criminal como Netanyahu sobre Gaza», y añadió que el primer ministro israelí «es un héroe para el 1% más rico de la humanidad, porque es capaz de mostrar que los pueblos se destruyen bajo las bombas». Petro dijo además que espera que el presidente estadounidense, Joe Biden, reconozca la medida judicial como legítima: “Si Biden desconoce esta orden, simplemente conduce al mundo a la barbarie. Europa occidental debe recobrar su independencia en la política internacional y actuar para cumplir la orden judicial”. El mandatario colombiano concluyó en que “el pueblo de Dios no era el pueblo de Israel, no es el pueblo de los Estados Unidos de América, sino que el pueblo de Dios es la humanidad toda. Y los niños de Gaza eso eran, el pueblo elegido de Dios. Están matando al pueblo elegido de Dios, los niños de la humanidad”.
Por otra parte, el régimen argentino de Javier Milei, mostró su «profundo desacuerdo» con la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI). Milei hizo evidente su apoyo al Gobierno de Israel y dijo que la resolución de la CPI «ignora el legítimo derecho de Israel a defenderse frente a ataques constantes por parte de organizaciones terroristas como Hamas y Hezbolá». Las autoridades del Estado de Israel, afirma un comunicado de la Oficina del Presidente de la República Argentina, OPRA, «lejos están de ser criminales» sino que «por el contrario, intentan salvar a la población de su país del exterminio». La Argentina, concluye el comunicado compartido por Milei, «se solidariza con Israel, reafirma su derecho a proteger a su pueblo y exige la liberación inmediata de todos los rehenes», al tiempo que hace «un llamado a la comunidad internacional para condenar las acciones de Hamas y Hezbolá, defender la soberanía de Israel y actuar con justicia e imparcialidad en la búsqueda de una paz duradera en la región”.
A esta postura se suma el gobierno de Paraguay, manifestando que “rechaza enérgicamente la instrumentalización política del derecho internacional y considera que esta decisión compromete la legitimidad de la Corte, además de debilitar los esfuerzos por la paz, la seguridad y la estabilidad en Medio Oriente”. Ese país también se había expresado en contra del ingreso de ayuda humanitaria a Gaza en una votación de la ONU, junto a Estados Unidos, que financia la guerra. “Nuestra solidaridad con la hermana nación de Israel y con su primer ministro”, aseguró el actual mandatario paraguayo Santiago Peña, luego de decidir mudar la embajada paraguaya de Tel Aviv a Jerusalén, territorio en conflicto.
Las divergentes posturas latinoamericanas confirman el grado de politización existente frente a las resoluciones jurídicas relacionadas con el conflicto árabe israelí. La historia en su expresión real se encargará, más temprano que tarde, de motivar coincidencias de repudio a los crímenes de guerra, la violación de los derechos humanos y el genocidio perpetrado contra civiles por gobiernos que justifican sus acciones criminales inspirados en el fundamentalismo politico y religioso.
