Por Leonardo Parrini
¿Qué celebramos el Día del Niño? Es una pregunta que los menores no se hacen porque ellos viven la edad de la inocencia. Es una pregunta que solo se hacen los adultos cuando viven la edad de la rebeldía: “Nada que celebrar, en el día de la niñez”, dice el Informe Alternativo sobre el cumplimiento del Ecuador de la Convención sobre los Derechos de la Niñez y Adolescencia 2024. Una conclusión propia de la edad de la razón, contenida en el archivo Danielle Children’s Fund Quito, Ecuador, de mayo 30 del 2024.
El Informe elaborado por 25 organizaciones de la sociedad civil y más de 40 colaboradores expertos en niñez y adolescencia, fue presentado al Comité de Derechos del Niño en abril de este año en el contexto del examen que realiza este organismo al país respecto del avance en la implementación de la Convención de los Derechos del Niño, suscrita por el Ecuador el 26 de enero de 1990.
El informe destaca la grave situación que enfrenta la niñez en Ecuador, empeorada por la violencia estructural, la fragilidad del sistema de protección y la ausencia de políticas públicas efectivas. El documento recoge la voz de más de 500 niñas, niños y adolescentes que participaron en los procesos de consulta, los cuales mencionan que tienen miedo a la violencia en sus barrios, escuelas y hogares. Sienten angustia por posibles separaciones familiares sin explicaciones claras.
La migración, el uso no supervisado de redes sociales, el machismo y el maltrato afectan su salud mental, como consecuencia de sus efectos. Las voces y opiniones de los menores no son valoradas, lo cual aumenta el riesgo de abusos que los condena al silencio. Según fuentes oficiales, el 36% de ellos habita hogares pobres en zonas rurales y en pueblos habitados por indígenas y afroecuatorianos. La mayor afectación que sufren los menores es en nutrición, salud y educación.
De la población migrante que abandona el país el 40% son niños y niñas, de los cuales solo el 4% tiene acceso a programas comunitarios y el 22% está en riesgo social. Al menos entre 600 y 900 mil menores de 5 años no reciben servicios de cuidado, desarrollo infantil y educación inicial.
Las principales causas de muerte en la niñez y adolescencia se deben a accidentes de tránsito, homicidios y suicidios. Existe altas tasas de maltrato físico y psicológico, principalmente en el entorno familiar. Solo en cinco años, entre 2018 y 2023, se presentaron 51.235 denuncias de violencia sexual contra niñas y niños, con un rango de impunidad del 95%, ya que solo se sentenciaron el 4.15% de los casos.
Una cantidad superior 2.370,000 niñas y niños trabajan en un contexto donde la política de protección integral no está claramente definida. Si bien mejoró la tasa de asistencia escolar, más de 251.227 niñas, niños y adolescentes están excluidos o tienen rezago educativo.
El Código Orgánico de Protección de la Niñez, ya tiene 6 años de haber sido formulado y todavía no se aprueba, situación que merma el sistema de protección integral. Ecuador no dispone de un Plan Nacional de Protección Integral para niñas, niños y adolescentes, lo que impide al Estado ejercer una gestión articulada. La inversión pública en Ecuador no se equipara al promedio regional, y se concentra principalmente en bonos y salud, descuidando la prevención, protección y educación.
El informe señala, además, las urgentes políticas públicas que amerita implementar en el país, así como una mayor inversión que garantice el bienestar y desarrollo integral de la niñez y adolescencia.
Recomendaciones
En Ecuador se adoptó como Día del Niño el 1 de junio, ya que coincide con la fecha fijada por primera vez durante la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los niños en 1925. Esta fecha busca generar conciencia sobre la necesidad de protección especial para los menores de edad y garantizar su adecuado desarrollo, que en el país sobrepasan los 4,3 millones de niños y niñas, según proyecciones del INEC, que corresponde al 35% de la población total del Ecuador.
Las recomendaciones del Informe al Estado ecuatoriano para la población menor del país, incluyen: Desarrollo e implementación de una Política Nacional de Protección Integral que reconstruya el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral y nombramiento de una entidad rectora. Establecimiento de un pacto fiscal entre gobierno, asamblea y sociedad para proteger la inversión en la niñez y adolescencia. Prioridad en la aprobación del Código Orgánico de Protección Integral y respeto de los plazos establecidos por la Corte Constitucional.
Fortalecimiento de la capacidad de los GAD y sus organismos de protección de derechos para establecer políticas locales especializadas. Fortalecimiento de las políticas de inclusión educativa, ampliación la cobertura de re-escolarización y articulación de alternativas de capacitación. Fortalecimiento de la política de Prevención del Embarazo en Adolescentes con recursos adecuados y coordinación efectiva. Reactivación de las políticas públicas en salud mental, con énfasis en la detección temprana y prevención de trastornos mentales.
Protección y financiamiento para la política de erradicación de la desnutrición crónica de niños y niñas, mejorando la cobertura de los centros de desarrollo infantil. Desarrollo de políticas públicas enfocadas en la prevención de la separación familiar y la atención a víctimas de violencia. Implementación de políticas de prevención del reclutamiento forzado, basadas en el análisis de condiciones de captación por grupos delictivos.
Garantía de colaboración para combatir la explotación sexual y el abuso infantil en línea y todas las formas de violencias. Establecimiento de mecanismos permanentes que incrementen la participación de niñas, niños y adolescentes en políticas públicas. Garantía de sistema de justicia especializada para niñez y adolescencia a nivel administrativo y judicial e incrementar el número de jueces, fiscales y defensores especializados, con formación en justicia juvenil restaurativa.
El informe llama a reflexionar sin inocencia, con rebeldía y con razón, acerca de la situación de niños, niñas y adolescentes en un país que, en su día clásico, el adulto les debe una merecida celebración: cambiar su suerte por justicia, protección y derechos consagrados en la práctica.
