Una de las afirmaciones más inquietantes que se hace en referencia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es que el IESS es un enfermo grave que requiere cirugía mayor y urgente, una reingeniería de todos sus procesos, servicios y fondos, como el de las pensiones; para que mejore a tiempo y así evitar su colapso, que será inminente si no se adoptan acciones correctivas inmediatas y con proyecciones de largo plazo. El inquietante estado del seguro social -como indica su propia sigla IESS-, no es nuevo, pero se ha agravado, pese a que autoridades del IESS dicen que todo se ha resuelto, pero esta entidad es un convaleciente grave que requiere sanación urgente.
¿De qué males convalece el IESS?
A modo de ilustración vamos a poner de ejemplo una situación típica que se vive en el IESS de manera consuetudinaria, cotidiana e insoportable: Un paciente afiliado tenía un turno para ser atendido el 14 de julio a las 20h10, en la especialidad de fisiatría en el Centro Médico Familiar Integral y de Especialidades La Mariscal del IESS, cita que obtuvo en abril después de realizar un largo trámite. El día 13 de julio recibe una notificación por correo electrónico en la que le comunicaron que “la cita medica fue cancelada y se traslado para el 25 de septiembre a las 17h00”.
¿A quién no le ha pasado? Cuántos pacientes crónicos del IESS no tenemos que comprar nuestras recetas de medicamentos “de marca” en farmacias privadas, porque los hospitales del IESS no tienen medicinas -genéricas aunque sea de menor calidad-, y no solo eso, ¿hasta cuando tenemos que aceptar un hecho insólito?: Los afiliados se quejan de recibir pésima atención de los servicios médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pese a que no son gratuitos porque pagamos en aportaciones toda una vida de trabajo para recibirlos con la expectativa de que sean de calidad.
Los problemas del IESS no son coyunturales sino estructurales, como se acostumbra decir ahora. No obstante, su historia de altos y bajos, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene su antecedente en la creación, en 1928, de la Caja de Pensiones, con el fin de conceder beneficios de jubilación a los empleados públicos civiles y militares. En el año de 1942 se expidió la Ley del Seguro Social Obligatorio y sería, a partir de 1970, que lo conocemos como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El servicio social de la institución se ofrece hoy a los afiliados de seguro de pensiones, seguro de salud, seguro de riesgos de trabajo y seguro social campesino. Y esta dinámica está amparada en la Constitución bajo los principios básicos de solidaridad, suficiencia, viabilidad, equidad y universalidad.
Sin embargo, la situación financiera de la institución es preocupante y lo más afectado es el seguro de pensiones, lo que pone en riesgo el pago de la jubilación para quienes ya la reciben y para quienes esperan recibirla. Entre las causas argumentadas, se dice que el número de jubilados crece y el tiempo durante el cual recibirán el beneficio aumenta al mismo ritmo que la esperanza de vida, mientras que el número de aportaciones no es suficiente.
Como datos estadísticos ilustrativos hay que mencionar que el riesgo no solo existe para los pensionados, del 34,6% de la población a nivel nacional que es la población rural, apenas el 7% está protegida, afiliada al Seguro Social Campesino. Aunque solo ese porcentaje de la población rural está afiliada, el seguro campesino no representa una carga para el IESS. Los aportes mensuales de aproximadamente 2.63 dólares por jefe de familia suman entre 800 y 900 mil dólares al mes, siendo esencial para mantener el sistema.
A la situación financiera del IESS hay que sumar las deudas patronales y estatales a la institución: cerca de 30 mil millones de dólares y más de 2.200 millones de dólares de los empresarios están pendientes de pago. Sin embargo, como se ha dicho, los problemas son estructurales y que no se solucionarán, solamente, con el pago de las deudas al IESS, ni con más afiliados, ni con mejor gestión, porque “su diseño es inconsistente con el envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida”.
Referentes internacionales
Internacionalmente existen en la actualidad dos modelos de seguridad social como referentes, uno europeo y otro sudamericano.
En Europa el sistema de seguridad social en Dinamarca es parte integral del Estado de Bienestar danés, un modelo de desarrollo social basado en la solidaridad y el acceso equitativo a servicios fundamentales como la salud, el empleo y la educación. Las fuentes de financiamiento de todos estos servicios provienen de los impuestos que representan entre el 40% y el 60% de los salarios de los ciudadanos daneses. En la práctica, las contribuciones son proporcionales a los ingresos de cada trabajador. Con este sistema financiero, el Estado de Bienestar danés brinda servicios como el seguro de desempleo -que combina seguros privados y estatales-, y otorga alrededor de 2.200 dólares al año durante dos años. Una medida destacada en este modelo de desarrollo social danés es la licencia de maternidad y paternidad que es financiada por el Estado y los empleadores. Esta licencia supone 24 semanas de vacaciones tanto para las madres como para los padres, puesto que se requiere que los padres tomen al menos 3 meses de licencia, mientras que las madres pueden tomar hasta 9 meses. en el caso danés, todos estos beneficios otorgados por el Estado de Bienestar son el resultado de la lucha y la organización sindical en Dinamarca. Los sindicatos desempeñan un papel crucial en la negociación de salarios, en la cual el Estado no interviene.
En Sudamérica, el sistema de seguridad social en Chile y sus consecuencias actuales para la clase trabajadora plantean una interrogante: ¿La precarización laboral puede hacer que los jóvenes no puedan sostener a sus adultos mayores? En Chile se develó el mito de que los jóvenes sean incapaces de respaldar a los adultos mayores, puesto que, si los jóvenes no pueden hacerlo, alguien más lo hará, algunos dicen los banqueros. Sin embargo, esta afirmación resulta engañosa, ya que los banqueros instan a los jóvenes a no asumir esa responsabilidad. Chile tiene el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), una forma de seguridad social que ha sido denunciado como uno de los principales abusos del sistema privado de pensiones. Desde hace 40 años, el 60% de las pensiones que otorga este sistema en el país del sur, son subsidiadas por el Estado chileno, a pesar de que el dinero se encuentra en manos de grandes empresarios pertenecientes a cuatro grupos específicos. El problema radica en el intento de deducir un 13% de los salarios, un porcentaje que va directamente a los mercados financieros para costear a los grandes empresarios. No obstante, las estadísticas parecen favorables para los trabajadores en Chile, con un 94% de ellos registrando cotizaciones de trabajo formal en los últimos 15 años, pero la realidad subyacente es que estos trabajos son precarios debido a la constante entrada y salida de los trabajadores.
El Fondo Nacional de Salud (FONASA) en Chile, a diferencia de las pensiones, se mantiene en manos de un fondo nacional, pero los seguros privados han enfrentado dificultades debido a sus elevados precios. Actualmente, FONASA está implementando planes para permitir que el 15% de las personas que cuentan con seguros privados puedan cambiar al sistema estatal sin perder beneficios ni prestaciones. Esta medida beneficia principalmente a los proveedores privados, ya que FONASA realiza los pagos de manera oportuna, a diferencia de las aseguradoras privadas que han incumplido con los pagos a médicos y clínicas.
A diferencia de la realidad en Ecuador, donde solo el 30% de la población económicamente activa cuenta con seguridad social obligatoria, dejando a los trabajadores precarios sin cobertura, en Chile el 20% de la planilla de pago se destina a financiar el fondo de pensiones y aproximadamente el 7% para servicios de salud. Aunque la jubilación en teoría ocurre a los 60 años para mujeres y a los 65 para hombres, en la práctica muchos se ven obligados a trabajar en empleos precarios hasta los 70 años debido a que sus pensiones no son suficientes. Además, el sistema de pensiones en Chile financia el 70% de los créditos que reciben las empresas, el 20% del capital bursátil y el 10% de las deudas bancarias. En Ecuador, se busca implementar un modelo similar de cuentas individuales como en Chile, dirigido especialmente a los jóvenes.
Reformas y soluciones nacionales
Ante la insoslayable realidad del IESS, el Estado conformó una comisión interinstitucional “integrada por especialistas” que tiene lista una propuesta. Según la propuesta de reforma al IESS, la nueva pensión de jubilados que se aplicaría, en caso de ser aprobada, tendría diversos componentes. Uno de ellos sería $ 250 mensuales para cada uno de los jubilados, que provendrían de la contribución del 40 % del Estado. Adicionalmente, habrá otro rubro calculado en relación a los aportes que se han hecho durante los años de trabajo y finalmente un fondo de ahorro conformado por la cesantía, la jubilación patronal, entre otros. Ahora sucede que ese 40 % le llega en proporción más a quien más pensión recibe y menos al que menos recibe. Al igualar en $ 250, más inflación, ese rubro se consigue haciendo que los que menos tienen puedan acceder a un más alto monto de pensión y que los que más tienen reciban menos, pero sabiendo que ellos tendrán opción de tener mejores ahorros para la vejez.
En reforma al IESS todos los afiliados aportarán 11,06 % por decimotercero y decimocuarto sueldo para así cubrir sus décimas pensiones a futuro. Con la reforma se corta inequidad entre quienes aportan décadas y quienes aplican viveza criolla de aportar pocos años con sueldo alto para asegurar buena pensión jubilar. En la propuesta de la comisión no se plantea la posibilidad de privatización, no se aumenta la edad mínima de jubilación, no se incrementa el porcentaje de aporte, no se reducen los derechos de los actuales jubilados, ni de quienes están por jubilarse.
Uno de los cambios propuestos se relaciona con la dirección y administración. Se propone la creación dentro del IESS de un directorio del IESS-Pensiones, independiente del actual Consejo Directivo, que se encargará del seguro de invalidez, vejez y muerte (IVM), de la cesantía y del seguro de desempleo. El Consejo Directivo actual se encargaría del seguro de salud y de riesgos de trabajo.
Desde los afiliados surgen otras propuestas de reforma. Las organizaciones de jubilados proponen como alternativa la transferencia del Banco del Pacífico como parte de la deuda estatal. Además, sugieren que el IESS sea uno de los accionistas de los fondos petroleros y de telecomunicaciones, y que el Banco del IESS sea considerado de primer piso.
Por su parte, la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino (FEUNASSC), resalta la importancia de este seguro rural y la necesidad de defenderlo de posibles reformas y privatización.
El vocal de los trabajadores en el Consejo del IESS dice no estar de acuerdo con la propuesta, pero asegura que serviría de insumo. Lo que está claro como consenso nacional es la necesidad de reformar en forma urgente la Ley de Seguridad Social; que las reformas no apunten directa o indirectamente a su privatización; y, hacer los cambios internos para lograr la eficiencia de sus servicios y prestaciones.
Una verdad gravita en el ambiente: Cuando el pueblo se alza, los milagros pueden ocurrir, esto en referencia a la importancia de contar con un sistema de seguridad social adecuado y evitar los abusos perpetrados por unos pocos.
