La política apunta a que las cosas sucedan a como dé lugar y una campaña electoral, que forma parte del pronunciamiento político, no está exenta de este imperativo. Una campaña electoral es la guerra por las conciencias que tiene batallas por las voluntades en las que participa el Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque la ley le inviste de autoridad imparcial, convirtiéndose en juez y parte.
El gran fantasma que recorre los pasillos, encerrado entre las cuatro paredes de esa institución del Estado, es el fraude. Al punto que se ha popularizado la expresión: “elección sin denuncias de fraude no es elección en Ecuador”. Y la figura de fraude electoral abarca amplias acepciones, desde la obstrucción a la inscripción de un determinado candidato, hasta la manipulación electrónica de los sistemas informáticos de registro y conteo del CNE. El fraude electoral es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde el 2014. El artículo 334 del COIP señala: “La persona que altere los resultados de un proceso electoral o impida su escrutinio será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.
Cuestionamiento a la imparcialidad del CNE
Los incidentes del día de ayer en las puertas del CNE protagonizados por la candidatura del movimiento Revolución Ciudadana, RC5, en la que intervino la Policía con artera represión con gases lacrimógenos a los candidatos Luisa González y sus acompañantes a la inscripción de la lista, confirman que el organismo electoral no garantiza la seguridad de los participantes del proceso. La precandidata a la Presidencia de Ecuador, Luisa González, denunció haber sufrido un ataque cuando intentaba ingresar al CNE para inscribir su candidatura en las elecciones del próximo 20 de agosto: «Nos tiraron gas a la cara, como ustedes pueden ver, tengo el rostro enrojecido, quemado por el gas que nos lanzaron a los ojos, a la cara», aseguró González sobre el incidente del que no se han dado mayores detalles. Andrés Arauz, candidato a vicepresidente, dijo esperar «que las autoridades rectifiquen, que rápidamente se encuentre a los responsables de este acto irresponsable que manchó esta jornada». Desde la dirección nacional de RC, Marcela Aguiñaga señaló: «Queremos una democracia con buenas condiciones, con jugadores que estén listos y cumpliendo todas las reglas, pero también con un árbitro imparcial y con la Policía Nacional que garantice la seguridad de todos y cada uno de nuestros candidatos». En tanto, la Policía Nacional reconoció en redes sociales haber usado un «agente químico (spray no letal) de forma progresiva e indirecta, con la finalidad de precautelar la seguridad y orden público».
Historial de fraude electoral
La historia del CNE está plagada de denuncias de fraude. Constantemente se ha cuestionado los resultados electorales, pero no se ha concretado una sentencia en firme. Sin embargo, su historial ha contribuido a la desconfianza ciudadana, al extremo que solo un 4.4% “confía mucho” en el CNE (Cedatos).
La metedura de manos blancas del fantasma de fraude, alterando la voluntad popular, es una sospecha frecuente. En las últimas elecciones el propio vicepresidente del CNE, Enrique Pita, denunció la existencia de un sistema de conteo electrónico paralelo al oficial, con un supuesto centro clandestino en la Delegación Electoral del Guayas en el que se habrían llenado actas de escrutinio de recuento del referéndum. La Fiscalía investigó durante 30 días el caso y se detuvo a un funcionario, pero un juez de flagrancia -en lugar de ordenar la prisión- dictó medidas alternativas y la prohibición de salida del país al implicado.
En el CNE son frecuentes los apagones, los cambios de tendencia, el centro paralelo, como hechos que acechan la confianza ciudadana, del mismo modo, “las veleidades de la señora Atamaint y la presencia de infiltrados en el CNE”. Se dice con frecuencia que el software del sistema informático de registro y conteo es manipulable, pero nada se hace al respecto. Ante esta realidad, o presunción de fraude, las misiones observadoras extranjeras de la OEA vienen al país hacer turismo electoral y no inciden en nada a la hora de corregir procedimientos al proceso. Ejecutan un ritual de efectos nulos o desconocidos. Viajan por el país en un tour electoral para decir lo obvio e informan y recomiendan cosas que nadie cumple. La participación ciudadana en la supervisión de las elecciones es nula o ineficaz, no existe un control que observe con rigor al CNE y sus procedimientos administrativos y técnicos en un proceso electoral que establezca responsabilidades ante las irregularidades que se cometen. La vigilancia ciudadana sería un factor determinante en la transparencia de los comicios en el país, pero fantasmales y ocultas fuerzas superiores lo impiden.
El historial de fraude electoral retumba con denuncias. El director de Market, Blasco Peñaherrera denunció el pasado 26 de febrero un presunto fraude electoral en la Alcaldía de Quito y anomalías en las alcaldías de Guayaquil y Ambato, así como en las prefecturas de Guayas y Azuay. La denuncia quedo en nada. Anteriormente, el 9 de febrero seis candidatos a ser vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) denunciaron anomalías y hasta un presunto “fraude” electoral en los comicios del 5 de febrero, que estaría afectando la votación obtenida a sus candidaturas. Estas denuncias no han tenido eco, mientras observadores coinciden en que no ha habido una sentencia en casos de fraude electoral en Ecuador porque «las evidencias no han sido suficientes». En el 2017, Lenín Moreno derrotó a Guillermo Lasso por una diferencia del 2,32 % de los votos. Lasso dijo que se registró un “apagón” en el sistema del CNE, por lo que pidió el recuento de actas en todo el país, ante lo cual el CNE permitió solo el 11,2 %, que se efectuó de manera pública en Quito. Suele ser tan poco incidente la determinación del CNE que, en diversos procesos electorales, puede más la versión de los encuestadores a la hora de proclamar los resultados, procedentes de una consulta «a boca de urna». Esta incidencia de las empresas encuestadoras ha contribuido a un grave daño a la democracia y a un mayor deterioro de la confianza de los electores.
Lo cierto es que las denuncias de fraude corresponden a malos perdedores de las elecciones y forma parte de un acto proselitista político buscando victimarse. La denuncia de fraude sin la posterior demostración con pruebas fehacientes forma parte de un deliberado intento de descrédito de la democracia formal. Pero también intento de un procedimiento explícito de obstaculizar los cambios políticos, usurpando el derecho a las fuerzas progresistas de asumir la representación ciudadana al alterar la voluntad de los electores, cuando no, obstruyendo directamente su participación en los procesos democráticos de elección popular. Los mecanismos fraudulentos son variopintos: “no existe control de la propaganda electoral”; “no hay una garantía de transparencia de los procesos electorales, porque no hay transparencia en la conducta de la autoridad electoral”; “no hay control del uso del dinero en la política de manera general”. Arrastrando el lastre de esas irregularidades el fantasma del fraude recorre los pasillos de la autoridad electoral.
El fantasma del fraude electoral debe ser exorcizado con la movilización y vigilancia popular.
