Al estilo sicariato y con tres tiros en la cabeza, este miércoles 9 de agosto, fue asesinado Fernando Villavicencio Valencia, candidato presidencial por el movimiento Construye, tras un mitin político desarrollado en el coliseo del colegio Anderson en Quito. El crimen perpetrado en la persona del candidato Villavicencio no solo representa una pérdida irreparable para su familia, esposa, hijas y coidearios, además pone en jaque a la propia democracia, con una eventual víctima colateral: el proceso electoral del 20 de agosto.
Surgen los cuestionamientos pertinentes: ¿a quién puede interesar que no existan elecciones o que se aplacen por falta de garantías a los candidatos; quién está interesado entre bambalinas en torcer la voluntad popular o desde dónde opera un contubernio macabro para impedir un inminente triunfo del progresismo?
Los hechos
Luego de un intercambio de balas entre sicarios y personal policial que resguardaba al candidato, el atentado deja 9 heridos, un sicario muerto y seis detenidos. El asesinato de Fernando Villavicencio no constituye un crimen común que deba solo ser investigado por la policía y archivado en una comisaría de barrio, ni descrito por la crónica roja como un delito cometido por la delincuencia común.
Según versión oficial, en cadena de televisión el presidente Guillermo Lasso manifestó que “es un crimen político que adquiere un carácter terrorista”, y decretó por sesenta días el estado de excepción con movilización de las FFAA, en todo el país: “No dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. No es una coincidencia que este hecho condenable se produzca a los pocos días de la primera vuelta presidencial”, comentó el presidente de la República.
¿Contra quién estuvo dirigido el crimen? Villavicencio había denunciado amenazas en su contra de parte de Adolfo Macías (alias Fito), líder de la banda Los Choneros, detenido en el complejo penitenciario de Guayaquil. Y en la mañana del 9 de agosto en entrevista de prensa el candidato Villavicencio había reiterado su decisión de “crear una cárcel de altísima seguridad en la Amazonía para encarcelar a los delincuentes más buscados del país”, advirtiendo a los líderes de las bandas delincuenciales que les declara la guerra sin cuartel. En su propuesta prometió militarizar los puertos, crear una unidad policial antimafias y establecer un mapa de nuevos ricos para identificar fortunas ilícitas de los últimos 20 años.
Un Estado fallido
El crimen del candidato Villavicencio se suma a la larga lista de hechos de violencia criminal que un “Estado fallido” ha sido incapaz de impedir, controlar y sancionar. El país se le fue de las manos al Estado administrado por el actual gobierno de Guillermo Lasso: vivimos bajo el terror de bandas criminales.
¿Cómo puede un Estado fallido responder a la altura de las circunstancias? La decisión de la autoridad electoral es pertinente: la titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, expresó su repudio ante el acto criminal y ratificó que el proceso de elecciones anticipadas “se mantienen inalterables” y el sufragio será el domingo 20 de agosto, “en cumplimiento del mandato constitucional y legal”. Así mismo continuarán todas las actividades previstas en el calendario electoral.
Según el Código de la Democracia, luego del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el movimiento Construye deberá designar a un nuevo postulante para reemplazarlo en la papeleta electoral. No obstante, la papeleta presidencial ya está impresa con la foto y nombre de Fernando Villavicencio y su compañera de fórmula no puede ser reemplazada. Es decir, se debe reemplazar al candidato por otro candidato masculino y a él se le adjudicarán los votos que vayan para Villavicencio el día de las elecciones.
Nunca es tarde para levantar la bandera de la paz, el país debe reafirmar un proceso político en democracia, confirmando la realización de las elecciones el 20 de agosto con garantías plenas de respetar la voluntad popular. La institucionalidad democrática ecuatoriana debe confirmar su capacidad de conducir al país por los senderos de la convivencia pacífica. A partir del 20 de agosto un nuevo capítulo se inicia con la responsabilidad del Estado de pacificar al Ecuador en democracia y con justicia social.
