Por Leonardo Parrini
El principal rol de la política es la toma del poder, para lo cual los políticos deben hacer que sucedan cosas alineadas a sus intereses y, en ese propósito, apelar a todo lo que está a su alcance para lograrlo. Es entonces cuando la política instrumentaliza instituciones, personas y leyes. Esta verdad, tantas veces camuflada, hace que los políticos o, quienes trabajan para ellos, no reconozcan estos hechos y es cuando la palabra de unos contra otros, no permite establecer fácilmente la verdad.
Las actuaciones de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, seriamente cuestionadas por un sector de la política y aplaudidas por otro, están en el centro de la tormenta en un país en el cual el descrédito de la cosa pública otorga beneficio de inventario a determinados intereses particulares.
Recientemente la Fiscal dio a conocer detalles de los llamados casos Metástasis y Purga, metáforas con las que se quiere significar la existencia de corrupción que vincula la política, la justicia y el narcotráfico actuando en beneficio de este último.
La indagación fiscal habría detectado la influencia del Partido Social Cristiano (PSC) en la justicia del Guayas en beneficio del negocio del narcotráfico. Según evidencian chats descubiertos, el ex diputado del PSC, Pablo Muentes, Fabiola Gallardo, ex presidenta de la Corte Superior del Guayas y Mayra Salazar, asesora y coordinadora de Salazar y ex amante del narcotraficante Leandro Norero, formaban parte de una organización criminal destinada a otorgar impunidad en delitos de narcotráfico, involucrando a jueces y funcionarios administrativos del Consejo de la Judicatura. Precisamente habría sido Salazar quien otorgó la información, bajo colaboración a la Fiscalía.
La fiscal ordenó el allanamiento de 11 domicilios deteniendo igual número de personas, preventivamente. Esta vez la decisión fiscal del allanamiento no se filtró, como en casos anteriores, cuando un “campana” alertó del operativo y dos implicados se fugaron siendo capturado uno de ellos – Daniel Salcedo- en Panamá, mientras otro -Cristian Romero-permanece fuera del país. Esta vez, detenidas las once personas la fiscal procedió a pedir su prisión preventiva que un juez aceptó, y un mayor de tercera edad permanece bajo arresto domiciliario. Cabe recordar que, en su momento, Fernando Villavicencio ya había denunciado la supuesta vinculación de uno de los implicados, Pablo Muentes, con el narcotráfico, pero no se hizo nada.
Entre los antecedentes de los implicados, destaca el hecho de que Mayra Salazar, ex relacionadora pública de Fabiola Gallardo cuando fue presidenta de la Corte Superior del Guayas, también fue asesora de comunicación de Cristina Reyes, ex asambleísta por el PSC. Salazar trabajó, además, con María Fernanda Vargas, actual alcaldesa de Simón Bolívar por la Revolución Ciudadana.
Otro antecedente es que en el 2023 salió a la luz el caso Metástasis y en esa oportunidad Gallardo fue consultada por su relación con Salazar, pero ésta guardó distancia y dijo que el cargo de relacionadora pública que desempeñaba Salazar, fue impuesto por el Consejo de la Judicatura. Lo cierto es que la relación de Gallardo con Salazar data del 2022 cuando ella fue relacionadora pública de la campaña parlamentaria, con un sueldo de 2.500 dólares que pagaba directamente Fabiola Gallardo.
Estas versiones de la fiscal Diana Salazar son contradichas por Rafael Correa, quien afirma que tratan de vincularlo en actos irregulares, a través de 52 indagaciones penales. El ex mandatario dice que se lo vincula con un caso de secuestro ocurrido cuando él, en calidad de presidente de la República, habría ordenado a un policía cometer el delito, y por ese caso Correa tiene una orden de presión que data del 2018.
El ex mandatario señala que la fiscal Diana Salazar presionada y preocupada ante la posibilidad de un juicio político en la Asamblea Nacional, está amenazando con enviar a la cárcel a medio mundo y, en ese sentido, está preparando la narrativa para involucrarlo en el caso Norero, sin probar nada. La fiscal, dice Correa, habla de que el caso Metástasis es el caso más notable de la historia, pero silencia el caso León de Troya. Que involucra a personajes del círculo íntimo de Guillermo Lasso, y que sí constituye uno de los casos más grandes de narcotráfico en el país, y en el que resultó asesinado Ruben Chérres, principal testigo. Correa señala que llama la atención de que en todos estos casos no existe ningún narcotraficante preso. Precisamente, Leandro Norero nunca fue sentenciado por narcotráfico en Ecuador y termina asesinado el 3 de octubre de 2022, y solo al día siguiente, 4 de octubre, se llama a audiencia para formularle cargos y posteriormente una sentencia ratifica su inocencia, no obstante que se le encontraron en su poder 200 kilos de droga, pero un tribunal penal de la corte de El Oro, lo declara inocente.
Según el ex mandatario, la fiscal Salazar busca con estos escándalos apoderarse de la Corte y detener el concurso de jueces y apropiarse, además, del Consejo de la Judicatura. En Ecuador, por tanto, no existe Estado de derecho, concluye Correa.
La relación entre política y moral se vuelve contradictoria dando vía libre a la corrupción que se genera en esferas del Legislativo y pone a la justicia al servicio del narcotráfico. La diferencia entre política y moral es que la primera tiene la capacidad de hacer que las cosas sucedan, mientras la segunda tiene la aspiración de que sucedan ciertas cosas.
Corresponde al país, dilucidar quién dice la verdad.
