Por Leonardo Parrini
El nombramiento de un funcionario o el advenimiento de una nueva institución en el maremagno burocrático del Estado, supone un principio de identidad y de igualdad. Amerita, por tanto, que el ente o la entidad en cuestión sean iguales a sí mismos. Caso contrario, se corre el riesgo de incurrir en una suplantación o simulacro, figura contemplada en la ley como arrogación de funciones, cuando un poder público asume las competencias de otro poder en violación de la Constitución. Ejemplo: El poder judicial no puede dictar leyes pues es competencia de la Asamblea Nacional, y de hacerlo cometería usurpación de tareas. Algo similar ocurre, viceversa, la Asamblea Nacional no puede ejercer justicia o juzgar penal o civilmente a un sujeto de derecho público o privado, sopena de incurrir en una arrogación inconstitucional de funciones.
En el país, la arrogación de funciones o, dicho en buen romance, el arrebato de competencias, está a la orden del día y se ha convertido en un deporte burocrático practicado a diario en las esferas de los poderes del Estado. Ejemplos abundan de casos en que una función pública ejerce inconstitucional, ilegalmente, las funciones de otra o, conjuga el verbo transitivo injerir, usurpando responsabilidades. La Fiscal funge de juez, el parlamentario de fiscal, el juez de actor político, y así consecutivamente.
Se ha hecho cuotidiana costumbre que la señora Diana Salazar, en su investidura de fiscal general del Estado, se arrogue la potestad de juzgar a priori en sus indagaciones fiscales en busca de agravantes. En consecuencia de que la ley dice que también debe indagar atenuantes en aras del principio universal de presunción de inocencia del sujeto investigado. Pero en el frío e impersonal mundo de la cosa pública, es común que ocurra todo al revés: en el país de Salazar todos somos culpables hasta demostrar lo contrario.
El caso de Jorge Glas está siendo representativo como objeto de una presión fiscal por devolverlo a la cárcel de manera indefinida en una gestión que, para muchos, dista de guardar los linderos legales para convertirse en una obsesión y persecución política de la Fiscalía.
La fiscal Salazar aseguró hace unas pocas horas que insistirá por el enjuiciamiento penal por peculado del ex vicepresidente, Jorge Glas. La decisión la adoptó luego de que en la Asamblea Nacional no hubo los votos necesarios para autorizar el enjuiciamiento penal de Glas, por supuesta malversación de fondos en la reconstrucción de Manabí por el terremoto de 2016. La petición había sido hecha por el juez nacional, Luis Rivera, no obstante, la moción para autorizar el enjuiciamiento en contra del ex vicepresidente no obtuvo ni la mitad de los 92 votos que se requerían para ser aprobada en el Pleno, y ahora deberá ser la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia la que actúe y dirima el tema.
¿Dónde inicia y dónde termina, y cuál es la sutil frontera existente entre el ejercicio legal del caso y la injerencia política en todo lo actuado en el tema?
Hasta que el país conozca una respuesta fehaciente, el ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas pidió oficialmente asilo diplomático a México, según informó la defensa de Glas la noche del 21 de diciembre. Eduardo Franco Loor, abogado de Glas, había anticipado el día anterior que la solicitud se realizaría por considerar que es un perseguido político y que ha sufrido una «arremetida ilegal, arbitraria e inconstitucional» por parte de la Fiscalía.
Jorge Glas ha sido condenado por corrupción y estuvo preso, además, tiene otros procesos pendientes. La arremetida fiscal apunta a inhabilitarlo políticamente en el contexto de una ofensiva en toda la línea contra el correísmo, tendencia que representa Glas en el país.
La politización de la justicia es otra forma de injerencia de un poder sobre otro, como una asidua práctica de simulación que el país observa impotente. La arrogación de funciones en materia de competencias y funciones, es una estrategia que la derecha política latinoamericana viene practicando en reiteradas actuaciones, haciendo caso omiso a la sentencia popular: Por sus acciones los conocereis.
