El radar (término derivado del acrónimo ingles radio detección and ranging, “detección y distanciometría de radio”) es un sistema que usa ondas electromagnéticas para medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades de objetos como aeronaves, vehículos motorizados, barcos y formaciones meteorológicas. El funcionamiento de un radar se activa al emitir un impulso de radio que se refleja en el objetivo y se recibe típicamente en la misma posición del emisor. A partir de esta forma de «eco» se puede obtener información del objeto rastreado. En Ecuador, país de tránsito aéreo y marítimo de drogas, además, los radares son usados para detectar naves narcotraficantes.
Estos fisgones del aire y de los mares sirven para ubicar avionetas que despegan de las pistas clandestinas en provincias de la costa -Manabí, Guayas, entre otros lugares- cargados con “sustancias sujetas a fiscalización”, como eufemísticamente les llama la Policía. En el país existe una red de radares que detectan, tanto a los aviones que transmiten su identificación cuanto a los clandestinos que se ocultan. Por lo menos cuatro radares primarios de uso militar y siete secundarios de uso civil vigilan los cielos nacionales.
El radar de Montecristi que estalló en pleno funcionamiento, el 7 de noviembre de 2021, tuvo un final poco claro, primero se habló de un atentado terrorista, luego, que hubo un sabotaje, según el presidente Guillermo Lasso. Lo cierto es que nunca más volvió a funcionar con la misión de vigilar 450 kilómetros a la redonda en territorio de las provincias de Manabí y Santa Elena. Finalmente, el Ministro de Defensa emitió un informe señalando que la explosión se debió a «errores del personal militar que instaló el aparato» como eventual causa del incidente. Lo cierto es que cuando el gato duerme los ratones se pasean, algo similar ocurre con el radar dañado que da lugar a que los narcotraficantes transiten libremente el espacio aéreo ecuatoriano con su mercancía ilegal.
Esta facilidad se advierte al constatar la existencia de un radar en Manta que opera al servicio de la Aviación Civil, pero que solo guía vuelos de los aviones comerciales. Una narcoavioneta clandestina no puede ser detectada por dicho radar, pues generalmente vuelan sin su transpondedor, de manera errática y a bajas alturas, y ese aparato transmite su identificación. A esta situación se suma una historia de omisiones en la falta de mantenimiento de los radares militares ecuatorianos, caracterizados por fallos, contratos fallidos, y ahora, según Lasso, por sabotaje del cual resultaron implicados 13 militares acusados de cometer el delito sancionado entre 5 y 10 años de cárcel por destruir material estratégico, según el Código Orgánico Integral Penal.
Proveedores bajo el radar
Ante la inutilidad del radar de Montecristi saboteado, según el gobierno, el Ministerio de Defensa procedió a comprar nuevos radares, esta vez a una empresa española, Indra, la misma que debe entregar el material a fines del 2024, a un costo de USD 24 millones de dólares, adquisición que forma parte de un proyecto de vigilancia del espacio aéreo que cuesta al país USD 45 millones que integran equipos de rastreo electrónicos, vehículos y accesorios militares. El nuevo radar llegaría al país casi cuatro años después de la explosión del radar de Montecristi y como correctivo sería ubicado en un lugar diferente.
La novedad es que, poniendo al proveedor español de radares bajo el radar de la investigación periodística, esta empresa -la compañía Indra-, dedicada a la comercialización de componentes tecnológicos aéreos, está objetada.
En Ecuador la empresa española tiene un historial en proveeduría de equipos de transporte, seguridad, energía y telecomunicaciones y en el año 2011 proveyó de un sistema 2.0 al Consejo de la Judicatura. Y, según informe de Contraloría, la adquisición tiene irregularidades en cuanto a digitalización documental, carga de información y formas de pago, entre otras. Razón por la cual a la empresa se le determinó una glosa por USD 23,7 millones de dólares y, al cabo del tiempo, la glosa no se ha ejecutado desde el 2011 año en que se firmó el contrato. El caso duerme el sueño de los justos en el Tribunal Contencioso Administrativo mientras continúa pendiente el trámite de impugnación.
Llama la atención que el Ministerio de Defensa insista en adquirir el nuevo radar con ese proveedor, según argumenta, puesto que, “no sería lógico que el nuevo sea de otro país o de otra marca, cuando los softwars son distintos” a los existente en Ecuador, adquiridos con anterioridad.
Bajo el radar de la honestidad, el país espera que la compra del radar español debe mostrar un destino transparente y en beneficio de la seguridad nacional.
