Los informes de coyuntura cuentan con el auspicio de Brot für die Welt (Pan para el Mundo), Berlín, Alemania.
Por Milagros Aguirre A.*
El pasado 24 de mayo el presidente ecuatoriano Daniel Noboa dio su primer informe a la nación. La opinión pública puso más atención a sus zapatos que a sus pocas palabras. En el marketing político todo vale y todo significa. Su calzado de plataforma (de una famosa marca italiana, Prada, Monolith leather Derby) era un claro signo intencional para mostrar la huella de la firmeza (y de esas pisadas que infunden miedo), como las de la bota de un militar, para acabar con el enemigo. ¿Con qué enemigo? Aunque en su corto período de gobierno ya tiene algunos, el presidente dirá que las mafias terroristas son sus enemigos principales. A ellos les declaró la guerra apenas inició su mandato cuando declaró un conflicto armado interno en el Ecuador. Pero las mafias terroristas son enemigos difusos, casi sin rostro, en un país donde el narco no tiene una sola cara sino muchas, sus tentáculos están en todas partes y enquistados, además, en las instituciones, incluso, en las instituciones que se supone son para combatirlas (policía, militares, fiscalías…).
Desde el inicio del gobierno Daniel Noboa ha trazado una cancha: el país está en guerra contra el terrorismo y, como el término es ambiguo, definió a las bandas de delincuencia y crimen organizado, como terroristas. Guerra es igual a estados de excepción, operativos policiales, militarización de las cárceles y en algunos barrios y, además, liberación de impuestos a la importación de armas (un último decreto lo confirma). Y todo eso, sumado, suele ser igual a la carta blanca para el atropello a los derechos humanos, pero eso, a la mayoría de la sociedad ecuatoriana le da igual: ha visto tanta violencia en los últimos años (muertes violentas, matanzas carcelarias, sicariato y vendettas, violaciones, desapariciones, secuestros, extorsiones) que cualquier cosa que signifique frenar en algo esa violencia, será aplaudida sin cuestionamientos y eso seguramente se traducirá en votos de cara a las elecciones del 2025. El argumento para aplaudir su estrategia estará, además, matizado con el ataque a los organismos de derechos humanos que “defienden los derechos humanos de los delincuentes”. Ese, el lugar común desde el cual se puede justificar cualquier atropello estatal. El mismo lugar desde donde se justifican los atropellos en El Salvador en donde el presidente Bukele ha puesto de rodillas a las maras con polémicas acciones y decisiones y con graves denuncias sobre atropellos a los derechos humanos.
Pocas son las voces que se han manifestado contrarias a la política de seguridad planteada por el gobierno. Las organizaciones de derechos humanos han dado algunas alertas y también la academia, que, en una carta abierta firmada en diciembre, docentes de 21 universidades manifestaban contra la guerra pues una guerra implica violencia, uso de la fuerza y, probablemente, represión. Un manifiesto contra la guerra en Ecuador y el mundo circula en change.org y tiene por ahora más de tres mil firmas en rechazo a la guerra como solución a los conflictos que está viviendo Ecuador.
Analistas, académicos y expertos en el tema, como Fernando Carrión o Freddy Rivera, han expuesto en distintos foros y artículos, la magnitud de las mafias involucradas en temas del narcotráfico: millonarias redes corporativas transnacionales que se mueven a nivel global y que demandan soluciones globales.
A esto se suman problemas institucionales. La Defensoría del Pueblo (DPE), que es la institución encargada de promover y proteger los derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos en Ecuador, así como los derechos de los ecuatorianos en el exterior y los derechos de la naturaleza, ha enfrentado 25 años de inestabilidad. En sus 25 años de existencia, ha tenido seis titulares. Sin embargo, solo dos de estos seis Defensores del Pueblo pudieron culminar los períodos para los que fueron designados. Tres fueron cesados y uno renunció 15 días después de ser nombrado. Actualmente, no tenemos un defensor designado.
Algunas alertas de organizaciones no gubernamentales
Las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos han insistido en que hay problemas estructurales de pobreza y marginalidad que han sido caldo de cultivo para las bandas criminales. Las condiciones de exclusión y marginalidad de las poblaciones ubicadas en la frontera norte, por ejemplo, son tierra fértil para el crimen organizado. Ahí encuentra mano de obra, sea de manera voluntaria o sea desde el chantaje, para sus operaciones.
Ahí, donde el Estado es ausente, las organizaciones criminales crean trabajo, proveen recursos, alimentos, medicinas. La condición crítica de las mujeres y niños, la precarización laboral y el desempleo, la marginalidad, la pobreza, son razones estructurales de un problema que no es nuevo, pero que ha ido creciendo sin control.
La Alianza por los Derechos Humanos, nacida a propósito del paro nacional de octubre de 2019 y que incluye a 14 organizaciones de derechos humanos (CEDHU, Amazon Frontlines, Aldea, Acción Ecológica, Surkuna, CDH, Fundación Labaka, OMASNE, Yasunidos, Colectivo Geografía Crítica), se pronunció, en enero de 2024, luego de la declaratoria de conflicto armado, mostrando su preocupación por la decisión y por la falta de garantías a los derechos de la población civil que no participa ni se beneficia de la actuación de grupos criminales pero que ha permeado barrios y territorios además de la propia institucionalidad del país. Sin estas garantías, dice el pronunciamiento, cualquiera puede resultar víctima de los excesos de los actores en conflicto.
Además, el término terrorismo queda a discrecionalidad de la fuerza pública: cualquier persona puede ser etiquetada como terrorista. En definitiva, las organizaciones sociales y de derechos humanos han mostrado preocupación y rechazo a la decisión de dar a las fuerzas armadas y la policía cheque en blanco a cuenta de la política de seguridad del Estado, tomando en cuenta, además, que las instituciones llamadas a poner orden, son permeables a las tentaciones que le brinda el narcotráfico.
El CDH de Guayaquil ha elaborado también un informe y, básicamente, menciona que hay tres fenómenos sistémicos de control territorial a través de la violencia que conviven en la ciudad: los seudoreinos constituidos por traficantes de tierras quienes, a través de bandas armadas y vínculos con el poder político, controlan territorios densamente poblados: las prácticas de limpieza social, justicia por mano propia y paramilitarismo encubiertas con la figura de ajuste de cuentas y la cooptación de instancias estatales por parte de las organizaciones criminales para gozar de impunidad.
El 22 de mayo de 2024 la organización Human Rights Watch escribió una carta al presidente Noboa. En ella muestra su preocupación por la declaratoria de conflicto armado interno y las violaciones a los derechos humanos en Ecuador. La organización, que ha monitoreado el tema en el país y reconocido que Ecuador, que un día fuera adjetivado como “una isla de paz”, hoy se ha convertido en uno de los países con más altos índices de homicidios en la región. Menciona que, entre enero y abril de 2024 disminuyeron las cifras de muertes violentas y pasaron de un 27% a un 13% pero los casos de secuestros, extorsiones, asesinatos a alcaldes, de un director carcelario, además de las fugas de presos, incluido Fito, el más buscado, muestran que la situación de violencia que vive el Ecuador no es tema fácil de resolver. En la misma carta, HRW da cuenta de algunas denuncias preocupantes: dos casos de ejecuciones extrajudiciales (y una tercera por confirmar), además de detenciones abusivas.
“Muchas personas parecen haber sido detenidas durante breves períodos al margen del proceso legal y haber sido sometidas a represalias, palizas u otros tratos degradantes por parte de soldados y policías”, dice el informe. Así mismo, la organización toma nota de personas que afirman que familiares y vecinos fueron detenidos simplemente porque pasaban por una zona en la que las fuerzas de seguridad estaban deteniendo a otra persona o en la que las fuerzas de seguridad estaban llevando a cabo un allanamiento.
Entre otras denuncias, HRW muestra preocupación por la situación carcelaria: “los militares, que controlan las cárceles desde enero, han mantenido incomunicados a los detenidos, obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con abogados o a obtener asistencia médica”, dice el informe.
En este año al menos no se han registrado nuevas masacres carcelarias como las que sucedieron durante el gobierno de Guillermo Lasso (entre 2021 y 2023 se registraron al menos 500 muertes violentas en las cárceles).
La situación de violencia carcelaria, con una población carcelaria de cerca de 30 mil personas, ha sido tan brutal en los últimos años que algunos presos hasta se alegraban del control militar. “Ahora comemos sin tener que pasar por el economato que estaba a cargo de las mafias que dominan las cárceles”, decían algunas de las personas privadas de libertad en redes sociales. Las Fuerzas Armadas mostraban a detenidos trabajando, haciendo ejercicio, pintando paredes, quitando los graffitis de las distintas bandas y realizando operativos en el interior de las cárceles en donde encontraban armas, telefonía celular y uno que otro lujo. También se veía a los militares inhabilitando señales de internet con las que los líderes de las bandas delincuenciales se comunicaban con el exterior. Pero los abusos en las cárceles también se han comenzado a filtrar como reseña un artículo de InsightCrime. Aislamiento, hambruna, golpizas, falta de información a las familias de detenidos, tratos crueles degradantes… ¿Solución o sustitución de los perpetradores de la violencia?
Libertad de expresión
Uno de los periodistas que presenció la incursión de un grupo delincuencial a un canal de televisión (enero 2024) ha tenido que salir del país. El estrés postraumático y la sensación de inseguridad han sido sus motivaciones para buscar el exilio. Desde el inicio de año, cinco periodistas que han tenido que autoexiliarse ante negativa estatal de protección. Fundamedios ha reportado 118 agresiones contra la prensa desde que se posesionó el gobierno. En su informe de mayo, la organización ha informado que las amenazas y agresiones verbales son el tipo de agresión más común. Además, se contabiliza uno de los casos más graves de afectaciones al periodismo que es la extorsión.
Aunque el caso no tiene que ver directamente con el gobierno de Noboa, la prensa y los gremios de periodistas y organizaciones como Periodistas Sin Cadenas o Fundamedios han insistido en mantener alertas sobre la información reservada en el caso de los periodistas Xavier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, asesinados hace seis años en Mataje, Esmeraldas. Las familias debían recibir información desclasificada sobre el tema. Este gobierno hizo un acto de entrega de parte de la información, pero las familias denunciaron que la información es incompleta, que les entregaron actas mutiladas que no permiten saber la verdad y que mantienen el caso en la impunidad. Lo propio pasa con el caso del asesinato del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio: aún no se llegan a ‘las últimas consecuencias’ en la investigación.
Impunidad y falta de garantía para el trabajo periodístico. Como si eso fuera poco, el gobierno, a través de un acto administrativo del Ministerio de Movilidad Humana, ha revocado la visa a una periodista, Alondra Santiago (cubana pero residente en Ecuador), al acusarla de “actos que atentan contra la estructura del estado y la seguridad pública”, sin otra explicación. El hecho ha sido repudiado por la prensa y los organismos de derechos humanos.
Palo Quemado y Las Pampas, extractivismo y represión Palo Quemado, una pequeña parroquia de no más de mil habitantes en Cotopaxi, se llevó los titulares de prensa de marzo, cuando comuneros y campesinos se enfrentaron a la policía en rechazo al proyecto minero La Plata.
Al menos 20 comuneros resultaron heridos tras enfrentarse a miembros denuncian responsabilidad-estatal- policiales. La policía, por su parte, indicó que tres uniformados fueron secuestrados y dos camionetas de la empresa minera, incineradas.
La minería está siendo uno de los focos de violencia importantes en el país. También estuvo en conflicto Las Pampas. Ambos acontecimientos fueron denunciados por el movimiento indígena. Pobladores de Palo Quemado y Las Pampas, en Sigchos, provincia de Cotopaxi, han expuesto en distintas instancias la situación que atraviesan las comunidades por la presencia de la fuerza pública, que reprime el derecho a la protesta por el proyecto minero de la empresa canadiense Atico Mining. Los enfrentamientos dejaron 70 personas acusadas de… ¡terrorismo!
La Alianza por los Derechos Humanos, que integra a varias organizaciones, también ha presentado algunas denuncias, una de ellas, mostrando la grave situación de violencia que atraviesa la Federación Interprovincial de Centros Shuar, FISCH, por los conflictos causados y exacerbados por la intervención de la industria minera en sus territorios en alianza con el propio Estado.
Por un lado, las bandas delincuenciales han encontrado en la minería ilegal uno más de sus jugosos negocios y por otro, las empresas transnacionales mineras que tienen el aval del Estado (y no el aval de las comunidades, aunque operen en sus territorios). Estas son custodiadas por las fuerzas del orden. Ambas crean conflictos y divisiones.
Las acusaciones de terrorismo a líderes comunitarios o defensores de derechos humanos o a colectivos que se muestran en resistencia frente a atropellos estatales, tampoco son cosa nueva en el país. Pasó en Dayuma (2007), o con los jóvenes llamados los 10 de Luluncoto (2011), o con el movimiento Guevarista (2022). Este último acaba de sufrir un nuevo allanamiento, (el 14 de junio), a su Casa del Trabajo Popular San Roque.
¿Es posible construir una cultura de paz?
Las organizaciones de derechos humanos han sido insistentes en que la guerra no es la solución y en que hay que resolver problemas estructurales en el país para disminuir la brecha social existente. Inversión en educación, vivienda, salud, deben ser la prioridad. Trabajo colaborativo desde las bases sociales, creación de empleo, fuentes de trabajo, asistencia social…
Las organizaciones de derechos humanos y oenegés vinculadas a la iglesia y a la cooperación internacional llevan siguiendo desde hace décadas la problemática, tanto en zonas de frontera como Esmeraldas y Sucumbíos, como en las provincias de Guayas o Manabí. A través de monitoreo y denuncia, han alertado a los distintos gobiernos, pero la violencia ha seguido creciendo y las operaciones de bandas criminales son cada vez más complejas pues cuenta con enormes recursos, armamento y capacidad de reclutamiento desde las necesidades básicas insatisfechas o desde la amenaza y la extorsión.
Ecuador debe pensar un plan de paz para salir del plan de guerra, pero no es fácil, sobre todo, porque la ilegalidad y la criminalidad ha permeado casi toda la institucionalidad del país y la isla de paz se transformó. Reversar esa situación no es fácil y menos para un gobierno que tiene los días contados y que, necesita, además, mostrar resultados.
*Milagros Aguirre Andrade nació en Quito (Ecuador) en 1967. Es periodista y editora. Inició su carrera en los diarios Hoy y El Comercio de Quito.
