Por Leonardo Parrini
A dos años de que fuera rechazada la propuesta de nueva Constitución en Chile, el proceso político no está cerrado, puesto que sigue pendiente impulsar transformaciones que establezcan las bases de un sistema social y político democrático que redunde en una nueva calidad de vida para los chilenos.
Luego de este tiempo marcado por el reloj del rechazo en el plebiscito, las demandas de una nueva Constitución y las causas que dieron origen a ese proceso, no han sido abandonadas por el pueblo chileno.
Un estudio de Desarrollo Humano del PNUD 2024 asi lo establece al indicar que persiste la adhesión al cambio en un 88%, y cambios profundos en un 75%, pero graduales en un 57%. Además, en Chile prevalece el criterio de que el país ha vivido cambios, pero estos no han llegado a quienes más lo requieren en materia de salud, educación, salario, trabajo, etc., de modo que amerita una explicación el rechazo al cambio, principal obstáculo legal para las transformaciones.
El Estallido Social del 2019 dio origen a la exigencia de un cambio constitucional, y la derecha en su discurso hoy estigmatiza esa movilización como un hecho delincuencial, cuando en realidad la clave de esa protesta ciudadana fue su legitimidad amparada en la amplitud de quienes mayoritariamente participaron en las manifestaciones que llegaron a colmar las calles de Santiago con más de un millón de personas. Observadores coinciden en que aquello no fue mera marcha popular caricaturizada por los sectores conservadores, sino la expresión de la abrumadora mayoría de la ciudadanía que en su conjunto se siente abandonada por elites indiferentes a sus demandas. En ese sentimiento popular que prevalece vigente radica el hecho de que aquel ciclo político continúa sin cerrarse. En su momento las elites económicas y políticas lo percibieron y lo que hicieron fue sumarse a la manifestación por cambios profundos de un modelo ya agotado. Dicha caducidad del modelo neoliberal obligó a los propios empresarios chilenos a abrirse a un proceso de transformación constitucional y fue la táctica inicial para minimizar su desprestigio frente a la ciudadanía que luego abandonaron para volver a defender el orden social y económico vigente en el país. El malestar popular fue canalizado en una propuesta de dotar al país de una nueva carta constitucional que sustituya la Constitución impuesta por la dictadura pinochetista. Se habló entonces de nuevas reglas del juego en función de superar las desigualdades que se plasmó en el principio de subsidiariedad y poca protección de derechos sociales. De esa forma el sistema político respondía a la coyuntura, no obstante desde una visión política democrática real se advertía la necesidad de mayor participación popular. Y aquello quedó claramente evidenciado en el resultado de un plebiscito que optó por el cambio constitucional mediante una Convención elegida por voto popular en el que fueron elegidos representantes de los movimientos sociales.
Sin embargo estaba pendiente explicar el rechazo que expresó una mayoría más amplia. El motivo acaso radica en el hecho de que la propuesta constitucional que contenía temas sentidos por la ciudadanía, abordaba también temas distantes de su interés y preocupación. Por otra parte, los miembros de la Convención elegida para redactar la nueva Constitución mantenían una desconexión con sus electores ciudadanos, lo que fue aprovechado por la derecha que desprestigió deliberadamente a la Convención y sus integrantes.
El estudio de Desarrollo Humano del PNUD 2024 confirma en este sentido, una subjetividad social marcada por el pesimismo, la sospecha y la falta de confianza que no supera el 15%. Para la percepción ciudadana los malos de la película en esta trama de abandono popular, son las élites empresariales y políticas en una sociedad en que la desconfianza obliga a mirar con sospecha a los sectores conservadores.
Sin duda, queda claro que en Chile el rechazo a la propuesta de cambio constitucional se explica por la incapacidad de los liderazgos para comunicarse con los sectores populares y dar curso a sus demandas, tanto en el texto de la nueva Constitución redactada como en lo emocional que determina el factor subjetivo de la política, es decir, la voluntad popular.
También el segundo rechazo a los cambios constitucionales está relacionado con la oferta de una propuesta inmovilista que pretendía mantener inalterado el sistema privatizador que limita la acción del Estado en la lucha por la subsistencia popular.
Esta situación exacerbó las desigualdades en Chile y, sin embargo, todo intento de ridiculizar a quienes propugnan la necesidad de cambio mediane una caricaturización absurda, está destinada al fracaso, puesto que el Estallido Social conscientizó a la ciudadanía de un malestar aún vigente.
A dos años del rechazo a la primera propuestaa constitucional, lo relevante en Chile es impulsar transformaciones sustantivas que establezcan las condiciones de un sistema social y político realmente democrático que incida en el sentimiento popular.
Es urgente en el país de Allende un nuevo contrato social que brinde tranquilidad, seguridad y protección al pueblo. El reto de la izquierda y el progresismo chilenos es lograr la unidad en torno a objetivos comunes y alistarse para emprender un cambio que restituya la confianza del pueblo en el proceso. Una asignatura pendiente y necesaria más temprano que tarde.
