Por Lucrecia Maldonado
Sucedió en algún lugar del Ecuador: la pareja se había esforzado por reunir el dinero necesario para realizar un parto por cesárea, quizá era lo indicado en aquel caso. El bebé nació con alguna complicación, pero el tratamiento adecuado tenía un precio tan alto que decidieron hacerlo atender en un hospital público. Pero en ese momento la clínica privada se negó a dejar salir al infante mientras no se cancele el monto anterior, que ascendía a alrededor de ocho mil dólares. Se infiere que tampoco lo atendieron, con lo cual el bebé falleció. Y cuando los padres pidieron el cuerpecito de su niño, también se les negó, pues tenían que pagar para poder hacerlo.
La historia duele, indigna, horroriza. Y no solo eso, asusta y cuestiona: ¿hasta dónde vamos a llegar para darnos cuenta de la descomposición total de nuestro país? El mundo de los negocios no se compadece de nadie, ni siquiera de los padres que quieren despedir con un mínimo de dignidad a su bebé de apenas horas de nacido. Ni siquiera del bebé que requería atención urgente para continuar con vida. Ni siquiera de la familia que intentaba sortear la difícil situación de enfrentar el difícil nacimiento de un niño con algún problema que requería atención urgente.
No solamente es el darwinismo o la selección natural aplicados a rajatabla y no precisamente relacionados con las características biológicas de la especie, sino sobre todo con la dudosa virtud de ganar dinero. Es también el pasar por encima de cualquier derecho y de cualquier circunstancia de vida o muerte y sacrificar lo que sea en aras de la codicia, más allá de cualquier sentido de humanidad.
Tal vez resulte ocioso o pírrico decir que una noticia como esta no se habría dado hace siete años, ni en los diez años anteriores. Aunque existió el caso de una joven extranjera que fue atacada y también falleció porque la clínica a la que la llevaron se negó a atenderla ante la falta de ‘garantías económicas’. Sin embargo, hubo todo un proceso ante tal despropósito criminal.
Lo triste y sorprendente es que a pesar de esta situación y otras similares, la gente sigue pensando que los banqueros y empresarios saben cómo ‘manejar’ o administrar el país. Lo deprimente es la creencia infundada en que una persona o una familia con grandes patrimonios individuales o familiares gobernarán para todo un país. Y lo indignante es que ni siquiera enfrentando este tipo de situaciones la gente alcanza a darse cuenta de que es necesario e imprescindible un golpe de timón para recuperar por lo menos la dignidad ante la existencia humana.
El bulldozzer privatizador de los tres últimos gobiernos neoliberales pasa sin piedad por encima de los derechos humanos. El deterioro implacable y provocado de los servicios públicos no cesa, pues es más fuerte la intención de salvaguardar los intereses de la plutocracia, ahora enseñoreada con todo el cinismo y estulticia del caso, antes que defender los derechos más elementales de los ciudadanos, entre ellos el derecho de nacer, y de vivir.
