Siempre se ha dicho que los gobiernos autónomos descentralizados, GADs, son la forma de gobernanza que más se aproxima a la comunidad. En todo caso, esa es la percepción que guarda la ciudadanía en su inconsciente colectivo, puesto que los municipios y prefecturas desde sus competencias y la de sus empresas vinculadas, son quienes mejor interpretan y satisfacen las demandas populares de servicio público en materia de transporte, educación, salud, movilidad, entretenimiento, y otros. Al menos, su carácter autónomo y descongestionado de burocracia debería permitirlo y hacer posible que sus productos contribuyan de manera más eficiente al bienestar de la comunidad.
La población se siente con derecho a exigirlo puesto que, paga sus impuestos y cumple con las ordenanzas municipales como corresponde y se allana a las disposiciones de uso del suelo y espacios urbanos en beneficio parroquial, distrital o barrial. Prueba de ello son algunas instancias municipales que, en materia de cultura, permiten una dinámica comunitaria beneficiosa, como es el caso de las Casas Somos Quito, o las entidades educativas de la Prefectura o los parques barriales, entre otros lugares de convivencia popular compartida en actividades formativas y recreativas.
Sin embargo, a partir del resultado electoral último en que el progresismo obtuvo sonados triunfos locales alcanzando alcaldías y prefecturas, las cosas se vienen dando de manera contradictoria. A manera ilustrativa, valgan los ejemplos en las dos principales alcaldías del país, Guayaquil y Quito. En Guayaquil la llamada instancias cultural y turística, Alcaldía Ciudadana de Guayaquil, no funciona en su labor informativa puesto que, “puede haber sido eliminada, renombrada o ni siquiera existir”, según señala un diálogo existente donde debe estar su sitio web que debería dar razón en los rubros de “Salud, Educación, Descubre Guayaquil, Deporte, Arte y Cultura”. Por tanto, la población guayaquileña no dispone de un sitio informativo sobre actividades que, se supone, debe brindar o brindaba hasta hace poco el Municipio de la ciudad. Y esto coincide con la asunción del nuevo alcalde, Aquiles Álvarez, elegido por la Revolución Ciudadana. Además, recientemente esa misma alcaldía negó el permiso a un colectivo LGTBI para desfilar en una marcha de Orgullo por calles céntricas de la ciudad, negando toda política incluyente que debe emerger desde un GAD.
En Quito, el caso del Teleférico, sitio turístico nacional e internacional administrado y operado por una empresa privada, que tuvo una “falla técnica que afectó al sistema de góndolas del teleférico, provocando que varias personas quedaran atrapadas en el interior de las cabinas”, es un ejemplo emblemático. Luego del percance, por orden del alcalde Pabel Muñoz, la Agencia Metropolitana de Control analizará la documentación habilitante del concesionario del Teleférico; al momento fue clausurado el servicio por “falta de garantías a la seguridad a los usuarios”. Según versiones de testigos, empleados de la empresa operadora impidieron la intervención a tiempo de efectivos de bomberos y del personal de la Empresa Eléctrica Quito que solo pudieron actuar varias horas después de iniciado el incidente, poniendo en riesgo la seguridad de los turistas atrapados en las góndolas o impedidos de descender desde los 4 mil metros de altura del cerro Cruz Loma donde opera el teleférico.
Los bomberos tardaron nueve horas en rescatar a las personas atrapadas en las cabinas del teleférico y aquellas que se habían quedado en la cima del cerro. La empresa Teleférico Quito, responsable de la operación, señaló en un comunicado que una falla del sistema de frenos provocó que el mecanismo no funcionara y su personal durante 4 horas impidió “un rescate vertical” a los bomberos. El resultado fue 75 personas afectadas, 48 impedidas de descender desde la parte alta del cerro y 27 atrapadas en las góndolas suspendidas en el aire.
Tampoco es un secreto que el Metro de Quito no puede funcionar porque el momento en que iba ser inaugurado no disponía de un eficiente sistema de recaudación electrónico o digital de dinero por el pasaje. Haberlo puesto en funcionamiento en esas circunstancias era una verdadera “trampa” para el municipio frente a la opinión pública quiteña.
¿A quién interesa el fracaso de la administración municipal de Quito y Guayaquil? ¿Quién está atornillando al revés -como dice el pueblo- en una acción de boicot a la gestión de las nuevas autoridades locales en esas ciudades?
Se conoce que ambas administraciones están trabajando con personal contratado por administraciones anteriores, ¿no sería saludable revisar al personal administrativo y técnico y asegurar un equipo confiable? Todo lo que ocurra o deje de ocurrir en ambos municipios, se traducirá en éxito o fracaso de sus autoridades y, por tanto, en rédito político -capitalizable o no- en las elecciones del 2025.
La oposición lo sabe y las autoridades deberían saberlo.
