Quienes fuimos protagonistas como víctimas de las dictaduras de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile en los años sesenta y setenta en Sudamérica, podemos dar fe de los procedimientos terroristas forjados por los aparatos de inteligencia norteamericanos para torcer la verdad, forzando falsos testimonios. Así ocurrió en innumerables casos de represión, tortura y asesinato policial y militar en que fueron “juzgadas” y sacrificadas personas inocentes. Dicha participación del gobierno estadounidense de esa época en las dictaduras sudamericanas quedó al descubierto al ser desclasificados los documentos de la CIA. Kintto Lucas, ex vicecanciller de Ecuador, tiene razón cuando señala que “el caso Villavicencio es una vergüenza internacional. Inventaron testigos como ocurría en dictaduras del Cono Sur. Cogieron un prontuariado y le dieron un guión para salvarse. Mataron a los sicarios para que no digan que es un mentiroso”.
Falso testigo protegido
¿El uso de un falso testigo protegido en el asesinato de Fernando Villavicencio sería obra y gracia de los mismos aparatos de inteligencia norteamericanos que actuaron en Sudamérica durante los regímenes militares del Cono Sur? ¿Eso explica el denodado interés del gobierno estadounidense en el caso Villavicencio? Lo singular es que en el expediente ecuatoriano la trama falsa es burda de principio a fin, por tanto, no es creíble: el “testigo” J. P. A. M., es ecuatoriano y tiene un prontuario penal con cuatro casos por receptación, porte de armas, narcotráfico y delincuencia organizada entre 2017 y 2023. Según habría revelado en su testimonio, el testigo no habría participado directamente en el asesinato de Villavicencio pues no acudió porque su vehículo se dañó previamente.
Las revelaciones del supuesto testigo hablan de “200 mil dólares que habrían recibido los sicarios que mataron a Fernando Villavicencio. Hubo un intento previo, el 1 de julio de 2023 durante una caravana en Santo Domingo y el autor intelectual sería el gobierno de Correa”. Esa versión reservada fue hecha pública por personas cercanas a Villavicencio que son partes procesales en el expediente por asesinato. El testigo se habría presentado en el Complejo Judicial del Norte de Quito en la mañana del 8 de octubre del 2023 para rendir testimonio “anticipado” por el asesinato de Villavicencio.
Cabe notar que el testimonio fue tomado después del cierre de la instrucción fiscal del caso, por tanto, no sirve en un juicio contra los autores materiales del asesinato y solo es una línea investigativa para dar con los autores intelectuales que, sorprendentemente, el testigo vinculó anticipadamente con el correísmo. Este detalle demuestra que el propósito no es esclarecer el crimen, sino provocar la duda en el electorado sobre la relación que, falsamente, se dice que existe entre el crimen de Villavicencio y el movimiento político de la candidatura de Luisa González. Solo hay que discernir a quién favorece, electoralmente, dicha vinculación mediática. Se trata de un montaje político siniestro destinado a influir en el resultado electoral favoreciendo, supuestamente, a la candidatura de Daniel Noboa quien, luego del último debate perdió puntos por su incapacidad política y profesional demostrada.
Montaje con fines electorales
Frente al perverso guión de asesinar a 6 supuestos sicarios del crimen de Villavicencio, la prensa no dice nada como si se tratase de un acontecimiento normal. Cierto periodismo lacayo del poder demuestra mediocridad y cobardía al pretender convertir la mentira en verdad con el silencio cómplice o dando crédito a las versiones sin cuestionar las fuentes.
El montaje ocurre a pocos días de la segunda vuelta del 15 de octubre en un acto desesperado e inmoral que buscar torcer la voluntad popular en las urnas, confundiendo a los electores, estimulando el odio irracional contra una mujer candidata a la Presidencia de la República y su movimiento político, sin otro argumento que la mentira falaz, la narrativa oprobiosa y el propósito de impedir con acciones mediáticas el triunfo del correísmo.
La ejecución de crímenes, montajes políticos mediáticos y uso de ingentes recursos económico para comprar testigos, no deja de sorprender a la comunidad internacional que esto ocurra en Ecuador, país otrora pacifico, ejemplar por su seguridad, admirado por su soberanía y respetado por su sentido de justicia.
Acuerdos de última hora
No es gratuito que el gobierno ecuatoriano haya solicitado al FBI intervenir en las investigaciones del caso Villavicencio, desconfiando de la propia Policía Nacional, facilitado de ese modo la injerencia de aparatos de inteligencia estadounidense en Ecuador. Tampoco deja de sorprender que estos hechos coincidan con las únicas acciones que realiza el gobierno de la muerte cruzada de Guillermo Lasso, cuando ya está de salida: establecer acuerdos militares de última hora con los Estados Unidos. Que Ecuador y EEUU hayan extendido formalmente la cooperación en el fortalecimiento de la capacidad de las fuerzas del orden y del sector judicial “para combatir el crimen organizado transnacional y reforzar la seguridad de los ciudadanos y las comunidades en el Ecuador”, es atentatorio a la soberanía nacional por cuanto supone la presencia de dispositivos militares y aparatos de inteligencia norteamericanos en territorio del Ecuador. El texto de dichos acuerdos, fue enviados a la Corte Constitucional en el documento firmado con Estados Unidos para ejecutar operaciones conjuntas en zonas marítimas ecuatorianas, lo que contempla la instalación de tropas de ese país en Ecuador para realizar operativos coordinados. Parte del acuerdo firmado en septiembre, supone que el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos colabore presencialmente con la Armada de Ecuador en la realización de operaciones marítimas combinadas. En agosto de 2023, el canciller ecuatoriano y el embajador de los Estados Unidos en el Ecuador, habían suscrito una carta de acuerdo para la “cooperación continua norteamericana en la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y otros delitos transnacionales”, lo que supone capacitación y equipamiento de personal militar y policial y del sector judicial en los próximos 10 años.
La injerencia norteamericana en asuntos internos de Ecuador, demuestra el claro interés estadounidense en los procesos políticos ecuatorianos, país al que considera uno de los aliados tradicionales que resta en la región.
