Por Leonardo Parrini
Un sano y realista optimismo, a veces nos hace a los seres humanos cifrar esperanzas donde aparentemente no la hay: no todo está perdido, es la frase que acompaña dicha actitud. Cuando en medio de un clima de inseguridad, mentiras y represión que se caracteriza por la decisión oficial de expulsar a periodistas del país, falsear informes oficiales y cometer actos delincuenciales reñidos con la seguridad ciudadana, no deja de ser esperanzador que surjan espacios de reflexión periodística que analizan estos temas en busca de una explicación, concientización y posible solución de estos hechos.
Recientemente me topé en redes sociales con un programa alternativo de periodismo ciudadano, conducido por tres personas que han demostrado solvencia profesional en el manejo de espacios mediáticos de opinión. Me refiero al programa ContraCorriente Digital, conducido por la escritora y comunicadora Lucrecia Maldonado, el sociólogo y analista Hernán Reyes y el periodista Omar Ospina, que se transmite los miércoles por un canal de YouTube. En reciente entrega el espacio abordó un tema de candente actualidad: ¿Para cuándo la depuración en las fuerzas armadas y policía nacional?
En la exposición de motivos los panelistas formularon una pregunta urgente en los actuales momentos en que una retahíla de actos delictivos cometidos por efectivos de las fuerzas armadas y policías nos dan a entender que no se trata de hechos aislados y tampoco de una política de Estado.
Nosotros adicionamos otras interrogantes: ¿Los militares y policías integrantes de las fuerzas armadas del país, están armados de qué, además de pistolas y fusiles? ¿Cómo son reclutados, cuál es la formación que reciben en sus centros de formación profesional, quiénes son sus maestros y cuáles sus contenidos curriculares?
En su exposición, Maldonado mencionó que, lejos de ser hechos aislados, los actos reñidos con la ley y la ética cometidos por efectivos militares y policiales son de una frecuencia preocupante, y que la depuración interna de ambas instituciones es urgente para evitar que se repitan casos como los femicidios de María Belén Bernal, ocurrido a manos del policía Germán Cáceres en la Escuela de Policía de Pusuquí en el 2022, y ahora, el de Pamela Ati G., que tuvo lugar en la Brigada Napo del Ejército ecuatoriano, por el cual hay cuatro militares sospechosos. O los casos de complicidad militar y policial con el narcotráfico, a través de medidas sustitutivas dictadas que los dejan en libertad, lo que demuestra el grado de infiltración delincuencial que existe en ambas instituciones.
Ospina recuerda que «estamos en manos de quienes nos protegen y que son los mismos que en alguna medida nos agreden, que matan a sus amantes y violan en acciones delincuenciales horrendas, y esto se debe a que no tenemos gobierno, el ejecutivo está en manos de comerciantes que no pueden administrar el Estado porque se han hecho estadistas a la fuerza».
Reyes, en una ilustrativa y complementaria intervención citó al académico de la Universidad Central, Luis Córdova Alarcón, quien enumeró los delitos cometidos por militares y policías en los últimos gobiernos.
Córdova señala que desde que se declaró el conflicto armado interno, Ecuador vive un estado de propaganda, con el mensaje presidencial de que “estamos recuperando la paz”, una estela de corrupción militar los delata y la guerra interna extiende un largo manto de impunidad sobre el poder militar.
Y enseguida enumera los hechos: «el comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército que fue vinculado en el caso Purga, Juan Javier Riofrío, reconoció en audiencia ser el primer oficial de enlace de Ecuador con el Comando Sur de los EE.UU., entre 2021 y 2023. Otro militar “de confianza” de la embajada de los EE.UU, vinculado por la Fiscalía, es el general de policía Pablo Ramírez, implicado en el caso Metástasis, quien estuvo al frente de la SNAI y luego se convirtió en director de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. Los ejemplos abundan: «el militar que era dueño del deshuesadero de autos donde ocurrió una balacera que causó 10 muertos y 4 heridos, en pleno centro de Guayaquil, en mayo de 2023. Los integrantes de la red de marinos que vendía información a los narcos en Esmeraldas, detectada en enero de 2023. Los miembros de la FAE implicados en el sabotaje al radar de Montecristi, ocurrido en noviembre del 2021. El capitán del Ejército que dirigía el destacamento militar en la parroquia Buenos Aires, provincia de Imbabura, que se convirtió en el cabecilla del tráfico de oro de esa zona, desde octubre del 2019. Los militares vinculados al tráfico de armas, en octubre del 2018. El capitán Telmo Castro que fue el operador logístico del Cártel de Sinaloa, detenido en junio de 2013. En el 2001 el capitán de navío Julio Viteri, Agregado Naval y de Defensa ante Reino Unido denuncia corrupción militar en la renovación del contrato de leasing del departamento donde funcionaba la agregaduría en la ciudad de Londres y en la contratación de un seguro de aeronaves de las FFAA. En el 2002, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción y la Contraloría General del Estado hallaron indicios de responsabilidad penal por concusión y cohecho. El denunciante y su familia fueron hostigados y amenazados de muerte, huyeron a Gran Bretaña donde finalmente se asilaron. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena que el Estado ecuatoriano implemente «un organismo independiente e imparcial con el mandato de recibir denuncias sobre presuntos hechos de corrupción en las Fuerzas Armadas».
En marzo del 2024, el presidente Daniel Noboa emite el decreto ejecutivo 206, a través del cual blinda con el secreto a todos los procesos de contratación y compras en Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el sistema carcelario a cargo de la SNAI, el pretexto para tales decisiones es la «guerra interna». Esta medida no hace más que reforzar la opacidad en las compras públicas, en el sector más acosado por la criminalidad y la corrupción: el de la seguridad. Córdova llega a una conclusión: el gobierno nacional proclama que la guerra interna es un total éxito y los negocios militares van viento en popa.
A esto se suma la connivencia del sistema judicial, infiltrado por la delincuencia que demuestra que sus integrantes, encarcelados y juzgados, forman parte del crimen organizado.
Esta situación es el reflejo como resultado del debilitamiento del Estado en las políticas públicas que norman sus sistemas de seguridad y educación, entre otros. La reducción presupuestaria, el intento de privatización o reducción de los servicios públicos son la causa de fondo para que exista un Estado permisivo e ineficiente en la administración de justicia. Es, sin duda, un asunto que va más allá de ser un tema ético, y no es un asunto solamente de carencia moral, puesto que en las FFAA existe un Manual de Ética y una Cartilla de Género que, se supone, contienen normativas para evitar la violencia de género y actos de agresión que den como resultado daños físicos, sexuales, psicológicos o patrimoniales, perpetrados por sus agentes, soldados, policías y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley.
Se trata de un cuadro esencialmente ideológico en el que no se da cumplimiento a las normas por motivos políticos: el presidente Noboa, que busca asegurar la reelección, considera acaso que cederle poder político y económico al mando militar, le garantizaría ser reelegido. Los hechos dejan en evidencia una falta de liderazgo para ordenar a las FFAA y Policía actuar sometidas a la ley.
La reflexión final no puede ser otra: ¿Cuándo el gobierno, la policía y las fuerzas armadas se armarán de valor para depurar sus filas con transparencia?
