Por Leonardo Parrini
El caso alude a un mal incurable, el cáncer. Así también de grave son los males que aquejan al Estado ecuatoriano, corrompido y cooptado por la delincuencia organizada vinculada al narcotráfico con la complicidad y compra venta de jueces, policías y funcionarios estatales. En las últimas horas un operativo policial señaló evidencias sobre la eventual participación de altos funcionarios de la función judicial, policial y del Ejecutivo, en delitos relacionados con el narcotraficante Leandro Norero, asesinado en una cárcel del país. La investigación estableció la evidencia de que existen 14 mil chats que confirman las relaciones del ex criminal con jueves y policías para lograr impunidad en casos de narcotráfico.
El caso involucra a Wilman Terán, ex juez de la Corte Nacional y actual presidente del Consejo de la Judicatura y Pablo Ramírez, general de la Policía que se desempeñó como director de Antinarcóticos y ex director nacional del Servicio de Atención a Privados de la Libertad. El rango de los implicados demuestra que el narcotráfico habría apuntado a puestos claves del Estado para reclutar efectivos que actúen bajo sus órdenes.
Paralelamente a estos detalles del caso, no deja de llamar la atención la efectividad de la Fiscalía en el montaje del operativo policial, precisamente en momentos que la Fiscal General, Diana Salazar, enfrenta un juicio político en la Asamblea Nacional acusada de actuar de manera selectiva en su cargo a la hora de aplicar justicia.
En versión del ex presidente Rafael Correa, el operativo de la Fiscalía coincide con el concurso de renovación de la Corte Nacional, el cual buscaría complicar el proceso que desde ya se sabe ha sido cuestionado por supuestas irregularidades.
Metástasis, como su nombre lo indica literalmente, implica que el tumor canceroso, en este caso la corrupción, se ha propagado a una o varias partes del cuerpo del Estado distintas de donde comenzó. El operativo, supuestamente, puso al descubierto la acción de nueve jueces que están siendo procesados en la causa en cuestión, y que habrían actuado en casos de acciones de protección al narcotráfico.
Más allá de los ribetes policiales, el caso Metástasis supone un tema idelogico que confirma una falta de valores éticos y profesionales, en la formación y actuación de determinados miembros claves de la función judicial y policial. Al final del día, el resultado es una justicia corrompida, cooptada por la delincuencia, como el flanco más vulnerable del Estado penetrado por quienes operan al margen de la ley. Una institucionalidad oficial corrompida junto al sector privado de donde provienen abogados y profesionaes que prestan sus servicios al crimen organizado, vendidos a la mafia.
Demás está decir que no se acaba esta situación con uno o más operativos. Este no es un tema solo policial sino axiológico, de valores. Cabe una pregunta por demás pertinente: ¿qué pasa con la carrera de Derecho en las universidades ecuatorianas, cómo se está formando a los profesionaes de la justicia?
Se nota a simple vista que el problema de la corrupción en el sistema jucidial no es solo un asunto de reformas legales, es un tema cuyo fondo es ideológico: la sociedad ecuatoriana carece de un modelo y de valores referenciales que den sustento ético a los contenidos en la formación profesional de los abogados del país.
El Estado no es un abstracto, es una entidad conformada por varias instituciones que son regentadas por los funcionarios de turno. De ellos depende lo que hace y deshace el Estado y esa gestión depende, a su vez, de la concepción que se tenga del Estado. Si se privilegian sus instituciones en delitos económicos, en represión política o manipulación de la información, lógicamente tendremos un Estado impopular, antinacional, vulnerable a todo tipo de ofertas y demandas del crimen organizado.
Los funcionarios públicos deben ser políticos-técnicos, es decir, profesionales con la decisión de ser leales a un proyecto político y en capacidad de implementarlo. Esa lealtad pasa por un compromiso que en, última instancia, es ético, arraigado a la ideología del funcionario; solo entonces el burócrata pondrá sincero empeño en ser técnicamente eficiente. Un deber ser que dista mucho de la realidad ecuatoriana. Nuestros burócratas, muchas veces mal pagados, deben recurrir a diversas formas de obtener dinero mal habido y ese es el caldo de cultivo para la delincuencia que los recluta.
Las reformas legales, el incremento de las penas, los operativos policiales nada garantizan por sí mismos. La metástasis del Estado seguirá contaminando nuevos órganos si no hay una reformulación del rol de Estado y sus instituciones. No es una simple reinstitucionalización del Estado, es una revolución política que cambie los contenidos y las formas de ser país.
