Por Leonardo Parrini
Confirmando lo que anticipamos al inicio del actual régimen, el presidente Noboa opta por hacer un gobierno populista que no obstruya sus aspiraciones de reelección para el 2025 y plantea una consulta popular, cuyas respuestas lucen obvias y que darán una inicial apariencia de aceptación a su mandato.
El cuestionario propone reformas al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley de Movilidad Humana y a la Ley de Extinción de Dominio. Las preguntas 1, 2 y 3 buscan un cambio en el rol de las Fuerzas Armadas, junto a la Policía, en materia de seguridad, relacionadas con acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales internacionales. Las preguntas 4 y 5 consultan si se incrementan las penas de los delitos de sicariato y se cumplen la totalidad de las condenas. Mientras que, las preguntas 6 y 7 apuntan a que se tipifique la tenencia ilegal de armas y las armas confiscadas a la delincuencia pasen a uso de las fuerzas del orden. Las interrogantes 8 y 9 se refieren a la evaluación de los funcionarios de la función judicial, y al dominio por parte del Estado como propietario de bienes ilícitos confiscados. La pregunta 10 se refiere a la modificación en la ley de migración con la deportación y expulsión de extranjeros delincuentes. Y la última pregunta 11, habla de permitir el funcionamiento de casinos y salas de juego en el país.
Las preguntas que Noboa envió a la Corte Constitucional para su control y aceptación legal en 20 días, no apuntan a generar cambios sustanciales en lo que ya existe en materia de seguridad, y tampoco incluyen otros temas de prioridad para el país. La pregunta que todos nos hacemos es: para qué la consulta popular, si los temas tratados bien pueden ser resueltos por otros mecanismos constitucionales, y aquellas cuestiones que obtuvieren una respuesta afirmativa del pueblo de igual manera deben ir a la Asamblea Nacional como proyectos de ley para su ratificación, y allí veremos si funcionará el acuerdo parlamentario entre el Gobierno, PSC y RC.
Noboa tuvo especial cuidado en no incluir en el cuestionario temas económicos y laborales conflictivos y reformas estructurales a la institucionalidad del Estado, tampoco hay propuestas que desbloqueen el sistema político por el lado de los partidos y nada apunta a reformar el sistema electoral, el Consejo de Participación Ciudadana o la Judicatura, instituciones seriamente cuestionadas en el país.
Si se busca que el supuesto mandato popular defina la agenda legislativa en materia legal penal, es un disparo al aire, puesto que aquello se puede hacer mediante el acuerdo parlamentario de gobernabilidad ya existente entre las dos fuerzas políticas más coherentes del país (RC Y PSC) con el propio régimen. A todas luces, la medida populista de consultar al pueblo, no responde a otra cosa que no sea cumplir con una oferta de campaña con fines electorales. Vista así, la consulta popular no tiene mayor novedad en el actual régimen y tampoco es la llave que abra la puerta a las transformaciones que ofreció el candidato Noboa en campaña y resulta innecesaria entre las prioridades del país.
Luego de consultado el pueblo, nada cambiará de fondo. Si bien la Consulta Popular es una prerrogativa presidencial como mecanismo para impulsar las iniciativas gubernamentales, es la Asamblea Nacional la que continúa siendo el escenario donde se decide el destino político del país. La Consulta Popular no garantiza ser un instrumento en manos del Gobierno para solucionar los graves problemas del Ecuador. La problemática nacional requiere de una respuesta de liderazgo estratégico, voluntad política y capacidad de movilización popular, virtudes que el imberbe régimen deberá todavía adquirir en el tiempo.
