Por Leonardo Parrini
Desenlace de situación del ex vicepresidente, Jorge Glas, era previsible: gobierno nacional confirmó detención del ex funcionario correísta luego de una incursión policial en la sede diplomática mexicana en Quito. La detención de Glas se produce luego de que el gobierno mexicano, horas antes, había concedido asilo político al ex vicepresidente del gobierno de Rafael Correa.
La condición de Glas como asilado político, y su salida del país hacia México, estaba sujeta a la entrega del correspondiente salvoconducto por parte de las autoridades ecuatorianas, que le negaron el documento, puesto que, “ningún delincuente puede ser considerado perseguido político” y Glas “ha sido condenado con sentencia ejecutoriada en firme y contaba con disposición de captura emitida por autoridades competentes”, según declaró la Presidencia. Glas enfrentaba condenas de ocho y seis años por cohecho y asociación ilícita y, actualmente se encontraba procesado por presunto peculado en el caso reconstrucción de Manabí, tras el terremoto de 2016.
Contrariamente, el gobierno mexicano había concedido el asilo a Glas en su condición de “perseguido político”, y estaba en calidad de huésped en la Embajada mexicana, pero fue detenido por el llamado Bloque de Seguridad integrado por mandos militares y policiales del Ejecutivo para coordinar operaciones contra el crimen organizado.
Como antecedente, las relaciones entre ambos países se habían deteriorado en los últimos días ante la declaración ecuatoriana como “persona non grata” a la embajadora mexicana, Raquel Serur, por expresiones del presidente mexicano, Andrés M. López Obrador, sobre el crimen a Fernando Villavicencio que habría beneficiado a Daniel Noboa en las elecciones presidenciales ecuatorianas.
Cabe señalar que ambos países -Ecuador y México- son signatarios de convenios de asilo político como la Convención sobre Asilo (La Habana, 1928); la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU (1948), y la Convención sobre Asilo Diplomático y Convención sobre Asilo Territorial de 1954, instrumentos internacionales que indican que corresponde al Estado la calificación y el otorgamiento del mismo, y que ningún Estado está obligado a entregar a otro o expulsar de su territorio a personas perseguidas por motivos políticos. Además, conforme el articulo 6to de la Convención sobre el Asilo y Refugio Político de Montevideo (1939), “el agente diplomático que concedió el asilo podrá exigir las garantías necesarias para que el refugiado salga del país respetándose la inviolabilidad de la persona”.
En respuesta a lo que México considera una violación de estos acuerdos, y que motiva la actual crisis diplomática entre ambas naciones, el gobierno mexicano ordenó romper relaciones internacionales con Ecuador ante la incursión policial en su embajada en Quito, “considerada una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México”.
Este nuevo episodio es reflejo de la lucha ideológica que adopta la forma de enfrentamiento político y cultural entre pueblos y naciones, en un contexto internacional multipolar.



