Por Leonardo Parrini
Se ha dicho que los países latinoamericanos, siendo países ricos, vivimos en la pobreza. Esta es una realidad que, sin duda, está en proporción directa con nuestra capacidad de aprovechar nuestros recursos humanos y naturales.
Ecuador es un país rico en recursos hidrocarburíferos, mineros y pesqueros, sin embargo, una decisión de la Corte Constitucional autorizó a un colectivo ambientalista formular en una consulta popular la interrogante si debemos o no continuar explotando el petróleo que yace bajo el suelo del Yasuní en la Amazonía ecuatoriana, conocido como Bloque 43.
Bajo el suelo del Yasuní yace la mayor reserva de crudo de Ecuador: más de 1.672 millones de barriles de petróleo, el más importante proyecto hidrocarburífero en la historia de la explotación petrolera del país latinoamericano. En el entorno de esta área natural protegida resguardan este preciado recurso en el Bloque petrolero 43 o también llamado ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini)-en una extensión de casi 2.000 hectáreas, 100 de ellas dentro del Yasuní. Según estudios, en el área se estima que existen 150 especies de anfibios, alrededor de 600 de aves, así como más de 3.000 de flora, además de la presencia de población indígena en supuesto aislamiento al interior del bosque.
Esta realidad ha dado motivos para que desde fines de la década de los años noventa se haya promovido desde distintos intereses la “conservación” de este territorio amazónico, bajo el dilema de explotar o conservar su riqueza en el subsuelo.
La propuesta ambientalista de conservar bajo tierra el recurso natural del petróleo está en contradicción con los intereses económicos del país, al punto que sectores proclives a la explotación hidrocarburífera han calificado la tentativa conservacionista como “un suicidio económico”, al negarse al país ingentes recursos provenientes de la industria hidrocarburífera en la zona, de cara a la grave crisis financiera que mantiene postergados diversos planes de desarrollo social en salud, educación, seguridad, empleo y otros.
Informe económico
Un informe económico del Banco Central del Ecuador -del 14 de agosto 2023- sostiene que el cierre del ITT representa un duro golpe para la economía nacional con una reducción del 12,3% de la producción de petróleo. Consecuentemente, la economía nacional experimentaría una reducción del 0,7 en 2023 y 0,8 en 2024, debido a la contracción en la inversión pública y privada en operaciones del Bloque 43-ITT. El golpe a la economía se expresaría en la merma del crecimiento económico, que en 2023 crecería solo un 2,6%. En el campo laboral el impacto esta cuantificado en una perdida de 30.693 empleos en el año 2023 y 31.688 en el 2024, registrándose una disminución de 0,4% en la tasa de ocupación respecto del mes de abril.
La Gerencia de Petroecuador ha informado que “en 20 años la pérdida sumaría 16.470 millones de dólares, que incluyen 13.800 millones por ingresos petroleros no percibidos; 467 millones por el costo de abandonar el bloque; 1.952 millones por la infraestructura e instalaciones que tendrán que ser retiradas, y 251 millones por compensaciones sociales.
Actividad en el Yasuní
La empresa estatal petrolera ecuatoriana reporta que el 6 de marzo del 2020 adjudicó un contrato de prestación de “servicios específicos integrados” para la perforación y explotación de 24 pozos nuevos para las plataformas B y D en Tambococha, en el Bloque 43, dentro de la provincia de Orellana. El contrato de 148 millones de dólares fue adjudicado a la empresa china Chuanqing Drilling Engineering Company Limited. Con esta operación se incrementaría la producción en alrededor de 7.500 barriles de petróleo por día, según informó Petroecuador en aquel momento. Como una ampliación y como parte de los trabajos anexos en el lugar, en febrero de 2020 se inicia la construcción de “un acceso ecológico” para conectar el tramo de la plataforma Tambococha B a la plataforma Ishpingo A del Bloque 43. La licitación se realizó mediante un Concurso de Ofertas con bases previamente establecidas, revisadas y aprobadas por las autoridades competentes. La compañía Chuanquing Drilling Engineering Company Limited fue adjudicada una vez que superó los requisitos técnicos requeridos en las bases del concurso y presentó una oferta económica más baja en relación a las otras ofertas económica presentadas.
La consulta
Luego de que la Corte Constitucional diera paso a la consulta popular a escala nacional “¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?”, el electorado se pronunció afirmativamente. Cabe notar que la respuesta habría sido formulada sin el debido conocimiento de las consecuencias económicas, puesto que no fue tratado el tema por los aspirantes a la presidencia en el debate oficial del CNE y una escasa campaña informativa impidió que los ecuatorianos voten con absoluto conocimiento de causa sobre el tema.
Por ejemplo, se desconoce que la operación en el ITT está bajo un estricto control de las autoridades ambientales. Según Petroecuador, todos los accesos construidos en el Bloque 43 forman parte de las autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Ambiente. Su operación está legalmente autorizada. Previo al inicio de actividades constructivas de los accesos, se realizó una topografía ambiental a detalle con intervención de un equipo multidisciplinario -biólogos, ambientalistas y técnicos- que identificaron áreas biológicamente sensibles, como bebederos, comederos, sitios de anidación, corredores ecológicos, árboles de importancia. La industria petrolera es la más vigilada del mundo por sus eventuales impactos ambientales. En el caso ITT existe un seguimiento a las condiciones físicas de cuerpos de agua, calidad de aire, niveles de presión sonora y emisiones a la atmósfera. Según la estatal petrolera, se busca “precautelar el equilibrio del ecosistema natural, reduciendo los efectos de la fragmentación ecológica y priorizando el normal desarrollo de las especies arbóreas y terrestres”.
No obstante, la Corte Constitucional dio paso a una “consulta popular” a escala nacional con la disyuntiva de continuar o no con la explotación hidrocarburífera en el Yasuní. El electorado nacional se pronunció, en un porcentaje mayoritario, por dejar el petróleo bajo el suelo del ITT.
En el año 2014, el Estado ecuatoriano realizó un proceso de consulta previa pertinente entre los habitantes de las zonas de influencia petrolera, antes de iniciar la explotación del Yasuní ITT. En nuestra publicación, La Consulta Previa Bloque 43 ITT: Diálogo comunitario en democracia, (Leonardo Parrini, 2014), se manifiesta: “La nueva era petrolera como se ha llamado a la etapa en que Ecuador pone énfasis en el aprovechamiento responsable y perentorio de sus recursos naturales no renovables como el petróleo, se caracteriza por una nueva fundamentación doctrinaria en la política pública hidrocarburífera del país (…) en la Amazonía ecuatoriana no se puede volver a dar un proyecto de cualquier industria, sin que exista un proceso de Consulta Previa Libre e Informada, porque ahora está incorporado como un ejercicio de vida de la gente, y no solo de derecho (…) La Consulta Previa concluyó, según la planificación de la Secretaria de Hidrocarburos del Ecuador (SHE), en 14 comunidades de influencia directa y 2 de influencia indirecta de las parroquias de Santa María de Huiririma, Tiputini, Nuevo Rocafuerte y Yasuní del Cantón Aguarico, provincia Francisco de Orellana, asentadas en la ribera del rio Napo. El proceso contó con la participación de alrededor de 3.233 personas en todos los mecanismos implementados: 7 oficinas de Consulta Permanente, 1 Centro de Información Pública, 8 oficinas de Consulta Itinerantes, 7 Audiencias Públicas, y 8 Asambleas Generales de Retroalimentación, teniendo un conjunto de 53 mecanismos de consulta ejecutados”. De modo que la explotación petrolera en el ITT contó con la información y aprobación de los habitantes del Yasuní, quienes dieron paso a la industria conscientes de sus riesgos y beneficios.
Una iniciativa oficial convirtió al Yasuní en objeto de interés mundial en 2007, cuando el entonces presidente Rafael Correa propuso un plan aparentemente innovador para atraer más de 3.000 millones de dólares en donaciones de la comunidad internacional a cambio de mantener el abundante petróleo del parque en el suelo. El plan se derrumbó unos cinco años después, con ambas partes argumentando que la otra no estaba suficientemente comprometida con la iniciativa. El romanticismo de la propuesta dejó de serlo cuando se tocó el bolsillo de los países industrializados. La posición de sectores sociales, de un ecologismo a ultranza, ha continuado propugnando terminar con la industria petrolera en el Yasuní, a sabiendas de que el petróleo es el sueldo del Ecuador. Dichos sectores, no han presentado alternativas de desarrollo económico para reemplazar los 1.200 millones de dólares anuales que significa la riqueza hidrocarburífera del sector. Tampoco señalan cómo sustituir las fuentes de trabajo que en estos momentos beneficia a cinco mil familias aledañas al ITT. Estos son recursos humanos y económicos de urgente necesidad para el país sudamericano que se debate en una crisis de pobreza y miseria local y nacional. En siete años de explotación el Bloque 43-ITT ha producido 4.280 millones de dólares al país.
Luego de la respuesta afirmativa a la consulta de dejar el petróleo bajo tierra, 176 proyectos se quedan en el aire en espera de una licencia ambiental y una significativa cantidad de gente que se queda sin trabajo por suspensión de explotación petrolera. Para implementar la explotación del ITT el Estado ecuatoriano firmó 74 contratos por un monto de USD 1.171 millones que incluyen diversos servicios técnicos como perforación, repuestos y mantenimiento.
Los habitantes de la provincia de Orellana, en donde se encuentra localizado el Yasuní, conscientes de sus recursos y sus beneficios se han pronunciado en contra de dejar de explotar el petróleo de sus territorios. Este es un hecho significativo puesto que, la Constitución de la República, en su Artículo 57, numeral 7, indica que quienes tienen que decidir sobre una actividad extractiva de iniciación y fin de una actividad petrolera, tienen que ser los habitantes de la zona donde está situado el yacimiento hidrocarburífero. Es decir, deben ser los propios pueblos aledaños a los sitios donde opera la industria quienes deben pronunciarse sobre su presencia en la zona y no todo el país. Prueba de ello es que la consulta indagó a los habitantes de la provincia de Pichincha sobre la explotación minera en el Chocó Andino y solo a los cuencanos sobre la conservación de los recursos hídricos en la provincia de Azuay.
Las comunidades amazónicas de la provincia de Orellana -donde se encuentra el Yasuní-, se pronunciaron en contra de estas consultas que cierran las posibilidades al desarrollo 16 comunidades en el Yasuní. A este absurdo se suma el hecho que el Estado ecuatoriano debe desembolsar 500 millones de dólares para desmantelar y retirar las instalaciones petroleras en el ITT, cuya infraestructura costó aproximadamente 4 mil millones de dólares. Para retirar la infraestructura petrolera del ITT se tiene que hacer un plan que debe ser aprobado por el Ministerio del Ambiente y por las comunidades que allí habitan. Y aun en el caso de que se retire la industria petrolera de la región, nada garantiza que no haya tala ilegal del bosque, minería ilegal y otras actividades fuera de control. El hombre, es la naturaleza que toma consciencia de sí misma. Por tanto, no puede existir contradicción entre el ser humano y el entorno natural puesto, históricamente, en provecho de su beneficio vital.
