Ecuador en su existencia republicana ha vivido momentos de crisis como todo país sudamericano protagonista de una turbulenta historia. A los desastres naturales, terremotos, inundaciones, sequías y erupciones volcánicas de nuestra loca geografía, hay que sumar los acontecimientos de una atribulada historia regional. Colonialismo, despotismo, guerras fraticidas, traiciones políticas, golpes de Estado, dictaduras militares, entre otros males, son los hechos que copan los anales históricos del continente. Sin embargo, a Mariana de Paredes Flores, beata ecuatoriana canonizada por el papa Pio XII, se le atribuye la sentencia de que «el país no será destruido por desastres naturales sino por malos gobiernos». Y la frase resultó profética.
Al cabo de los años nefastos regímenes nos condenaron a la pobreza siendo un país rico en recursos, nos condujeron a la guerra siendo un pueblo de paz. Destrozaron estructural y funcionalmente al país, corrompiendo instituciones y tergiversando las funciones del Estado. Gamonales, oligarcas y banqueros que han regido la vida política y económica de Ecuador, generaron crisis de las que nunca salimos airosos, bajo regímenes de explotación, miseria y exclusión, porque en su ideario de país está la de un territorio de iniquidades, injusticias y miseria para las grandes mayorías, mientras sus élites ostentan la riqueza, el poder y privilegios de clase. Así se escribe la historia de Ecuador.
En nuestros tiempos, el estado anímico de la ciudadanía da cuenta del estado de descomposición social en el que vivimos en un régimen de excepción. Excepcional en su fracaso, original en su perfidia, inédito en su corrupción.
El régimen de excepción de Guillermo Lasso ostenta el más alto índice histórico en la tasa de homicidios con 20 por cada cien mil habitantes. Entre enero y junio de este año en Ecuador se han registrado 3.513 asesinatos, lo que significa un aumento del 58% respecto a 2022, informó recientemente la policía. Al concluir 2023, la tendencia criminal arrojará la escalofriante estadística de 40 asesinatos por cada cien mil habitantes, un crecimiento exponencial del 300% desde que asumió Lasso, con 5 crímenes por cada cien mil habitantes, lo que convertirá al país en el más violento de la región.
Protagonistas del crimen organizado
Ante la ola de violencia se ha identificado a grupos de delincuencia organizada (GDO) como protagonistas. Según Fernando Carrión, investigador de FLACSO, “el país está absolutamente cartelizado, existen unos 17 carteles mundiales, entre esos los mexicanos, con el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Durandeños”, cuyos brazos armados, bandas locales como Los Choneros, Tiguerones, Chone Killers, Lobos, Lagartos y otros, protagonizan crímenes en guerra por territorios de comercialización de drogas en las calles y el control de los pabellones al interior de las cárceles. Su misión es asegurar los embarques de droga desde Ecuador y, además, ofrecer servicios exprés para los grandes carteles mexicanos y de los Balcanes, los albaneses especialmente: «Ya tienen el control de las rutas internas desde las fronteras hasta los puertos», asegura un funcionario ecuatoriano. El Consejo de Seguridad Pública y de Estado (Cosepe), concluyó que las bandas son una amenaza que “atenta contra los elementos estructurales del Estado y por consiguiente a su seguridad integral”,
Las características de Ecuador, geográficamente ubicado entre Colombia y Perú, dos de los grandes productores de droga del mundo, junto a factores como la debilidad institucional, ausencia del Estado con políticas antidrogas, las desigualdades económicas, la corrupción policial y la dolarización, han convertido al país en un campo fértil para el crimen organizado.
Régimen de excepción
Lo singular del caso ecuatoriano es que los GDO han penetrado las instituciones estructurales del Estado -Justicia, Policía FFAA- y organizaciones políticas de la sociedad civil. Sabido es que la embajada estadounidense y sus agencias de espionaje, CIA y otras, han detectado “narco-generales” al interior de la institución militar y policial ecuatoriana y la conducta de fiscales y jueces, con incremento injustificado de su patrimonio material y dictámenes judiciales favorable al narcotráfico, hacen concluir en que todos tienen su precio.
El Estado nacional ha buscado permeabilizarse ante estos hechos decretando “estados de excepción”, cuando la crisis de violencia rebasa los límites. Los jefes de Estado, motivados por situaciones de emergencia o crisis, han recurrido con frecuencia a un régimen jurídico y político con el fin de obtener facultades extraordinarias que les permitan mantener el statu quo; esto a través de crear e imponer un orden normativo, económico, tributario y social de «anormalidad». Esa figura, regulada constitucionalmente -el estado de excepción-, no puede verse únicamente desde el ángulo político, más bien debe ser visto en contexto y a la luz del derecho internacional humanitario que, en última instancia, es el sistema que lo nutre, le da forma y límites. El caso de Ecuador resulta llamativo, pues, en los últimos 13 años el país ha vivido más de un centenar de estados de sitio, 102 sin control alguno, y a pesar de contar con un esquema de regulación estructurado.
En el último período gubernamental, el presidente Guillermo Lasso han realizado 15 declaratorias de excepción amparado en el artículo 164 de la Constitución de Ecuador que faculta al mandatario para ordenar el estado de excepción en caso de «agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural». Sin embargo, por inacción ineptitud o complicidad de poco han servido las declaratorias de excepción convirtiendo, al final del día, al régimen ecuatoriano en un Estado de excepción criminal, sin parangón en la región.
La realidad confirma que el estado de excepción solo busca mayor militarización y presencia policial en las calles, sin abordar realmente los temas de fondo. Así lo evidencia el asesinato de Fernando Villavicencio que, no obstante, la presencia uniformada, la protección al candidato no resultó eficaz. El asesinato a Villavicencio, provocó el último estado de excepción a escala nacional, sin embargo, pese a la medida extemporánea ante el clima de violencia electoral, el Estado no fue capaz de dar protección a un aspirante a la primera magistratura del país. La viuda de Villavicencio, Verónica Sarauz, exigió al presidente de la República, Guillermo Lasso “respuestas” a lo que calificó como “crimen de Estado”, por el asesinato de su esposo ocurrido el 9 de agosto pasado. “El asesinato de Fernando es un crimen de Estado, porque estaba bajo la custodia del Estado a través de la Policía Nacional. Fue en este Gobierno que mi esposo fue asesinado y es este Gobierno el que me tiene que dar respuestas y va a dármelas”, enfatizó Sarauz.
El mandatario ecuatoriano ha declarado que se trata de un “crimen político”, frente al cual, “no le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas”.
Esta insinuación es grave, si no es contextualizada responsablemente por parte del presidente Lasso. ¿Debemos entender que hay sectores políticos que contratan sicarios para eliminar a sus opositores, ¿quiénes?, o es el Estado que excepcionalmente comete crímenes con el fin de preservar en el poder a grupos hegemónicos que lo ostentan?
