El gobierno central ha reconocido la existencia de un “estado de guerra interno” en el territorio nacional, una situación que expresa el nivel de descomposición social del país. El nivel de desintegración institucional al que ha llegado Ecuador, atenta contra la propia convivencia democrática de sus habitantes, entendida ésta como la coexistencia armónica entre ecuatorianos bajo la égida de un Estado. Dos tendencias amenazan hoy al Estado ecuatoriano: el anarco capitalismo que niega en su concepción la existencia del Estado, y la narco delincuencia que amenaza de hecho al Estado. Según un estudio de expertos coordinadores de Relaciones Internacionales de la USFQ, el narcotráfico es una de las nuevas amenazas no convencionales que han proliferado después de la Guerra Fría. Las acciones narcotraficantes involucran a actores no estatales, tienen carácter transnacional y provocan respuestas, más allá de la disuasión militar frente a estados hostiles. El narcotráfico no solo pone en riesgo la integridad física de personas, el orden público, el monopolio estatal del uso de la fuerza, sino la democracia, las instituciones, la confianza entre los agentes económicos e incluso el medioambiente, según el informe. Este diagnóstico está en la línea de visión del portal InsightCrime respecto a Ecuador, que define a nuestro país como una “autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa”, puesto que más de un tercio de la producción de droga de Colombia llega a Ecuador y desde las costas ecuatorianas se embarca vía marítima rumbo a los EE. UU y Europa.
Una “nueva” ideología
La idea común de los (a)narquistas es que consideran que el Estado es innecesario y también directamente perjudicial en la medida que, en su rol de control, atenta contra la libertad individual y la libertad colectiva de hacer lo que se venga en gana.
El libertarianismo anarco capitalista -como lo denomina Juan Paz y Miño- termina adoptando en su aparato doctrinario aquellos fundamentos ideológicos del anarquismo político clásico. Sus adeptos, no justifican la presencia del Estado como un ente en la regulación de la violencia para minimizar el daño causado por el conflicto humano. Los anarquistas argumentan que la búsqueda de estos fines no justifica el establecimiento de un Estado, y más bien, es incompatible con tales metas. El Estado es para el anarquismo un monopolio de la violencia y, por ende, ilegítimo.
Esta “nueva” ideología, como señala Paz y Miño, tiene antecedentes en el proceso de acumulación originaria de capitales y cómo se conformó “el desarrollo oligárquico dependiente del capitalismo, las desigualdades que generó y la consolidación de los Estados oligárquicos (…) hasta llegar a los años 70, cuando la acumulación capitalista profundiza las desigualdades, agrava la concentración y centralización de los capitales y de la riqueza y, además, acude al fascismo abierto para mantener la nueva era del crecimiento capitalista, visible en las dictaduras del Cono Sur”.
Sería en las décadas de 1980 y 1990 cuando el modelo neoliberal adquiere su perfil actual, mediante un proceso impulsado por los organismos multilaterales -Fondo Monetario Internacional (FMI), Banca internacional y el capital transnacional-, que influyeron sobre los gobiernos de la región latinoamericana en busca de una salida capitalista o, una oportunidad liberal, frente a la situación mundial que provocó el derrumbamiento del socialismo soviético. El mundo capitalista adoptó un nuevo alineamiento ideológico que cobijó a las oligarquías latinoamericanas en un primer ciclo neoliberal en la región, cuyas insuficiencias y límites provocaron que surja una nueva opción capitalista: el libertarianismo anarco-capitalista, con un conspicuo representante en Argentina en el presidente Javier Milei, cuya mayor utopía es el mercado libre y la empresa privada absoluta, sin Estado.
En lugar de una democracia formal representativa, con un Estado dividido en tres poderes, los anarquistas se inclinan por una democracia “directa”, cuyos miembros sin ser elegidos, tienen el poder igualitario de direccionar las organizaciones a las que pertenecen. Poder igualitario que, en el caso de las organizaciones delictivas del crimen organizado, la promoción de cuadros y las nuevas jefaturas se escriben en un liderazgo sanguinario, mediante el asesinato que garantiza la herencia del poder por la lógica de la violencia. Para ser miembro de una estructura terrorista y alcanzar la jefatura de una organización criminal, es preciso eliminar a otro miembro de la élite de poder interno. Es la ley de la selva, un jefe hereda por la fuerza el poder de dirigir una estructura criminal.
Los narcos, sin ser tributarios de una doctrina antiestatal, en la práctica ejecutan acciones contra el Estado y los derechos que está llamado a garantizar en su rol como regulador de la vida en sociedad. Para ellos, el Estado es un impedimento en su negocio ilícito de comercializar sustancias y productos sujetos a fiscalización, de modo que hay que intentar cooptarlo, en primera instancia, caso contrario hay que intimidarlo y, finalmente, destruirlo junto a sus instituciones más representativas instauradas en sus tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial y sus brazos armados, Policía y FFAA. En sus prácticas delictivas son también capitalistas –narcocapitalistas– puesto que su fundamento y gestión económica responde a un negocio esencialmente privado, dedicado a la acumulación y rotación rápida del capital, en este caso, a través de actividades ilegales que producen dinero sucio e informal, el cual debe ser lavado en la economía formal del país. Haberes mal habidos que luego son introducidos en la economía nacional para se incorpore a la acumulación legal de capital. Un estimado del lavado de dinero está en el orden de 500 a 1000 millones de dólares al año. Esta realidad se traduce en enormes volúmenes de cocaína que son redistribuidos por Ecuador y las conexiones con las FARC y mafias colombianas, mexicanas e incluso rusas que aquello supone. Sus efectos se hacen sentir en la inestabilidad de la economía local -exceso de liquidez, aumento de economía informal, uso de mecanismos fraudulentos como la sobrefacturación de exportaciones para el lavado de dinero- y también representan una amenaza para la vida, la paz, las instituciones y la democracia.
En Colombia los cárteles del narcotráfico llegaron a intervenir o ser socios, en firme, en 64 empresas importantes del país. Al final del día, la Superintendencia de Sociedades del vecino país, llegó a señalar una lista de 300 empresas, que al parecer tendrían nexos con actividades ilícitas dedicadas a negocios de la construcción, alimentos, ganadería, agropecuaria, cafetaleras, siderúrgica, financieras, hotelería, laboratorios, audio y tecnología, vehículos y repuestos, algunas con filiales en los Estados Unidos. Asignatura pendiente de la Superintendencia de Compañías y de la Fiscalía General del Estado en Ecuador, es detectar e investigar a las empresas sospechosas, principalmente aquellas que en época de crisis asoman como las más dinámicas en crecimiento.
El Narcoestado
En una dinámica de poder y privilegios, los capos del narcotráfico gozan de toda prerrogativa dentro y fuera de la cárcel: libre albedrío para continuar manejando sus negocios ilícitos, seguridad personal, comunicación fluida, diversión y tiempo libre. Ese carrusel de privilegios gira impulsado por los engranajes de un Estado cooptado, intimidado y puesto a su servicio. Los narcoterroristas aprendieron a sacarle el rédito a la Política que se corrompe, a la Justicia que se subasta, a la Policía que se vende, con anuencia de las otras instituciones y que, en última instancia, mediante las cuales consiguen su máxima aspiracional delictiva: el Narcoestado. En la literatura se encuentran definiciones que van desde aspectos muy básicos explicando que un Narco Estado es “un estado cuyas instituciones políticas, económicas, sociales y de seguridad han sido impactadas hasta cierto punto por el tráfico de drogas”. Existen tres criterios relevantes según los cuáles un país puede calificar como Narcoestado: la superficie del territorio cubierta por plantaciones ilícitas, el tamaño de la economía ilegal de drogas con respecto al total de la economía y, lo más importante, el patrocinio estatal de la producción ilegal y tráfico de drogas.
Aquel ya no es un Estado de derecho. Ecuador, que dice constitucionalmente tener un Estado unitario, no tiene en la práctica un Estado de derecho, Ecuador tiene, de hecho, un estado de terror. La ausencia de garantía de derechos por parte del Estado, comienza por la falta de educación a los más pobres que aprenden a delinquir en las calles y se perfeccionan luego en las cárceles, auténticas escuelas del crimen. A eso conduce la falta de empleo que obliga a jóvenes y adultos a ganarse la vida -o la muerte- en una actividad lucrativa a cualquier precio. Esto explica que para los terroristas el asesinato sea un delito secundario, su negocio es la extorsión, el tráfico de drogas, el robo: su fin último es obtener dinero fácil y rápido. El terrorista se convierte en asesino serial, por la reincidencia del delito y al que no se debe atacar individualmente sin combatir a la estructura terrorista. En Ecuador el narcoterrorista percibe la ausencia del Estado, esa es la constante histórica en la última década.
Para debilitar la autoridad del Estado, los anarquistas proponen ignorar sistemáticamente las leyes que los diferentes gobiernos imponen, guiándose tan solo por la estricta “ética personal o colectiva”. A largo plazo, esto habría de suponer la inviabilidad del aparato represivo del Estado y su disolución. Ante la ausencia de un Estado de derecho, Ecuador reclama históricamente el derecho a tener un Estado.
Este proceso se percibe como un movimiento acelerado de la historia, cuando en Ecuador el bloque de poder empresarial-neoliberal -conformado desde el 2017 en el gobierno de Lenin Moreno y consolidado en el de Guillermo Lasso-, intentó gobernar al país con un histórico fracaso.
No obstante, el país heredó una tendencia que, desde una perspectiva político-económica, todo apunta a la continuidad del neoliberalismo, en sus formas de anarco capitalismo o narco capitalismo, aparentemente, dos caras de una misma moneda.
