Uno de los grandes temas soslayados por los candidatos y que en lo sucesivo puede estallarles en las manos de cara a las elecciones presidenciales, es el que tiene relación con la explotación del petróleo en el bloque 31 y 43 del ITT en el Yasuní. Asumiendo, a priori, que la población se pronunciaría favorablemente en el sentido de dejar el petróleo bajo el suelo de esa región amazónica, los aspirantes a la presidencia no muestran interés en promover dicha discusión entre los electores por considerarlo un boomerang electoral. Nadie toca el tema considerado electoralmente tabú, que podría costarles muchos votos contrarios a quien ose pronunciarse a favor de la explotación de los yacimientos petrolíferos en el Yasuní.
No deja de ser preocupante que un asunto de vital importancia para el futuro desarrollo económico del país, esté sujeto a la subjetiva aprobación o rechazo electoral, presumiendo que no interesa a la población o que ya tiene una decisión tomada por razones ecológicas románticas o porque forma parte de una plataforma de lucha política de un determinado grupo étnico o etario.
Quienes se pronuncian a favor de explotar el petróleo del ITT en el Yasuní, argumentan que el país dejaría de percibir recursos necesarios para su desarrollo económico y social. Las exportaciones están disminuyendo, señalan algunos, Ecuador venía produciendo en los últimos cinco años 500 mil barriles diarios, ahora ya se encuentra en 470-450, y aun así se quiere eliminar la producción del bloque 43. El año pasado el país exportó 2.200 millones de dólares y si se elimina el bloque 43 vamos a entrar en “saldo rojo”. En este momento lo que más necesita el Estado ecuatoriano, son recursos para poder atender tantas urgencias, más aún con el fenómeno climático de El Niño encima, que dejará miles de ecuatorianos damnificados. En lugar de fortalecer la economía la propuesta de no explotar los hidrocarburos del Yasuní, debilita aún más los recursos económicos con una consulta popular que “es un salto al vacío”.
En medio de la polémica se discuten las cifras consideradas no transparentes respecto de lo que económicamente representan las reservas petroleras del bloque 43 del Yasuní. En respuesta, los proclives a la explotación señalan que los ingresos anuales son del orden de 1.200 millones de dólares, y que si se deja de explotar hay que desmontar una infraestructura que costó 1.800 millones de dólares y habría que invertir otros 500 millones de dólares que, como no los hay será impracticable desmontarla.
En definitiva, señalan que nos encontramos en un callejón sin salida, a punto de dar “un paso en falso”, como país, ante la situación que estamos atravesando y que Ecuador no puede darse el lujo de prescindir de estos recursos. Los argumentos son ilustrados con cifras: el país exhibe en extrema pobreza un 11%, en desnutrición infantil crónica, 23 %. El asistencialismo estatal es fundamental, y el Yasuní representa entre 16 mil y 27 mil millones de dólares en recursos. Ecuador, país marginal como productor de petróleo, se está forzando por convertirse en “paladín de la descarburización”, en consecuencia de que las grandes potencias como EE. UU y China siguen produciendo más de 17 millones de barriles por día. Estos países no se plantean el dilema de una consulta popular para dejar el petróleo en el subsuelo.
Desde la otra orilla los detractores de la explotación hidrocarburífera sostienen que con los réditos petroleros no se han beneficiado a las comunidades de la Amazonía, no tienen servicios básicos y las 7 comunidades y 2.700 personas que están ahí subsisten en la pobreza.
Los interlocutores replican que los beneficios son múltiples en el bloque 43, que se cumple la licencia ambiental correspondiente y ahí no se hace cualquier cosa. En ese territorio se cumple con rigurosos estándares de carácter ambiental, no hay denuncias contrarias en el bloque 43. Cuando se comenzó a operar el campo, en el 2014, se constató además que ahí hay bosques secundarios, no bosques primarios y no habitan tribus no contactadas. Adicionalmente, existen compromisos asumidos vía contractual por Petroecuador, al momento 1.171 millones de dólares en contratos con 51 empresas nacionales y extranjeras. Si se cierran los pozos éstas estarán en discrecionalidad de hacer demandas al Estado, mientras que 915 contratos de trabajo quedarían insubsistentes entre los pobladores de las comunidades cercanas a la zona de explotación.
Otro argumento en contra de la explotación petrolera en el Yasuní es que el petróleo del subsuelo en esa región no tiene la calidad que debe tener, que es pesado, que parece brea. La réplica manifiesta que no es correcto. Hay 7 comunidades con 2.541 personas que tienen en el petróleo una fuente de sustento. Se exagera, efectivamente el crudo es pesado y que la refinería de Esmeraldas no tiene capacidad de refinación de ese tipo de crudo. La solución es construir un dispositivo de alta conversión que va a permitir que ese residuo se convierta en derivados -Diesel premium- de alta calidad.
Se utilizan verdades a medias para desinformar a la ciudadanía. El petróleo ha sido importante desde los años setenta para fortalecer a la clase media del país y sigue teniendo una gravitación en la economía nacional para asistir a la población más pobre con obras de infraestructura, agua potable, alcantarillado, salud, educación; no se puede subestimar la importancia de este factor, más aún cuando el país está a las puertas del fenómeno de El Niño que provocará grandes destrucciones y afectará a miles de damnificados que deberán ser atendidos con recursos del Estado.
Adicionalmente, de suspenderse la explotación petrolera en el Yasuní se pondría en riesgo la dolarización, puesto que esta condición se fundamenta en la entrada y salida de dólares. Históricamente el petróleo ha jugado un rol importante en el sostenimiento de la dolarización, por tanto, es un tema que no deja de preocupar perder estos ingresos. Hay un aspecto significativo que es la imagen del país en el exterior, si se cambian las reglas del juego y súbitamente se dice a las empresas que no pueden seguir explotando, cómo va a ser percibido en el exterior por agentes internacionales que eventualmente tienen interés en hacer inversión en actividades extractivas en el país: simplemente no lo van hacer.
La decisión de la Corte Constitucional fue precipitada, según los promotores del extractivismo, no era el momento para llevar adelante una Consulta Popular interpuesta forzosamente con elecciones generales como consecuencia de una crisis política, exponiendo a la propia consulta a la politiquería y demagogia de candidatos que alientan el sí y que procuran captar el voto de la gente a como dé lugar.
Historia de una utopía
La idea de dejar el petróleo en el subsuelo del Yasuní no es nueva. Ésta se generó en el gobierno del presidente Rafael Correa en la idea de obtener una compensación internacional a cambio de renunciar a la explotación de los recursos hidrocarburíferos en el Yasuní. En el 2007, el gobierno ecuatoriano lanzó la propuesta al mundo de dejar bajo tierra más de 920 millones de barriles de petróleo, para evitar la emisión de 400 millones de toneladas de carbono, que provendrían de la explotación y utilización de este recurso natural, solicitando como compensación internacional la cantidad de 3.600 millones de dólares, que correspondería al 50% del valor total estimado de la explotación.
Según el especialista Sergio Vélez Valarezo, en su análisis Yasuní-ITT Situación y Perspectivas, la iniciativa no tuvo eco en el concierto internacional, mientras que “la decisión de optar por la explotación del petróleo y desistimiento de la iniciativa de mantenerlo bajo tierra, no ha merecido, hasta el presente momento, un tratamiento objetivo e integral de la situación, evidenciado, por un lado, en la impugnación y condena de tal decisión sustentadas en una interpretación fundamentalista, romántica y/o ingenua de los conceptos y principios que atañen a los derechos de la naturaleza y el sumak kawsay; y, por otro, en la insuficiente justificación del desistimiento, reducida al negativo comportamiento internacional, y a la oferta de destinar los recursos económicos que se obtendrían, a reducir la pobreza de la población amazónica y otros proyectos sociales y económicos, los cuales no se consideraron antes de proponer internacionalmente la iniciativa”.
A la luz de estos hechos, bien se podría conceptualizar la Iniciativa Yasuní-ITT como una utopía en razón de constituir “una propuesta cuya viabilidad no contó, y aún no cuenta, con un análisis de las condiciones de posibilidad favorables a su efectiva realización, dentro de los términos que la enmarcaron, entre ellos, la compensación monetaria solicitada al mundo; en concreto, a los países “desarrollados” y más contaminadores”. Frente al fracaso de la iniciativa, en lo que respecta a la situación internacional, se considera que el Plan A, de dejar bajo tierra el petróleo del Yasuní, no ponderó en su verdadera magnitud, o desestimó, las características y condiciones determinadas por el sistema económico mundial imperante en donde, como nunca antes, se vive el predominio de los intereses del capital, especialmente financiero transnacional, sobre las aspiraciones de la humanidad. En tal sentido, “no se ponderó la situación productiva y social del petróleo, no sólo como fuente de energía, sino como insumo irremplazable de varios sectores industriales, e incluso artesanales, para la elaboración de más de 3.000 productos de uso generalizado y cotidiano, entre ellos los que tienen como materia prima el plástico”. Los países industriales requieren 50 millones de barriles diarios de petróleo, correspondiente al 57% de la producción mundial. En lo referente al total de la producción mundial de petróleo, Ecuador representa un insignificante 0.3%, incluyendo la explotación de ITT. El país tiene reservas probadas que no exceden los 20 años; políticamente en el ámbito internacional, la opción A de la iniciativa debió considerar el hecho de que “la mayoría de los gobiernos actuales de los países “desarrollados” se encuentra bajo el control de grandes grupos económicos y financieros y, consecuentemente, son representantes conspicuos de dichos intereses transnacionales. Por lo tanto, cabe razonar que sólo la ingenuidad, o la fe en la utopía, podía esperar un comportamiento internacional diferente”. Por otra parte, a nivel nacional el requerimiento local de energía registra que el 84% depende del petróleo.
Visión jurídica y política
En el aspecto de una visión jurídica del tema, amerita dejar de lado las leguleyadas y apelar a principios jurídicos de valor universal, a vista de los cuales bien se colige que la consulta refleja un acto de carácter “ideológico-político”, antes que una exigencia “jurídico-legal”. Sin duda de que la opción A de la iniciativa representa una utopía identificada como “el primer grito ecologista radical”, recociendo su valor, pero que, no obstante, es preciso aterrizarla, desmitificarla, “superar el aldeanismo” e intentar redireccionar esos ideales hacia otras acciones más representativas de cambio trascendente.
Políticamente, es preciso reconocer que la iniciativa Yasuní-ITT se inscribe en un contexto ideológico, político y económico mundial, continental y nacional “signado por una nueva crisis imperial-capitalista, y por los procesos protagónicos de cambio que han emprendido varios países de Latinoamérica, entre los cuales se inscribe nuestro país”. Dentro de esos cambios constatamos aquello de los derechos constitucionales de la naturaleza. Declaración que ha dado lugar a ambiguas interpretaciones y posiciones diversas, entre ellas las de carácter esencialista y dogmática, de cuya corriente hay que excluir aquellas posturas que exteriorizan un inocultable interés politiquero. Se trataría, a vista de algunos analistas, “una expresión fundamentalista, o, mejor decir, en una feticharización de la naturaleza y pachamamismo vs. extractivismo”.
No es dable devolver los argumentos con la misma moneda. Si el sistema capitalista salvaje se pone en contra de la naturaleza para sobreexplotarla sin otro afán que su voraz ganancia, no es inteligente asumir una lógica diametralmente opuesta, sosteniendo que la única forma de vida que conduce al buen vivir de los pueblos ancestrales podrá ser alcanzada precautelando una intangibilidad de la naturaleza a ultranza. Lo realista e inteligente es concluir en que no hay gobierno, muchos menos de izquierda o progresista, que pueda dejar de lado la imperiosa necesidad de promover el desarrollo económico, sin el cual no es posible tener escuelas, hospitales, universidades, jardines infantiles, proyectos sociales, vías de acceso, carreteras y la infraestructura necesaria para salir del atraso y la miseria y que la justicia social sea más que una entelequia y se verifique en la realidad del país. En forma alguna esto implica sumir el capitalismo salvaje, el modelo neoliberal, el proyecto economicista de banqueros o del empresariado mercantilista.
De lo que se trata es ser socialmente responsable, políticamente sensible, económicamente justo, asumir que la contradicción principal que afronta la sociedad mundial es el predominio de los intereses del capital, especialmente financiero transnacional, sobre las aspiraciones de la humanidad.
Se trata, en conclusión, de lograr la digna y completa inclusión de aquellos sectores marginados por el desarrollo deshumanizado, para que definitivamente dichas comunidades puedan ejercer un efectivo goce de los derechos que por elemental justicia social debe brindar la sociedad a todos los ciudadanos.
Sin dejar de reconocer el lado oscuro del tema, sin soslayar las experiencias negativas y proyectándonos hacia el devenir histórico, no es dable suponer que la industria extractiva es enemiga endémica de los pueblos ancestrales bajo intereses siempre contrapuestos, o que el progreso es una eventualidad opuesta a sus derechos como ecuatorianos.
