Por Luis Onofa
Los ecuatorianos concurren a las urnas este domingo por segunda vez este año en la búsqueda del sustituto del actual presidente Guillermo Lasso, en un escenario marcado por el repliegue del Estado en el cumplimiento de sus responsabilidades públicas, como consecuencia de seis años de políticas neoliberales, que han desembocado en la agudización simultánea de múltiples conflictos sociales, económicos y políticos, escenario que no lo había vivido el país, al menos en los últimos cuarenta años.
A la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción, que la derecha privilegia en sus discursos en su afán de minar la fuerza de la centroizquierdista Revolución Ciudadana, se suman otros tan o más estructurales que aquellos, como la inequidad social, el desempleo, el deterioro de la infraestructura pública que sostiene la producción, el estancamiento de la economía y el deterioro de los servicios públicos de salud y educación.
El signo mayor de la violencia y la inseguridad en tiempos recientes es el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en agosto pasado, a días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. A ello se suman las estadísticas sobre la violencia en general. La curva de homicidios intencionados, que había descendido de manera constante desde 17,51 por cada cien mil habitantes en 2010, hasta 5,81 en 2017, volvió subir, igualmente de manera sostenida desde 2018, hasta ubicarse en 25, en 2022, y podría terminar este año con 35 por cada cien mil habitantes.
El narcotráfico y el consumo de droga, cuya magnitud ha ido creciendo en años recientes, al igual que su penetración en la economía del país y en instituciones del Estado: las capturas de pasta de cocaína, cuyos destinos eran Estados Unidos y Europa, sobrepasaron las 200 toneladas anuales en 2021 y 2022 y apuntan a crecer en 2023.
La pobreza afecta a cerca del 30 por ciento de la población, con mayor énfasis en los indígenas, el campo, y los niños y adolescentes, y más de 60 por ciento de la población está en el subempleo o el desempleo.
No hay cifras globales sobre la migración ecuatoriana. Pero algunos datos muestran que el éxodo que marcó la crisis bancaria de 1999-2000 ha vuelto al país: más de 75 mil ecuatorianos fueron detenidos por autoridades migratorias de Estados Unidos, en su territorio, entre octubre de 2022 y mayo de 2023.
La inversión pública, dinamizador de la economía, se ha reducido a lo largo de los siete años recientes, que corresponden a los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso, en comparación con la década de la administración de Rafael Correa. Para 2023, el monto presupuestado es de 2.1 mil millones de dólares, de los cuales, hasta agosto pasado se había ejecutado apenas el 28 por ciento.
Este mes de octubre, el país está amenazado de apagones por falta de inversión en mantenimiento de centrales hidroeléctricas o la construcción de nuevas; la producción petrolera, que en su mayor parte corresponde a la estatal Petroecuador, permanece estancada y con el riesgo de una baja, igualmente por falta de inversiones, y la estatal de telecomunicaciones ha perdido mercados, por falta de renovación tecnológica. Otras empresas estatales han desaparecido, bajo la asfixiante política de ajuste fiscal de aquellos gobiernos.
Las previsiones de crecimiento de la economía se han ido reduciendo a medida que se agudiza la situación política del país. A mitad de este año, el Banco Mundial, las colocaba en 2.6 por ciento, después de haberlas estimado en 3.1 por ciento a comienzos de 2023. Y la inflación, en la dolarizada economía ecuatoriana, ha repuntado en meses recientes para situarse en 2.2 por ciento anual, en septiembre pasado.
Ecuador es un país donde el 1,3% más rico de la población concentra el 50,2% de la riqueza, mientras el 32,4% más pobre tiene apenas el 2,9%; los vulnerables, el 12 % y la clase media, 34,1% de la riqueza, según Andrés Mideros, director Académico de la Universidad Católica del Ecuador.
Semejante escenario debería llevar a los votantes a buscar una opción de ruptura con ese pasado este domingo. Pero el discurso de la derecha, que encuentra amplio eco en los medios, ha buscado impedir a aquellos que vean con claridad el complejo panorama del país. Para ello, se ha empeñado en endosar la responsabilidad de la inseguridad y el narcotráfico al gobierno de la Revolución Ciudadana (Rafael Correa, 2007-2017), y marcarle a éste con el estigma de la corrupción, en circunstancias en que uno de los rasgos dominantes de su gestión, según algunos analistas, fueron rigor en el cobro de tributos y un reparto más equitativo de la riqueza, a través de una presencia fuerte del Estado en la dotación de servicios públicos como educación, salud, construcción de infraestructura y generación de empleo.
Este complejo escenario hizo crisis este año, al punto que llevó al presidente Lasso a disolver la Asamblea Nacional, cuando ésta debatía un juicio político en su contra por peculado, y a pedir al Consejo Nacional Electoral convocar a elecciones anticipadas de nueva legislatura y nuevo presidente de la República. Este domingo, los ecuatorianos elegirán entre Luisa González, de la Revolución Ciudadana, que ganó la primera vuelta, en agosto pasado, y Daniel Noboa, segundo en esa contienda, quien forma parte del conglomerado bananero encabezado por su padre, Álvaro, y que a juicio de algunos analistas continuaría la política económica de Guillermo Lasso. De acuerdo con éstos, será una elección entre la continuidad de las políticas neoliberales y un estado que prioriza la recuperación económica y la política social.
