Por Leonardo Parrini
La historia de la humanidad demuestra que la guerra es la política por otros medios. El Estado ecuatoriano, regentado por el gobierno del presidente Daniel Noboa, confirma esta tesis en las recientes acciones que ha decretado. Lo hizo reconociendo un «conflicto armado interno», en el marco de una declaratoria de guerra de facto, hecha al Estado por las agrupaciones delincuenciales vinculadas al narcotráfico. El presidente ecuatoriano identificó al menos veinte bandas delictivas, a las que denominó -conforme el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal-, como “actores no estatales beligerantes”, no obstante que se trata de organizaciones de naturaleza criminal y de creación de economías ilícitas, que habrían reclutado al menos a veinte mil sujetos en el país, organizaciones que han logrado infiltrar instituciones del Estado y ejercer control sobre la seguridad del país, con fines delincuenciales y no políticos. Las pandillas armadas identificadas por el Gobierno son los Águilas, los Águilas Kiler, los AK47, los Caballeros Oscuros, los Chone Killer, los Colchoneros, Los Corvicheros, el Cuartel de las Feas, Los Cubanos, Los Fatales, Los Gánster, Los Kater Piler, Los Lagartos, Latin Kings, Los Lobos, los P27, Los Tiburones, La Mafia 18, Mafia Trébol, Los Patrones, los R7 y los Tiguerones; la mayoría de estos grupos tienen cuarteles generales en ciudades de la costa ecuatoriana.
En un recuento de las acciones delictivas de las últimas horas, el país registra la fuga de «Fito», el jefe de la mayor organización criminal; mientras que hombres armados toman por asalto un canal de televisión pública en Guayaquil, reteniendo rehenes. La respuesta del crimen organizado a la ofensiva del Gobierno, deja al menos diez muertos, más de cien policías y personal penitenciario retenidos por presos en motines carcelarios y una serie de ataques armados con explosivos y quema de vehículos a escala nacional.
¿Un montaje?
Frente al suceso más notable de las últimas horas, el asalto armado perpetrado, presumiblemente, por un grupo delictivo denominado Los Tiguerones a un canal de televisión estatal -TC Televisión-, no faltan versiones ciudadanas que señalan que se trató de “un montaje del gobierno”, por la forma como se dieron ciertos hechos: la rápida respuesta policial, la facilidad con que la policía redujo y capturó a los asaltantes rescatando los rehenes luego de una negociación con ellos -como afirmó a la prensa un general de la policía encargado del operativo, por la forma limpia -sin muertos- como terminó la acción policial contra una banda mayoritariamente juvenil, integrada por adolescentes menores de edad.
Obviando las sospechas ciudadanas, es positivo que el gobierno devuelva al Estado su protagonismo en materia de seguridad. No obstante, estar en guerra como retórica política es una cosa, pero en derecho internacional es otro cantar.
Reacciones frente el decreto de guerra
Ante el decreto presidencial de declarar la “guerra interna” existen diversas críticas. En primer lugar, el término “guerra interna” -para referirse a una situación en Ecuador-, no existe en los preceptos del Derecho Internacional Humanitario, normativa que regula los conflictos armados internacionales y los no internacionales. Es evidente que se corre el riesgo de darles legitimidad y legalidad a los grupos delincuenciales para ‘librar una guerra’ contra el Estado y la ciudadanía. Resulta, para observadores, inadmisible que se les otorgue estatus de “combatientes” a los miembros del crimen organizado. Esto lo ha hecho el presidente al declarar la existencia de un conflicto armado interno. En esa línea de acción, en un futuro próximo, bajo las mismas normas se les deberá conceder amnistía, según el Derecho internacional.
La declaratoria de las bandas delincuenciales como “organizaciones no estatales beligerantes”, emanó de una reunión sostenida el martes en el Palacio de Gobierno por el Consejo de Seguridad pública del Estado (CONSEPE),a la que asistieron representantes de los tres poderes del Estado y…el embajador norteamericano, y se dispuso que las Fuerzas Armadas ejecuten operaciones militares para neutralizar a las “organizaciones terroristas y actores estatales no beligerantes”, algunas de las cuales mantienen disputas entre sí.
La decisión presidencial luego de la reunión del CONSEPE quedó plasmada en el decreto 111, que amplia el Estado de excepción que ya había declarado en el país horas antes, incluido el toque de queda nocturno. Esto da lugar a una situación inédita en el país que, ya históricamente ha demostrado que las guerras civiles y conflictos armados han sido una forma de hacer política. Sin embargo, el decreto presidencial de Noboa responde a un concepto militar del Ejército ecuatoriano el cual sostiene que la inseguridad se debe a la acción de bandas armadas vinculadas al narcotráfico, catalogada como «insurgencia criminal». Esta concepción teórica emana de la doctrina de Seguridad Nacional con la cual los aparatos armados del Estado pretendieron y pretenden enfrentar a las guerrillas marxistas desde el siglo pasado. Esto tiene implicaciones políticas claras: por un lado, se corre el riesgo de ampliar el espectro de los grupos “no estatales beligerantes” a sectores sociales de protesta popular, y por otro, se hace extensiva esa condición a grupos paramilitares, ejércitos irregulares, bandas criminales, mercenarios y grupo étnicos que en un determinado momento pudieran actuar contra el Estado ecuatoriano, considerados indistintamente como combatientes. Esta táctica coincide, plenamente, con los propósitos geopolíticos norteamericanos en la región de controlar la lucha contrainsurgente y explicaría el marcado interés de la Embajada estadounidense en los asuntos internos de Ecuador.
Una situación que beneficia potencialmente a las organizaciones delictivas y pone en riesgo a los sectores de protesta social organizada, puesto que la situación es equiparable a una guerra, en la que se debería aplicar el derecho internacional humanitario a favor de las bandas delincuenciales. Por otro lado, las bandas criminales, sicarios del narcotráfico, que actúan en el país bajo las órdenes de carteles mexicanos y otros, dejan de ser lo que son: grupos criminales, y se convierten en amenaza para el Estado, transformándose en un problema de seguridad nacional que puede ser asumido por el gobierno ecuatoriano con injerencia extranjera de países como Estado Unidos, en capacidad e interés de prestar ayuda económica y militar a Ecuador.
Respuestas internacionales
Las reacciones internacionales son coherentes con esta situación geopolítica regional que surge desde Ecuador. Como antecedente, los resultados internacionales en la lucha contra la delincuencia en México y Colombia no son alentadores. No obstante, la experiencia y capacidad de estas naciones en la lucha contra el narcotráfico y que han recibido mayor aporte económico y militar de los Estados Unidos, pero que siguen registrando muy altos niveles de violencia; y, a pesar de la presencia de siete bases norteamericanas en territorio colombiano, el vecino país ha duplicado en diez años su producción de drogas exportables al mundo.
Frente a la situación actual del Ecuador, países de la región han tenido una reacción política que responde a un instinto más que a una estrategia. Argentina ofreció ayuda militar a nuestro país para combatir “a las mafias ante las cuales no se debe retroceder”, según la canciller de ese país. El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo estar atento a “todo lo que el gobierno del Ecuador nos solicite”. El régimen chileno ofreció ayuda a Ecuador y “expresó su más enérgico rechazo a la violencia producida por grupos relacionados con el crimen organizado”. Gobiernos de países como México, Bolivia, República Dominicana y Costa Rica han expresado su respaldo a Ecuador y su gobierno. EE. UU que busca retomar el liderazgo y control sobre la geopolítica regional, se vale del asesoramiento militar y policial ofrecido a ciertos países de la región como Ecuador, bajo el argumento de lucha contra la corrupción y el crimen organizado. El régimen ecuatoriano, ante las reacciones locales e internacionales, no escatima esfuerzos en utilizar la coyuntura para lograr cohesión nacional a favor del Gobierno y en torno a sus planes políticos y económicos.
El país apoya la iniciativa gubernamental, instintivamente, por temor y porque no tiene otra opción que no sea consolidar la unidad nacional por la justicia social, la paz ciudadana, el bienestar popular, bajo un Estado de Derecho, entre otras reivindicaciones que debe exigir al gobierno de Daniel Noboa en coherencia y reciprocidad con el respaldo popular. La historia dirá que tipo de liderazgo decidirá ejercer el presidente Noboa. Llegar con sus acciones hasta los delincuentes de cuello blanco y corbata que ejercen la política por otros medios, cooptados por la delincuencia organizada o mostrar presencia militar en sitios claves del país hasta neutralizar a los exponentes del crimen institucionalizado, entre otras medidas. Es hora de actuar junto a los políticos honestos, que sí existen, para depurar con su decisión política a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de delincuentes infiltrados.
Nos han declarado la guerra a la mayoría de los ecuatorianos de bien. El régimen deberá demostrar algún tipo de logro a la ciudadanía y a la clase política que, por el momento, le ha brindado su apoyo crítico.
