Por Leonardo Parrini
Dice un viejo adagio popular que en el pedir no hay engaño. Sin embargo, hay excepciones -según la propia creencia popular-, cuando el pedido implica oscuros propósitos ajenos a lo solicitado. El Referéndum y Consulta Popular planteados por el régimen de Daniel Noboa para el 21 de abril próximo, representa un oculto afán de “revertir las conquistas sociales y democráticas consagradas por la Constitución del 2008”.
Un comunicado de la organización política Partido Comunista Ecuatoriano (PCE), bajo la proclama Detengamos la escalada neoliberal del gobierno votando no en la Consulta, denuncia que el referéndum de abril se propone “obtener subrepticiamente la mutación de la estructura legítima del poder diseñada soberanamente, e instaurar un régimen de presidencialismo imperial autoritario y subordinado al imperialismo”.
Cabe destacar que el PCE, única tienda partidista que no ha pactado, abierta ni encubiertamente, con el Gobierno de Daniel Noboa y sus políticas públicas, en las partes esenciales de su comunicado, señala: “Apremiados por tratar de salvaguardar los privilegios y las ganancias que detentan los sectores retrógrados de la oligarquía bancaria, industrial, comercial y agraria apresuran sus planes para retrotraer la situación política y colocarla por cualquier medio, bajo su control, restaurando para ello, sus mecanismos de mando sobre el conjunto del aparato estatal”.
Uso indebido de recursos del Estado
El comunicado continúa señalando que “han ido modificando paulatinamente el manejo presupuestario para poner las finanzas públicas a su servicio, incluidos los recursos del IESS, y han desatado un clima de represión feroz desde las instituciones de seguridad pública, a la par que alientan la formación de organizaciones criminales sustentadas por las inversiones que mantienen en la banca nacional y extranjera, asociados de otro lado, con personajes y grupos con presencia en las instituciones del Estado”. Cuyos procedimientos quedarían revelados “recurriendo con ese fin a una fementida consulta popular para, a través de un paquete de modificaciones normativas que abarcan a disposiciones constitucionales y legales, instaurar un régimen personalista y autoritario que conduzca a la instauración de un poder incontrolado permitiéndole a esos sectores el manejo de los destinos de nuestra Patria”.
No obstante, el comunicado del PCE reconoce que “la consulta popular es una forma de participación directa en ejercicio de la soberanía popular” y que tienen la potestad de solicitarla: En primer lugar, la ciudadanía y, en segundo lugar, el presidente de la República”. El comunicado hace hincapié en el respeto a la independencia funcional y autonomía que debe precautelar la Consulta “de los otros organismos y dependencias de las funciones Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social”, así como el “respeto y la promoción de las garantías constitucionales para las políticas públicas, servicios públicos y la participación ciudadana”.
Injerencia extranjera de los EEUU
Sin embargo, el comunicado del PCE constata que “en la convocatoria aprobada mediante un dictamen carente de rigor doctrinario emitido por la Corte Constitucional, el presidente asume la consulta sobre un referéndum destinado a reformar parcialmente la Constitución en su artículo 158, añadiéndole un texto adicional por medio del cual, bajo pretexto de mantener el orden público interno cuya protección corresponde a la Policía Nacional, se le faculte a decretar en cualquier circunstancia el apoyo operativo de las Fuerzas Armadas”.
Esto se plantea en el contexto de un reciente convenio de cooperación firmado con las fuerzas armadas estadounidenses, mediante el cual estas últimas en virtud de su reconocimiento como parte del personal técnico-administrativo de la Embajada de Estados Unidos, no están sometidas a control interno alguno, asignándoles un fuero extraterritorial para el juzgamiento de su accionar”.
Esta situación de injerencia extranjera, infringe claramente -según el comunicado- “el carácter del Estado constitucional de derecho y justicia” de aprobarse la reforma y por la disposición otorgada a las fuerzas estadounidenses mediante dicho convenio.
El comunicado termina señalando que “a las pretendidas modificaciones del texto constitucional que persigue ilegítimamente el gobierno de Noboa mediante dichas propuestas de enmienda y reforma de la norma suprema contenidas en la consulta popular, debemos añadirle las modificaciones de varios cuerpos legales que se plantean en la misma, usurpando la atribución constitucional sobre el conocimiento y decisión sobre tales regulaciones, la cual le corresponde a la Asamblea Nacional mediante un procedimiento deliberativo abierto a la participación ciudadana, como acontecería en el caso de las relaciones laborales al introducir una jornada por horas que altera el carácter tutelar del Derecho del trabajo”.
En consecuencia, el comunicado del PCE rechaza “este perverso plan contenido en una pretensa consulta popular que encubre el afán de revertir las conquistas sociales y democráticas consagradas por la Constitución en el año 2008”, y llama a dar una rotunda respuesta al gobierno: Votemos NO a la tramposa consulta avalada por una Corte Constitucional engendrada por el trujillato bajo el pérfido gobierno de Moreno. ¡No a la Consulta Neoliberal!
