Por Leonardo Parrini
Es un tema recurrente decir que Ecuador carece de políticas culturales y que el Estado ha sido incapaz de generar normativas sobre cultura, no obstante que la Constitución de 2008 vigente en la actualidad, es la primera carta constitucional del país que contempla el acceso a la cultura como un derecho ciudadano, consagrando prerrogativas en este campo que convierte a los habitantes indistintamente en sujetos accesibles a las diversas manifestaciones de la cultura. Precisamente, en los derechos culturales consagrados en la Constitución se encuentra la fuente de inspiración para establecer políticas culturales que salvaguarden dichos derechos de acceso a las culturas.
¿De qué hablamos cuando hablamos de culturas?
No nos vamos a detener en definir sesudamente qué es cultura. Admitamos que todo aquello que no es expresión natural sino social, es Cultura: “no solo es la transformación de la Naturaleza y las formas de su usufructo a lo largo del tiempo; no solo las representaciones mágicas, filosóficas, heurísticas, simbólicas, o las lenguas y las idiosincrasias del mundo, sino una generalidad, abstracta y concreta, del proceso civilizatorio en procura del bienestar humano” (Iván Égüez).
La división técnica y social del trabajo dio origen a una segmentación cultural en Cultura Culta, Cultura Popular y Cultura de Masas, conforme sugiere Abdón Ubidia. Complementariamente, Nestor García Canclini habla de una hibridación cultural en la que, las culturas híbridas son esas mezclas en las que no sólo se combinan elementos étnicos o religiosos, sino que se entrelazan con productos de las tecnologías avanzadas y con procesos sociales modernos o posmodernos. Por tanto, las culturas populares para García Canclini se configuran por un proceso de apropiación desigual de los bienes económicos y culturales de una nación o de un grupo social por parte de sus sectores subalternos, y por la comprensión, reproducción y transformación de las condiciones generales y propias de trabajo y de vida, fragmentando así una cultura culta de otra cultura popular, expresiones ambas que difieren o coinciden con la cultura de masas visibilizada en los mass media.
Consecuentemente, el modo de producción material vigente ha determinado una diversidad de expresiones culturales en la región, además de la situación geografía de cada formación económico-social concreta que se refleja en la pluralidad étnica, etaria y de género existente en ella. Hablar de culturas en el Ecuador es hablar de diversidad cultural y de una variopinta gama de contrastes naturales, sociales, étnicos y culturales que hacen parte de la nación sudamericana.
Derechos culturales
Decíamos antes que en la carta constitucional están contemplados los derechos culturales que son la fuente para la generación de las políticas culturales, en tanto leyes operativas de los preceptos constitucionales. La Constitución del 2008 reconoce la diversidad cultural del Ecuador estableciendo que las 14 nacionalidades indígenas y los más de 18 pueblos, incluidos el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio, son entidades históricas y políticas con derechos que deben ser garantizados por el Estado, tanto para creadores como para consumidores de cultura:
En la sección cuarta Cultura y Ciencia la Constitución determina: Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas lecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas.
Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.
Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado: Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador.
Además de promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión masiva no condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores, ni el acceso del público a la creación cultural y artística nacional independiente. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas las edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, empresas y medios de comunicación promuevan, apoye desarrollen y financien actividades culturales. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural. He ahí la amplia gama de fundamentos llamados a dar origen a las políticas culturales que requiere el país.
La pregunta clave es: ¿por qué estos derechos constitucionales no se han convertido en políticas culturales que los garantice en la práctica?
El quid del asunto
La respuesta parece estar en el hecho de que a los gestores culturales -escritores y poetas, trabajadores de las artes visuales, gestores de las artes escénicas, músicos danzantes y otros-, les ha faltado voluntad política; mientras que al político le hace falta mayor proximidad a la cultura con sensibilidad frente a las artes. Y por qué no decirlo, no relaciona política con cultura, fruición estética con calidad de vida, derechos con formación espiritual. He ahí el vacío que el burócrata pretende llenar con decretos, actos administrativos y el comerciante con mercancías en negocios privados.
Impera en ellos una visión políticamente utilitaria y económicamente mercantil de la cultura. En su imaginario, la cultura no es más que un panfleto proselitista, cuando no, una mercancía comercial transable en el mercado. El burócrata solo piensa en planificar y administrar la cultura, no en concebirla como un gesto existencial, identitario, esencialmente humano. Y el comerciante en vender el acceso a las expresiones que por derecho le asiste a la ciudadanía.
En los diversos estamentos del Estado y de la gestión cultural privada de la cultura, solo hay ejecutores empíricos, no gestores pensantes ni creativos capaces de concebir un concepto de cultura con sus derechos; y, consecuentemente, una política cultural que garantice la creación, difusión, acceso y disfrute de las diversas culturas. En manos de estos sujetos activistas y comerciantes, contradictorios entre sí, subyace la difusión de las expresiones culturales.
El pintor muralista Pavel Égüez, ex agregado cultural ecuatoriano ante el gobierno de Brasil, responde a nuestras inquietudes:
¿Por qué Ecuador adolece de políticas culturales?
La Constitución de Montecristi marcó un hecho inédito, incorpora los Derechos Culturales, pero a la institucionalidad cultural y peor a la burocracia cultural no le interesa construir derechos, desde hace un par de décadas surgió la moda de la Economía Naranja como propuesta cultural del neoliberalismo y todos, incluso la izquierda adhirió a esa forma de posición cultural, los partidos y movimientos progresistas no tienen aún un proyecto cultural y cuando ganan las elecciones no saben qué hacer en el campo cultural y reproducen las lógicas del sistema, sin buscar transformaciones profundas que cambien la vida de la gente mediante políticas culturales que fomenten el arte, tanto en la educación como la creatividad, la cultura popular, el acceso a los servicios culturales incluidos el internet en las poblaciones más marginales y excluidas.
No hay políticas culturales que consagren derechos para que los más pobres tengan a la cultura como herramientas de transformación social. La actividad cultural se concentra en pequeñísimos círculos urbanos y no donde viven la mayoría de sectores populares.
La principal razón de una política cultural debe ser que los sectores populares tengan una vida plena, y que la cultura contribuya a la paz y la convivencia democrática. Hay gestores, administradores y burócratas culturales, pero carecemos de suscitadores y pensadores que pongan a la cultura como un eje fundamental, parecería que Benjamín Carrión fue el último.
¿Qué dice la Ley de Cultura al respecto?
La ley se construyó sin sentido transformador no revolucionó el campo cultural, en muchos aspectos es una letra muerta. Por ejemplo, en el artículo 120 se dice que el estado creará el Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura, pero no existe y es el único país de Latinoamérica sin plan lector y el que menos bibliotecas tiene. Por más que esté en la ley una serie de enunciados el sector cultural es el más precario de la región. Tenemos una burocracia cultura sin resultados, pesada, que se lleva la mayoría de recursos en gasto corriente, la Casa de la Cultura es hoy la institución más ineficiente, está en plena agonía. El ministerio de Cultura y Patrimonio solo existe para pequeñas élites, no tiene un solo programa que llegue a todo el país. La reforma a la ley de Cultura tampoco cambiará nada de fondo.
¿Qué se requiere para concebir una política cultural?
Compromiso con los más excluidos, pensar que la inversión cultural es fundamental para sacar a la gente de la pobreza y de la ignorancia. Que los programas de fomento, así como los servicios culturales deben ser masivos, llegar a la mayoría de la población y no quedarse en atender sectores privilegiadas que ya gozan y disfrutan de la cultura, mientras la mayoría de habitantes de este país no son parte de ningún programa de inclusión cultural.
¿Cómo hacer que los derechos culturales constitucionales se conviertan en políticas culturales?
Cuando tengamos gobiernos, tanto nacional como locales que tenga como norte la Constitución y gobiernen para los más pobres e implemente programas masivos en los campos del arte, la educación y la cultura. En Latinoamérica hay muchos ejemplos exitosos donde la cultura puede cambiar la vida de inmensas poblaciones, como el Sistema de Orquestas en Venezuela o la inmensa inversión en Cultura en Brasil en decenas de programas, pero en Ecuador hoy la crisis económica, la inseguridad, el crecimiento de la pobreza como resultado de tres gobiernos neoliberales y si a esto sumamos la falta de políticas culturales hacen que los sectores populares estén totalmente desamparados, ya que solo por medio de la cultura podemos volver a soñar y tener esperanza. Pero para ello tenemos que ganar la batalla política, pero como diría Carlos Monsiváis “La apuesta por la transformación política encuentra su mayor aliado en el campo de lo cultural. Si no se da la batalla cultural se puede perder la batalla política.” Es decir, la cultura está ligada sustancialmente al cambio político que garantice los derechos culturales a toda la población.
Esto explica el fracaso de los ministros de Cultura, de los presidentes de la Casa de la cultura, y de los ejecutivos de empresas y sus mentadas industrias culturales. Ecuador necesita volver a renacer a un Benjamin Carrión que sueñe y conciba al país convertido en una potencia cultural.
Existen países que no necesitaron de un Ministerio de la Cultura para hacer una verdadera revolución cultural. Chile, en los años setenta bajo el gobierno revolucionario y popular de Salvador Allende, inundó el país de libros de bajo costo, luego de que el Estado expropió la principal editorial chilena y la convirtió en Quimantú, editorial popular. De igual modo, se creó el sello discográfico Discoteca del Cantar Popular (DICAP), que posicionó a escala mundial a grupos que son íconos artísticos de Chile, como Inti Illimani, Quilapayún, Los Parra o Víctor Jara.
La cultura no necesita de burócratas, comerciantes o comisarios. Solo requiere artistas creadores, aparte de su talento, con sensibilidad y conciencia social, además de voluntad política.
