Por Luis Onofa
La crisis de narcotráfico que sufre Ecuador, la más reciente de la oleada que lo acosa desde hace años, ha servido para recordar, entre otros, que ese es un problema de dimensión mundial y que un país no puede enfrentarlo por sí solo, y menos con acciones parciales. Los mandatarios de México, Manuel Andrés López Obrador y de Bolivia, Luis Arce, así como el gobierno de Argentina y de otros países latinoamericanos reaccionaron ofreciendo apoyo a Ecuador. Pero quien lo hizo con una propuesta de carácter regional es el presidente Arce, que recordó que la iniciativa de crear un ente regional de combate a ese ilícito está desde hace tiempo en la mesa de deliberaciones del subcontinente.
“… es urgente trabajar en la regionalización de la lucha contra el narcotráfico y otros ilícitos, así como la creación de organismos supranacionales como la Alianza Latinoamericana Antinarcóticos (ALA), bajo los principios de soberanía y dignidad de nuestros pueblos propuesta por nuestro país en diversos encuentros internacionales», manifestó el presidente boliviano, al expresar su solidaridad con Ecuador.
La cita de Cali
La iniciativa boliviana data de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, que se realizó en Cali, Colombia, en septiembre de 2023, al que asistieron 19 países de la región, incluido Ecuador. En el encuentro estuvo México, que junto con el país anfitrión tienen una larga historia de lucha contra el narcotráfico. El entonces mandatario Guillermo Lasso no dio muestras de recoger la iniciativa boliviana y en su lugar se empeñó en buscar el apoyo estadounidense y de Israel.
La cita de Cali preparó una “hoja de ruta” con varios criterios: 1) La guerra contra el narcotráfico ha fracasado; 2) Es necesario enfrentar el problema de manera integral y abordar sus causas estructurales primarias de desigualdad, pobreza, falta de oportunidades y violencia; 3) Priorizar el desarrollo, con énfasis en sectores vulnerables; 4) Poner en marcha políticas para reducir la demanda; 4) Buscar la ruptura de los vínculos entre el tráfico ilícito de drogas y la delincuencia organizada transnacional, el tráfico de armas y municiones, la trata de personas, el manejo ilícito de la migración, el lavado de activos y la corrupción; 5) Reconocer la necesidad de cooperación internacional, pero rechazar la estigmatización de campesinos y migrantes, quienes, subraya, son trabajadores en busca de oportunidades.
El documento no fue más franco y explícito en abordar el tema, quizá por la diversidad de tendencias ideológicas y políticas de los gobiernos presentes en la cita. Pero en su pronunciamiento reciente, el mandatario boliviano fue categórico: hay que “regionalizar” el combate al narcotráfico bajo los principios rectores que son la “soberanía” y “dignidad” de los pueblos.
Esos principios no son nuevos en las discusiones latinoamericanas. Por períodos, han estado presentes en el debate regional, en lo que va del siglo, según los tiempos político-ideológicos por los que ha atravesado el subcontinente. Estuvieron en la mesa de UNASUR y de CELAC en los momentos de marcada presencia de gobiernos progresistas en la región. Luego se engavetaron con el ascenso de la derecha, que prioriza el mercado.
Ecuador y Unasur
En diciembre de 2016, Ecuador presentó en UNASUR una propuesta para crear una corte penal regional con facultad para combatir al crimen organizado, entre ellos el delito de narcotráfico, la trata de personas, la falsificación de medicamentos, los delitos cibernéticos y el tráfico de bienes culturales, y sancionarlos hasta con hasta con 30 años de prisión y acumulación de penas hasta 40 años.
El proyecto, preparado por la fiscalía general de Ecuador durante cinco años, proponía que la Corte Penal se conforme con 12 magistrados elegidos por los mandatarios de los países que integran UNASUR, los cuales nombrarían al presidente, secretario general y conformarían las salas. Además, se establecería una fiscalía regional, elegida entre las postulaciones de los Estados integrantes del bloque, la cual sería autónoma e independiente de la Corte y cumpliría funciones investigativas y de análisis de casos presentados.
La propuesta, cuyo trabajo tuvo el aval previo de la propia UNASUR y cuyo texto fue consultado a la Corte Penal Internacional de La Haya, fue desarrollada por un comité interinstitucional ecuatoriano, conformado por representantes de Fiscalía, Cancillería, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y la colaboración de juristas nacionales e internacionales. El proyecto se ahogó en medio del viraje derechista de Lenin Moreno, que inclusive puso a UNASUR en hibernación, con la intención de liquidarla.
Narcotráfico un tema global
La concepción de que el narcotráfico es un problema global, y por tanto, su combate requiere de una estrategia mundial no es un enfoque particular de un país, un bloque o una tendencia política. Las Naciones Unidas viene repitiéndolo desde hace años en sus informes anuales sobre la evolución del problema. El tráfico de cocaína está expandiéndose fuera de los mercados tradicionales de América del Norte y Europa hacia África y Asia, sostiene el organismo mundial. Otros estudios señalan que el tráfico de cocaína mueve al menos unos 6.3 billones de dólares cada año, lo que evidencia la magnitud del interés económico que está en juego.
Este enfoque, sin embargo, no aparece ni en la agenda ni en las acciones de los gobiernos ecuatorianos desde 2017. Ni Moreno, ni Guillermo Lasso, empeñados en utilizar el narcotráfico, de manera prioritaria, como arma de ataque a sus adversarios políticos, activaron el enfoque regional pese a la magnitud del problema. En la región, Lasso se limitó a contactos con el presidente colombiano Gustavo Petro para coordinar acciones de control militar en la frontera común.
El presidente Daniel Noboa, ocupado ahora en conjurar el espanto del que son presa los ecuatorianos por la reciente oleada de atentados, fugas y matanzas protagonizadas por los narcotraficantes, ha buscado el apoyo de Washington que, como se sabe, utiliza el combate al narcotráfico como instrumento de sus propios intereses económicos, políticos y geoestratégicos. Esta semana, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que enviará a Ecuador a la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, y a altos funcionarios antinarcóticos y diplomáticos a Quito para examinar con el presidente ecuatoriano la forma de combatir el crimen organizado, según la agencia alemana de noticias DW. Junto con ella vendrían el subsecretario de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Todd Robinson y Kevin Sullivan, un alto funcionario de la oficina del Departamento de Estado para América Latina. Además, vendrían policías estadounidenses «para ayudar a Ecuador en investigaciones criminales», de acuerdo con el comunicado. Algunos analistas internacionales no fincan mucha efectividad en la asistencia estadounidense. Recuerdan además el fracaso del Plan Colombia y el histórico cuidado con el que México preserva su soberanía en sus relaciones con su gigante vecino.
¿El mandatario ecuatoriano tendrá la voluntad política de explorar caminos soberanos como una estrategia regional de combate al narcotráfico?
